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Un grupo de cuatro senadores estadounidenses promueve la Ley S. 3496 o Ley de Sociedades Mineras y de Oro Legal de los Estados Unidos con la que buscan establecer una estrategia de asociación para combatir la minería ilícita de oro en el hemisferio occidental. La disposición incluye un apartado directo de Nicaragua en el que menciona la posibilidad de más sanciones para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a sus “colaboradores”.
El proyecto de ley se sustenta en que tanto la minería como el tráfico y el comercio ilícito del oro en el hemisferio occidental afectan “negativamente” la economía de la región y dinámica social, además de “fortalecer” la organización criminal transnacional y “otros actores ilícitos internacionales”.
La iniciativa es patrocinada por el senador republicano John Cornyn y cuenta con el apoyo del también republicano Ted Cruz y los demócratas Tim Kaine y Jacky Rosen.
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En la Sección 4, el proyecto señala que buscan “romper completamente con la influencia de los actores ilícitos que se aprovechan del control del territorio y utilizan la violencia para extorsionar a los mineros y empujarlos a participar en acuerdos ilícitos”.
Más sanciones
Esa misma sección hace referencia directa al régimen Ortega-Murillo. Destacan que interrumpirán el comercio ilícito de oro en Nicaragua, incluso mediante sanciones, similares a las aplicadas a la familia dictatorial, su círculo de poder, instituciones, empresas y funcionarios estatales en octubre de 2022.
“Interrumpir el comercio ilícito de oro en Nicaragua, incluso mediante el uso de medidas específicas de los Estados Unidos contra el gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y sus colaboradores de conformidad con la Orden Ejecutiva 14088 (relacionada con la adopción de medidas adicionales para abordar la emergencia nacional con respecto a la situación en Nicaragua), que se emitió el 24 de octubre de 2022”, resalta el proyecto de ley.
Sobre esta iniciativa, Fundación del Río emitió un comunicado en el que su presidente Amaru Ruiz afirma que la ley “representará mayor escrutinio en la cadena de producción del oro y esto puede reducir los procesos extractivos en zonas de áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes”.
Ruiz, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones la invasión de colonos y extracción ilícita de minerales en áreas protegidas como la Reserva de Indio Maíz y otras zonas del país, entre ellos territorios indígenas y afrodescendientes, detalla que la pequeña minería y la artesanal “se desarrolla bajo el control y aval del régimen Ortega-Murillo”.
Empresa chinas en el ojo
El presidente de la Fundación del Río denuncia que al menos una empresa china que opera en Nicaragua, ya estaría exportando oro a Estados Unidos mediante un esquema de intermediación que involucra minería artesanal, plantas de procesamiento y empresas dedicadas a la comercialización y exportación del oro.
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Desde 2022, unas 14 empresas chinas han incursionado en el negocio minero en Nicaragua, a estas se suman otro número representadas por nicaragüenses, varias de ellas ligadas al régimen Ortega-Murillo, y al igual que ocurre en el funcionamiento del Estado, todas operan bajo opacidad.
La mayoría de estas empresas son desconocidas, no tienen sitios web ni redes sociales y se desconoce dónde tienen establecidas sus oficinas en Nicaragua. Sobre los representantes legales de estas se conoce poco o nada, en los documentos públicos como La Gaceta solo aparecen sus nombres —generalmente chinos— residentes en el país.
Dos mineras vinculadas a los Ortega Murillo
Además, hay al menos dos empresas mineras ligadas directamente al régimen, estas son: Capital Mining Investment Nicaragua y Compañía Minera Internacional S.A. (Comintsa), ambas sancionadas en mayo de 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por estar “afiliadas al Gobierno y generar ingresos para el régimen de Ortega-Murillo”.
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El Departamento del Tesoro sostuvo que Comintsa es “propiedad y está dirigida” por el también sancionado Salvador Mansell Castrillo (Mansell Castrillo), ministro de Energía y Minas de Nicaragua. Esta empresa se ha desprendido de áreas previamente concesionadas y las ha transferido a otras mineras de capital chino, como Thomas Metal S.A., una práctica de “blanqueo de concesiones” destinado a evadir las sanciones estadounidenses, según Amaru Ruiz.
En tanto, de Capital Mining, el Tesoro estadounidense afirmó que “es controlada por Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidente Murillo, y el designado por OFAC, Mansell Castrillo”.
Esta ley promovida por los senadores estadounidenses se da en un contexto de mayor presión a la dictadura Ortega-Murillo, luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
