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La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo —o al revés, como se prefiera— instituyó el 2 de febrero como Día Nacional de la Reconciliación y la Paz. Esto supuestamente es para honrar la memoria del cardenal Miguel Obando y Bravo, al cumplirse este día cien años de su natalicio.
Pero esta proclamación es una farsa y un engaño de la dictadura, pues la reconciliación nacional solo se puede lograr si se vincula con la libertad y una transición a la democracia. Sin estos requisitos fundamentales e indispensables, no hay reconciliación nacional posible.
¿De qué reconciliación nacional hablan, si toda la dirigencia política y social opositora está exiliada y muchos han sido despojados hasta de su nacionalidad y ciudadanía? ¿Cómo pueden decir que promueven la reconciliación nacional si han echado del país a decenas de miles de ciudadanos democráticos? ¿A quién van a convencer de su tal “reconciliación nacional” si no hay libertad de expresión ni de prensa y casi todos los periodistas independientes han sido forzados a exiliarse? ¿Y, cómo se puede entender esa “reconciliación nacional” dictada para homenajear a un cardenal y arzobispo emérito de la Iglesia católica, si a varios obispos, incluyendo al presidente de la Conferencia Episcopal, los han echado del país, junto a decenas de sacerdotes, religiosas, pastores evangélicos?, etc., etc.
Para justificar su farsa de reconciliación nacional sin libertad ni respeto a los derechos humanos, ni apertura democrática, la dictadura manipula la figura histórica del cardenal Obando, quien durante gran parte de su vida abogó por la libertad y la democracia, pero en sus últimos años —por razones que nunca fueron explicadas— se sometió a Daniel Ortega y Rosario Murillo y se puso al servicio espiritual y de alguna manera también político de la dictadura.
El cardenal Obando tuvo el gran mérito de haber presidido la Comisión Nacional de Reconciliación establecida por ley el 1 de septiembre de 1987, en cumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas II de los presidentes centroamericanos, incluido Daniel Ortega. En aquellos Acuerdos que en la actualidad han recobrado validez, se consignó que para lograr la reconciliación nacional era indispensable la democratización de Nicaragua, entendida como el impulso de procesos pluralistas, libertad de prensa y de organización política y elecciones libres y transparentes, entre otras realizaciones políticas.
La Comisión de Reconciliación Nacional creada por mandato de los presidentes centroamericanos la integraban también el entonces vicepresidente sandinista de Nicaragua, Sergio Ramírez; el político popular socialcristiano Mauricio Díaz como representante de la oposición; y el religioso bautista Gustavo Parajón como “ciudadano notable”. Como suplentes fueron designados el dirigente sandinista René Núñez, el obispo Bosco Vivas el dirigente socialcristiano Erick Ramírez, y como otro ciudadano notable el entonces presidente de la Cruz Roja Nicaragüense, doctor Gonzalo Ramírez Morales.
La Comisión Nacional de Reconciliación cumplió básicamente su cometido y el proceso político reconciliatorio fue conducido por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, quien fue elegida presidenta de Nicaragua en febrero de 1990 en virtud del cumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas II. Y con ella a la cabeza se avanzó en la reconciliación nacional y la democratización, a pesar del sabotaje político, violento y criminal del FSLN, encabezado por Daniel Ortega que pretendía hacerlos fracasar.
La reconciliación nacional y la democracia eran defectuosas, pero funcionales, con elecciones libres y alternancia en el poder, libertades políticas y de prensa, Estado de derecho y separación de poderes. Lamentablemente el proceso democrático terminó 16 años después, cuando en las elecciones de 2006 Daniel Ortega y el FSLN recuperaron el poder por causa de la traición de un sector liberal y la división de los dos partidos democráticos que dividieron en dos el voto no sandinista, que unido era ampliamente mayoritario.
Recordamos esto no para llorar sobre la leche derramada, como se suele decir, sino para sustentar la tesis de que sin libertad y democratización no puede haber reconciliación nacional. Y que, además, solo se consigue mediante un trabajo lento, infatigable y tesonero para el fortalecimiento de la construcción democrática. Y, sin que pueda faltar, mediante la ejecución de un plan nacional de justicia transicional, de cumplimiento vigilado internacionalmente, con mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición para abordar crímenes del pasado y sanar las heridas causadas por los odios políticos y sociales.
Si Ortega y Murillo quisieran impulsar un proceso de verdadera reconciliación nacional deberían comenzar por abolir las reformas constitucionales totalitarias, declarar nulas las condenas a los perseguidos políticos, devolverles su nacionalidad y derechos ciudadanos y bienes materiales, permitirles regresar al país, restablecer la libertad de expresión y de prensa, restablecer las personerías jurídicas de los partidos opositores a los que se las quitaron arbitrariamente, etc.
Eso y más podrían hacer Ortega y Murillo si realmente quisieran la reconciliación nacional, que es una necesidad existencial de Nicaragua. Ellos no deberían esperar a que una fuerza superior externa los pueda obligar a hacerlo, como está ocurriendo en Venezuela y al parecer podría ocurrir pronto también en Cuba.
