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Casi una semana después de que la dictadura de Nicaragua expulsara del país al embajador de España, junto con su segundo al mando y varios cooperantes españoles; y de que en reciprocidad el gobierno ibérico declarara non grato al embajador nicaragüense en Madrid y al segundo funcionario de mayor rango en esa sede diplomática, no se ha conocido la causa real de esa grave tensión entre los dos gobiernos.
Según informó LA PRENSA, fuentes diplomáticas citadas por periódicos de España dijeron que la razón o el pretexto de la dictadura de Nicaragua para expulsar a los diplomáticos y cooperantes de ese país europeo fue que los acusó de “realizar actividades incompatibles con su estatus”.
Sin embargo, las autoridades correspondientes de España alegaron que la expulsión de su embajador fue injusta; que este y su personal han actuado en el marco del respeto a las normas y obligaciones diplomáticas, y que, en todo caso, “España va a seguir trabajando por tener relaciones diplomáticas” con Nicaragua porque “quiere lo mejor para el hermano pueblo nicaragüense”.
Esas no son solo palabras. En realidad el Gobierno de España ha hecho claras demostraciones de apoyo al pueblo nicaragüense, sobre todo a partir de la gran represión del 2018, y posiblemente eso es lo que molesta tanto a los codictadores Ortega y Murillo.
Obviamente, a falta de información verificada y tratándose de un tema de interés público, alrededor del reciente incidente diplomático entre Nicaragua y España se han hecho especulaciones de todo tipo. Algunas tal vez acertando, o quizás aproximándose a la verdad, pero especulaciones al fin. Nada comprobado.
Lo que está absolutamente claro con este nuevo roce político con España es que la diplomacia de la dictadura de Ortega y Murillo, además de chapucera y errática, es irracional. No responde a los intereses del Estado y de la nación nicaragüense, sino a las conveniencias del régimen y, peor aún, a los caprichos y los humores o estados de ánimo de la dictadora y el dictador.
Expertos diplomáticos, nicaragüenses y de otros países, explican que el problema fundamental de la “diplomacia” actual de Nicaragua es que “responde más a la supervivencia del régimen (acosado por múltiples contradicciones internas y exteriores), y a su ideología antidemocrática, que a una verdadera política exterior de Estado.
Ciertamente, en Nicaragua los nombramientos de los cargos y asignaciones diplomáticas, de embajadores y otros representantes externos del país, y en general todas las decisiones principales de la política exterior, no emanan de una Cancillería profesional y experimentada, sino de los aposentos del Carmen. Es decir, de las decisiones de Ortega y Murillo que los asignan por lealtad política, probada o supuesta, en vez de hacerlo por formación profesional, habilidades personales, trayectoria y experiencia.
Eso explica que la política exterior del régimen de Ortega y Murillo que controla el Estado como una posesión matrimonial y familiar, abunde en mensajes contradictorios, improvisación y cambios bruscos de posiciones. Su única consistencia es al demostrar lealtad a las grandes potencias autoritarias y solidarizarse con las causas y los países con los que comparten fobias ideológicas al Occidente democrático.
Como dicen sotto voce diplomáticos nacionales y extranjeros, a Nicaragua no se le mira como una república bananera solo por su régimen político radicalmente autoritario, y por la falta absoluta de respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas, sino también por su desastrosa y deplorable “diplomacia”, que si no es la peor tiene que estar entre las peores del mundo.
Y así será mientras la dictadura permanezca en el poder.
