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Aunque pasaron más de cuatro décadas desde que el Frente Sandinista confiscó miles de propiedades durante los años 80, la deuda que generó el robo de esas propiedades le sigue costando a los nicaragüenses entre 20 y 25 millones de dólares anuales, ya que aún hay beneficiarios de los Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI) que en lugar de cobrar su valor se limitan a recibir la tasa de interés que les pagan por los bonos. Para que puedan negociarlos en la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), recientemente se autorizó digitalizar una serie de CBPI que tiene vigencia hasta 2041.
Los bonos los emitieron para indemnizar a todos los ciudadanos a los que les habían confiscado propiedades y no se las podían devolver. Muchos de los que los recibieron fueron ciudadanos estadounidenses afectados por las confiscaciones de los años 80. En los primeros años de la década del 90, por mandato de ley algunas instituciones del Estado podían aceptarlos en pago por la venta de sus bienes o servicios.
A lo largo del tiempo algunos de estos bonos los han comprado las instituciones financieras en calidad de inversión, y según cifras oficiales el saldo de esta deuda todavía ronda los 90 millones de dólares. Se desconoce si en algún momento se emitirán nuevas series de estos CBPI para cubrir las nuevas confiscaciones que ha realizado la dictadura Ortega Murillo a partir de la crisis sociopolítica que inició en 2018, y que ya afectaron a capital estadounidense, además de nacionales.
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Digitalizando los bonos
A través del Acuerdo Ministerial número 010-2025 publicado en la edición del diario oficial La Gaceta del viernes 9 de enero de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) le ordenó «a la Tesorería General de la República crear la Serie Desmaterializada ‘HH-D’ para el período comprendido del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero 2041 y la Serie Física ‘HH’ para el período comprendido del 1 de febrero 2026 al 31 de enero 2041».
Ambas se crean coma extensión de lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 21-99, del 8 de abril de 1999. Dicho artículo dice que «la serie de los Certificados de Bonos de Pago por Indemnización con Cupones Adheridos se corresponderá con la fecha de emisión de la resolución de la Oficina de Cuantificación». Además, dice que la serie H se emitió entre el 1 de febrero de 1999 al 31 de enero de 2000, y según la reciente resolución se podrán seguir negociando hasta el 1 de febrero de 2041, que es la fecha de vencimiento de la emisión.
El Acuerdo del MHCP también dice que la Tesorería General de la República podrá realizar operaciones de transformación de valores físicos a valores desmaterializados con cargo a la Serie Física «HH». «Para desmaterializar los Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI) estos deberán ser múltiplos enteros de mil dólares con sus cupones adheridos de intereses y principales vigentes, es decir, no se podrá desmaterializar cupones de forma independiente.
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Destinando recursos para pagar los bonos
Desmaterializar los CBPI implica eliminar los documentos físicos o en papel y reemplazarlos por un registro electrónico que permita comercializarlos en la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), para facilitar las transacciones con ellos.
Paralelo a este proceso el MHCP asigna cada año una partida para pagar tanto los intereses como el valor de los CBPI que todavía están en manos de las personas que los recibieron como indemnización por sus bienes confiscados, o de otros que los compraron a través de transacciones en la Bolsa de Valores o a través de terceros.
En los últimos cinco años las partidas asignadas para cubrir esta deuda del Estado con privados a los que se les confiscó propiedades, osciló entre el equivalente a los 20 y 25 millones de dólares. En 2022 el Presupuesto asignó el equivalente a unos 19.14 millones de dólares para cubrir esta deuda que se registra como deuda pública interna. De ese monto, 13.43 millones se destinaron para la amortización de los CBPI y 5.73 para el pago de sus intereses.
En 2023 la asignación del Presupuesto para cubrir este compromiso fue de unos 23.61 millones de dólares, distribuidos en 18.83 millones para amortización y 5.26 millones para pago de intereses. En 2024 la partida subió a 25.25 millones de dólares, 20.80 millones para amortización y 4.47 para pago de intereses.
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Alrededor de US$20 millones por año
El año pasado se destinaron 21.92 millones de dólares, de los cuales 17.42 millones eran para amortización y 4.50 millones para intereses. Mientras que el Presupuesto de 2026 tiene previsto destinar 19.50 millones de dólares, divididos entre 16.54 millones para amortización y 3.03 millones para intereses. No obstante, mientras los beneficiarios no decidan venderlos solamente les pagan los intereses, y la partida destinada a la amortización se conserva.
Según reportes de deuda pública interna que publica el Ministerio de Hacienda, el saldo de la deuda por los Bonos de Pago por Indemnización se redujo considerablemente en los últimos años. En 2017 era de 268.10 millones de dólares, en 2020 bajó a 160.90 millones de dólares y el año pasado ese saldo se ubicó en 88.40 millones de dólares.
Hasta ahora el monto total de las confiscaciones que realizaron los sandinistas durante el primer gobierno de Daniel Ortega es incierto. En algún momento se mencionó que superaba los 1,200 millones de dólares, de los cuales cerca de 500 millones se habrían entregado a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Ortega nunca ha dado una cifra exacta de la deuda que generó la confiscación masiva de bienes, deuda que incluso mientras los CBPI sigan vigentes, el Estado tendrá que seguir honrando, por tanto todavía no puede cuantificarse totalmente.
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