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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reconoció por fin que tiene encarcelado a Bayardo Arce Castaño, el otrora comandante de la Revolución Sandinista y expoderoso funcionario del régimen actual, ahora caído en desgracia y purgado por sus antiguos camaradas.
Arce fue llevado a prisión desde el 30 de julio de 2025, pero el régimen no lo había reconocido ni sus familiares cercanos se atrevieron a denunciarlo. Hasta que, a fines de diciembre pasado, su esposa y el hermano de ella escaparon del país y denunciaron la situación de cárcel y deterioro de salud del excomandante revolucionario.
Sólo entonces, un par de días después, la dictadura informó por medio de su “Procuraduría de Justicia” que Arce ha sido condenado por los delitos de defraudación al Estado y lavado de dinero hasta por 2,713.58 millones de dólares y 82,344.8 millones de córdobas. Lo que equivale a más de cinco mil millones de dólares entre moneda estadounidense y nacional.
Seguramente nadie, ni del régimen ni de la oposición, pone en duda la corrupción de Bayardo Arce y el aprovechamiento desmesurado que hizo de su alta posición e influencia en el Estado y el partido sandinista, para enriquecerse de manera exorbitante. Lo difícil de creer es el fabuloso monto de lo robado y los detalles “procesales” de la información proporcionada por el régimen sobre este caso. No se pueden creer, o por lo menos se ponen en duda, porque la mentira es una herramienta política fundamental y habitual de este régimen.
Sin embargo, tampoco es un acto de justicia lo que está haciendo el régimen contra Bayardo Arce. Se trata más bien de un ajuste de cuentas entre compinches en el que los más poderosos someten y humillan al que tiene menos fuerza y ha mostrado flancos vulnerables.
En Nicaragua no hay justicia, la dictadura la abolió desde que aplastó sangrientamente la rebelión cívica por la democracia de 2018. De manera que por ser una farsa el supuesto juicio que le han hecho a Arce no le han reconocido los derechos procesales que le corresponden, tales como que se le debe someter a un juicio justo y público, permitirle la defensa ejercida por abogados independientes escogidos por él mismo, respetar la presunción de su inocencia mientras no se le demuestre debidamente que es culpable, etc.
Es altamente probable que cualquier tribunal independiente, integrado por jueces probos y ecuánimes, declararía culpable a Bayardo Arce de los delitos que se le imputan al cabo de un proceso judicial riguroso en el que se aportaran las pruebas indispensables para demostrar su culpabilidad.
Pero ese no es el caso en la situación actual de Bayardo Arce, pues no ha sido juzgado por un tribunal ni siquiera de mala calidad, sino condenado por una orden del poder superior que controla todas las instancias del Estado.
La “justicia” en un régimen totalitario —lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que seguir diciéndolo, porque es lo que padecemos—, es un instrumento del Estado al servicio del partido único o hegemónico, del dictador o los dictadores, para suprimir los derechos naturales y la dignidad humana.
En la “justicia” totalitaria la voluntad de quienes dominan el poder del Estado es la única ley válida, la imponen mediante la represión, no permiten la crítica ni la existencia de una verdadera oposición, y ejercen un control absoluto de la vida pública y privada de las personas.
Esa es, a nuestro juicio, la realidad del caso de Bayardo Arce. Por supuesto que habrá personas que sientan lástima o compasión por él, o, al contrario, que se sientan contentos por su caída en desgracia. Son sentimientos humanos comprensibles. Obedecen al libre albedrío de cada quien y dependen de su conciencia, de acuerdo con sus convicciones políticas, morales o religiosas.
Nosotros nos limitamos a constatar el hecho y explicarlo tal como lo percibimos, de acuerdo con nuestros propios principios y valores.
