¡A votar!

Desde hace semanas, estos cambios vienen anunciando transformaciones trascendentales en Nicaragua, cerrando un oprobioso ciclo de autoritarismo estalinista con ribetes de capitalismo de compadritos —léase cúpula empresarial— y abriendo un proceso intransferible e irreversible de transición política, que debe conducir a la democracia mediante elecciones libres este próximo noviembre, como corresponde según la propia Constitución. ¡A votar se ha dicho!

Esta cruzada antiterrorista y de saneamiento del narcotráfico está fulminando los estertores de la Guerra Fría en el mundo y, sobre todo, en Latinoamérica. Nicaragua no es ni será la excepción. Se están sentando las bases para que el país asuma una nueva ruta política, alejada de aventuras foráneas y de impostores metidos a la política, disfrazados de “revolucionarios”.

Esta gerencia regional y mundial, encabezada por Estados Unidos en este segundo mandato de Donald Trump, está dejando claro que con ella no se juega. 

La actual política de defensa nacional de Estados Unidos no está teorizando ni amenazando a nadie: está actuando en su hemisferio y en otras partes del mundo, ejerciendo un poder que arrasa y deja solo cenizas donde antes hubo corrupción, abuso y mentira, de no alinearse.

La defensa y la seguridad occidentales son prioritarias y preeminentes. Bajo esa definición deberán desmontarse todas las presencias estratégicas de los adversarios del orden hemisférico, China, Rusia e Irán.

En ese marco, el despliegue naval frente a Venezuela, la capacidad de imponer una cuarentena al petróleo y la operación de extracción de Nicolás Maduro y su esposa —sin bajas estadounidenses ni pérdidas de equipo— en un territorio protegido con sistemas antiaéreos adversarios, demuestra que el presidente Trump está dispuesto a utilizar el poderío militar para cumplir los objetivos de su política de Seguridad Nacional, sin que exista defensa efectiva ante esa fuerza.

Aunque Nicaragua mantiene presencia estratégica de Rusia y China —precaria y obsoleta—, esta ya no representa una amenaza real. Además, en la acusación formal contra Maduro se incluye a Nicaragua como punto de tránsito de droga hacia Estados Unidos, con protección estatal, producto de acuerdos al más alto nivel. Esto indica que el fin del régimen está prácticamente decidido. 

Si estos factores son graves para el régimen, no menos lo son el estado de la economía nacional: cada vez más endeudada, mientras los nicaragüenses pobres y ricos, continúan pagando con sus impuestos los abusos de la piñata sandinista. No sabemos si será necesario repetir la destrucción económica de los años ochenta mediante aranceles y la expulsión del Cafta, o recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza militar, como acaba de suceder en Venezuela, o ambas cosas.

Para llegar a elecciones en Nicaragua este año deben explorarse varias rutas. La más razonable es una transición democrática pacífica que evite esos escenarios extremos. La otra, la unidad política sobre todo de la derecha y la consolidación de la toma de conciencia de lo importante que será votar, ejercer el derecho al sufragio y, a la vez, defenderlo para que los mafiosos en política no se lo roben.

Ahora bien, ¿cómo efectuarla si el período de cinco años para el que juramentó Ortega en las últimas elecciones concluye en enero de 2027? La respuesta está en el precedente jurídico: la reforma que aprobó el período presidencial a cinco años se aplica a partir de la nueva elección, no al período en curso.

Así ocurrió en 1995, cuando la Asamblea Nacional redujo el período presidencial de seis a cinco años y no se aplicó a doña Violeta Barrios de Chamorro, quien concluyó su mandato en 1997. Lo mismo sucedió en 1989, cuando la UNO pactó con el FSLN las condiciones políticas para las elecciones de 1990, incluyendo la restitución de la personalidad jurídica de partidos cancelados apenas seis meses antes de los comicios.

Las reformas constitucionales no se aplican a lo inmediato, sino en el período inmediato al periodo concluido. En este sentido las elecciones del 2021 fueron para elegir presidente y vicepresidente, por lo que las elecciones de los copresidentes se realizarían en este 2026.

Amparados en estos hechos reales y jurídicos, las próximas elecciones generales deben celebrarse el domingo 8 de noviembre de 2026. El margen es estrecho, pero suficiente para acordar condiciones mínimas y transparentes entre el régimen y la oposición, bajo garantías internacionales, incluidas las de Estados Unidos. Dependiendo también de las buenas voluntades de todas las partes.

De no ser así, vendrán sanciones económicas severas, aranceles, la expulsión del Cafta y, eventualmente, el uso de la fuerza.

Sé que estos planteamientos pueden resultar incómodos para algunos. Sin embargo, frente al dolor acumulado, el laberinto social que vive el país y la realidad de la geopolítica contemporánea, un diálogo político y elecciones con garantías internacionales incluyendo las de Estados Unidos, sigue siendo la mejor alternativa.

Así las cosas, a prepararse todos. Y los del exilio, a ir haciendo maletas para volver a vivir y trabajar en una Nicaragua que recupere su libertad, su democracia y su prosperidad. ¡A votar todos este próximonoviembre!

El autor es escritor nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional, fundador del partido OPA y vocero en el exterior del PLI-histórico.