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Este miércoles 4 de febrero, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una nueva resolución de condena a la dictadura de Nicaragua por las “graves violaciones a los derechos humanos” que ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo nicaragüense.
La resolución fue propuesta por Chile y respaldada por Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y República Dominicana. Y se aprobó por aclamación, pues ninguno de los países miembros de la OEA la objetó, ni siquiera los de izquierda que pertenecen al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, tradicionales aliados y amigos de la dictadura de Nicaragua.
Antes de aprobar la resolución denominada Seguimiento de la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, la relatora para este país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, denunció con datos convincentes que la situación nicaragüense sigue siendo “una de las más críticas en la región”; y que la represión inclusive “va más allá de las fronteras”. Una obvia alusión al asesinato del activista opositor Roberto Samcam en Costa Rica.
La nueva resolución sobre Nicaragua es la décimo segunda (12) aprobada por la OEA desde abril de 2018, a las que se suman las votadas por la Asamblea General. Y con esta otra resolución de su Consejo Permanente, la OEA reitera su condena a las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo (o al revés) dentro e incluso fuera de Nicaragua, ahora poniendo énfasis en el exilio forzado, la anulación de la nacionalidad de muchos nicaragüenses, su destierro y confiscación de bienes, que se suman a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos crueles, entre los muchos delitos contra la humanidad que colman los expedientes de las acusaciones internacionales contra la dictadura.
La nueva resolución de la OEA insta al régimen de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y restablecer la independencia de poderes y el Estado de derecho. Además, lo exhorta a poner fin a las represalias políticas y a “garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua”.
Cabe mencionar que el Estado de Nicaragua ya no pertenece a la OEA. La dictadura decidió sacarlo, en noviembre de 2021, furiosa porque la Organización Hemisférica declaró que las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega impuso su nueva reelección presidencial, “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”.
Dos años después, en noviembre de 2023, la salida de la OEA decretada por la dictadura se hizo efectiva. Sin embargo, en materia de derechos humanos Nicaragua sigue bajo su jurisdicción, porque el país es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado de derecho internacional. De manera que el régimen de Nicaragua continúa obligado a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, y como no los respeta la OEA tiene derecho de denunciarla y condenarla.
Algunos juristas democráticos aseguran que la OEA debería declarar ilegítimo al gobierno de Ortega y Murillo, como una consecuencia lógica de la declaración de ilegitimidad de la farsa electoral que hizo en noviembre de 2021. Una acción política delictuosa que perpetró la dictadura después de encarcelar a todos los precandidatos presidenciales de la oposición, a los que posteriormente desterró, los privó de su nacionalidad nicaragüense y los despojó de sus bienes personales y familiares.
Consideran esos diplomáticos y juristas democráticos que declarando la ilegitimidad del régimen de los Ortega y Murillo serían más contundentes y podrían ser más efectivas las presiones de la comunidad democrática internacional, para obligarlo a devolver la libertad y la democracia al pueblo de Nicaragua. Y en caso contrario, forzarlos a dejar el poder, porque la dictadura ya no es tolerable en el hemisferio occidental.
