Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El fin de semana anterior, Guatemala fue sacudido por un estallido de violencia criminal, que obligó al gobierno del presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio.
Según las informaciones, el sábado 17 de enero estallaron motines simultáneos de prisioneros en tres grandes cárceles del país. Los amotinados, encabezados por líderes de las principales pandillas criminales que están en prisión, tomaron como rehenes a los guardias penitenciarios y plantearon una serie de exigencias al Gobierno. Los rehenes fueron liberados por la fuerza pública, pero las poderosas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha reaccionaron con asaltos a 13 delegaciones policiales, matando a 8 agentes de la seguridad pública e hiriendo a 10 más.
Pero este desborde de violencia criminal no es un fenómeno exclusivo de Guatemala. Se trata de una calamidad pública que afecta a varios países de América Latina, principalmente a Haití, México, Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Inclusive Costa Rica, que durante mucho tiempo fue ejemplo de estabilidad política democrática, tranquilidad social y seguridad pública, está ahora asediado por una criminalidad que pareciera ser incontrolable.
Al editorializar sobre el reciente estallido de violencia criminal en Guatemala, el periódico guatemalteco Prensa Libre ha señalado que, paradójicamente, “tan trágicos sucesos podrían estar generando una oportunidad irrepetible para emprender una ruta institucional de replanteamiento de la seguridad pública, con participación ciudadana y multisectorial”. Y agrega que “Guatemala necesita una política de seguridad que combine prevención, investigación criminalística, inteligencia financiera, control territorial y fortalecimiento institucional. De lo contrario, los grupos criminales se adaptan, se mimetizan e incluso buscan aliados a través de financiamientos electorales ilícitos”.
Pero se requiere también fortalecer la institucionalidad democrática, pues el aumento de la criminalidad y la creación de un clima de grave inseguridad pública representan una gran amenaza para la libertad y la democracia en aquellos países donde existen esas condiciones virtuosas de vida social y gobernanza política.
El problema no es difícil de entender. Se trata de que para combatir a fondo la delincuencia más criminal, y a fin de garantizar la seguridad pública, se requiere mano dura gubernamental, la represión implacable de los criminales que obliga a restringir y hasta suspender derechos y libertades que son indispensables para que funcione la democracia.
El caso de Guatemala lo demuestra. Para enfrentar el desborde de violencia criminal el gobierno democrático ha debido imponer el estado de sitio, que significa necesariamente la suspensión de derechos y libertades básicas de las personas.
Por otra parte, en El Salvador, que llegó a ser uno de los países más violentos del mundo por el predominio de las pandillas criminales, el gobierno de Nayib Bukele suspendió desde marzo de 2022 las garantías y derechos constitucionales, reprimió masivamente a los pandilleros sin piedad ni reconocimiento del debido proceso de los detenidos, con las redadas llevó a la cárcel a muchos inocentes y construyó la prisión más grande de las Américas, en donde los presos carecen de todo derecho y según las autoridades están condenados a no recuperar la libertad jamás.
El resultado es que ahora El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental donde, según datos oficiales ocurren menos de dos homicidios por cada cien mil habitantes, uno de los índices más bajos del mundo. Pero ese logro impresionante en la seguridad ciudadana ha sido a cambio de un grave retroceso de la democracia, la libertad y el Estado de derecho, de acoso a los periodistas independientes y restricciones de la libertad de prensa, según denuncias de las asociaciones gremiales y los organismos de derechos humanos.
Pero Bukele tiene una aceptación popular de más de ochenta por ciento, lo cual indica que cuando hay una criminalidad abrumadora la gente cede voluntariamente sus derechos y libertades, a cambio de que se le garantice la seguridad pública y personal.
El investigador estadounidense Will Freeman, especializado en estudios latinoamericanos, advierte que siempre se creyó que las amenazas a la libertad y la democracia provenían de los caudillos y dictadores que se imponen mediante golpes de Estado o fraudes electorales, y se mantienen en el poder con una despiadada represión. Como sin duda han sido los casos, por ejemplo, de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Sin embargo, ahora también la criminalidad pública y el crimen organizado, aunados con la corrupción que carcome a las clases políticas y los gobiernos, ha venido a ser una de las más graves amenazas que asedian a la democracia y la libertad.
