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Aunque las leyes de Costa Rica prohíben la participación del presidente en la campaña electoral, el mandatario Rodrigo Chaves asumió un protagonismo inesperado con sus constantes señalamientos hacia partidos de oposición y en especial al Tribunal Supremo de Elecciones, al que acusó de querer darle un golpe de Estado mediante un proceso de desafuero que no prosperó en el Congreso.
Chaves, un economista de derecha, se ha caracterizado por sus constantes críticas contra el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la oposición, expresidentes y los medios de comunicación críticos de su gestión, pero durante la campaña política rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero agregó a uno más: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Prohibida propaganda gubernamental
El TSE prohibió la propaganda gubernamental en medios de comunicación y redes sociales oficiales durante los últimos cuatro meses de campaña electoral, justificando su decisión en disposiciones del Código Electoral con el fin de que no exista una intervención del Ejecutivo en la decisión de los votantes, en este país donde está prohibida la reelección consecutiva.
«Lo digo como costarricense, no como presidente, y me causa un profundo dolor en el corazón. Me duele que lo que hasta ahora había sido un Tribunal Supremo de Elecciones inmaculado, porque ya tiene mácula con esta ley mordaza, le esté quitando la posibilidad a un presidente de comunicarse directamente con el pueblo», expresó Chaves el pasado 1 de octubre en su conferencia de prensa semanal.
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La polémica solicitud de desafuero por beligerancia política
El inédito roce entre el presidente y el TSE en este país, considerado como una de las democracias más sólidas de América Latina, se intensificó el pasado 7 de octubre con la solicitud del tribunal electoral a la Asamblea Legislativa del levantamiento del fuero del mandatario para abrir un proceso sancionatorio por 15 denuncias de beligerancia política (intervención en asuntos político-electorales).
Esa fue la primera vez que el TSE hacía una solicitud de ese tipo, lo cual fue calificado por Chaves como un intento de golpe de Estado y un «circo».
Finalmente, la oposición no consiguió los votos necesarios para levantar la inmunidad.
Oficialismo quiere dominar Parlamento
En los meses previos, Chaves criticó públicamente a los partidos y figuras de oposición, y pidió a los electores, aunque sin mencionar un partido en concreto, que voten por «40 diputados patriotas» que sean mayoría en el Congreso de 57 legisladores y que estén dispuestos a reformar el Estado, lo que dio pie a las denuncias por beligerancia.
El mandatario también criticó al TSE por una advertencia que hizo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que le recordaba que no podía interferir en asuntos electorales de Costa Rica durante una visita que este realizó en enero, invitado por Chaves para el inicio de las obras de una megacárcel como símbolo de su lucha contra la delincuencia.
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Los 40 diputados «patriotas» ha sido uno de los objetivos de la campaña de la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, quien fue ministra de Planificación y de la Presidencia de Chaves, y quien se ha denominado como la «heredera» del mandatario que goza de altos niveles de popularidad debido, según diversos analistas, a sus discursos contra «los mismos de siempre», la «casta política» y contra la corrupción.
Fuego contra Chaves y Fernández
Algunos de los 19 candidatos presidenciales de partidos de oposición han dedicado buena parte de su campaña a criticar a Chaves y a la candidata Fernández, a quienes señalan de autoritarismo y de ansias por concentrar el poder.
Figuras del partido de Fernández, como el candidato a diputado Nogui Acosta y la cercana asesora de Chaves, Pilar Cisneros, han dicho que uno de los objetivos del partido es una reforma constitucional para aprobar la reelección consecutiva.
La candidata oficialista, que como parte de la campaña lanzó un documental llamado Los inesperados, en el que se resalta la figura de Chaves, también ha anunciado que de llegar al poder propondrá al Congreso levantar las garantías fundamentales en barrios conflictivos para combatir el narcotráfico.
