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Rosa Rodríguez, una jinotegana que llegó en 2023 de forma irregular a Estados Unidos, recorrió más de 1,690 kilómetros del Estado de Minnesota a su nuevo hogar en Memphis, Tennessee. Viajó más de 12 horas porque tenía miedo a ser deportada, luego del endurecimiento de las políticas migratorias durante el primer año de la segunda Presidencia del republicano Donald Trump.
En la ciudad de Minneapolis, la más poblada del Estado de Minnesota con 429,000 habitantes, Rodríguez se sintió con mayor inseguridad cuando los agentes de inmigración intensificaron las redadas contra inmigrantes. Ella es una de los miles de nicaragüenses en Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria compleja ante las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Entre estas se encuentran las deportaciones masivas, con las que Trump intenta cumplir con la promesa que hizo a sus partidarios de hacer «un país seguro y grande otra vez».
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Rodríguez dice que antes de estos cambios pensaba que no le pasaría nada, porque imaginaba a Minneapolis como un Estado santuario, dado que se implementan una serie de políticas de protección a los migrantes. «Fue peor. Venimos a trabajar, hacemos lo que su gente ni siquiera quiere hacer», lamenta.
«Estoy con un poco de miedo. A muchas personas les han quitado sus permisos de trabajo, es con lo que lucho acá», indicó.
Otros casos de nicaragüenses en apuros han sido noticias en los últimos meses. Quizás el más dramático es el de Yadira Córdoba, contra quien hay una orden de deportación. Dos veces ha sido rechazada por Honduras como lugar de destino e incluso por Nicaragua, de donde huyó para resguardar su vida. Ella es madre de Orlando Córdoba, uno de los jóvenes asesinados por la dictadura de Daniel Ortega en las protestas de 2018, y se encuentra en este momento angustiada y presa en un laberinto migratorio.
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Durante el primer año de Trump, al menos 622,000 migrantes fueron deportados, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional. Detrás de los números hay una combinación de acciones en medio de la estrategia migratoria adoptada por el gobierno estadounidense. Los agentes del ICE en las calles son solo una parte de ella, otra es el fortalecimiento de los acuerdos con terceros países para evitar aglomeraciones en la frontera y también una serie de decisiones que ponen fin a programas que beneficiaron a los nicaragüenses.
“No estamos haciendo nada fuera de la ley y vamos a seguir cumpliendo y haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración. Estamos defendiendo a los agentes que arriesgan su vida para mantener segura a la gente de este país”, dijo el vicepresidente de Estados, J.D. Vance, a Reuters durante una visita a Minneapolis esta semana.
Minneapolis enfrenta en estos días una fuerte tensión social y política tras una serie de operativos migratorios federales y la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre los programas finalizados que afectan a los nicaragüenses está, por ejemplo, el llamado parole humanitario. El republicano lo canceló tres años después que lo implementó el gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Se intentó también poner fin al Estatus de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, lo que dejó en incertidumbre a unos 4,000 nicaragüenses. Esta medida fue anulada posteriormente por un juez federal.
Las decisiones de Trump generan críticas entre académicos y personas que dan seguimiento a este tema en EE. UU. Analistas del Migration Policy Institute, un instituto de referencia que investiga las políticas de migración, destacan que «estos cambios han hecho que los Estados Unidos sean más hostiles a los inmigrantes no autorizados, al tiempo que han alterado la forma en que el Gobierno trata a la inmigración y a los inmigrantes de todos los estatus legales y las comunidades en las que viven. Los impactos en las personas, las familias, los lugares de trabajo y la perspectiva económica general de la nación y la posición global se sentirán en los próximos años», opinaron.
La política de reasentamiento
Benjamin Gedan, investigador de la Iniciativa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, aseguró a LA PRENSA que «Trump ha demostrado poco interés en el sufrimiento de los latinoamericanos que padecen la represión estatal».
Gedan señala cómo la administración ha limitado la política de reasentamiento de refugiados. La administración actual estadounidense anunció en 2025 planes para reducir las admisiones a solo 7,500 para el año fiscal 2026. Este es el límite más bajo en los 46 años de historia del programa.
El dato representa además una caída abrupta desde el tope de 125 mil establecido en 2025 bajo la administración anterior. Además, se pausaron las admisiones de refugiados de manera significativa, con solo 506 reasentamientos reportados en el primer año, priorizando casos selectivos como 59 sudafricanos (de raza blanca) en mayo de 2025, según versiones periodísticas.
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«Trump tampoco está comprometido con los refugiados que escapan de gobiernos represivos como el de Nicaragua, porque ha intentado terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los nicaragüenses en Estados Unidos», juzgó el experto.
El enfoque selectivo en refugiados también se ve en la suspensión de procesamiento de visas de inmigrante en 75 países, ocho de ellos en América hispana, incluyendo a Nicaragua, lo que ha afectado a solicitantes de asilo y a la intención de reunificación familiar.
