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La pregunta más importante que surge de la intervención estadounidense en Venezuela no es si violó el derecho y las normas internacionales, sino qué revela sobre el futuro del orden internacional liberal. Contrariamente a lo que afirman algunos analistas, dicho orden no se está derrumbando, ya que sus pilares fundamentales siguen vigentes y las alternativas a ellos aún son débiles. Pero mantenerlo ahora implicará acciones discrecionales estadounidenses más frecuentes, y cada vez será más incierto dónde se encuentran los límites para futuras intervenciones.
Cuando los límites percibidos a la acción estatal se desvanecen, el significado del poder cambia. La pregunta ya no es qué se permite formalmente, sino cómo interpretarán las acciones otros dentro del sistema. Venezuela expone una creciente tensión entre la prerrogativa estadounidense de aplicar la ley unilateralmente y las expectativas de cooperación de las que depende en última instancia el liderazgo estadounidense. El liderazgo global no se limita a la capacidad de un Estado para actuar; es igualmente importante si una acción refuerza o erosiona las expectativas de prudencia y moderación futuras.
Durante décadas, el poder estadounidense se ha basado en su predominio militar y económico, reforzado por densos compromisos de alianza. Esta configuración hizo que retirarse de los acuerdos institucionales liderados por Estados Unidos fuera costoso, incluso cuando los socios estaban insatisfechos. Por lo tanto, la autoridad estadounidense no se ha basado únicamente en el consentimiento, sino en una estructura de dependencia creada por garantías de seguridad, vínculos de alianza y el control sobre relaciones económicas y estratégicas cruciales.
Pero incluso si las instituciones pueden consolidar sus ventajas, no pueden compensar los costos reputacionales y estratégicos que conlleva ejercer poder discrecional. Si bien una sola intervención contra un Estado débil o aislado rara vez altera la estructura del orden internacional general, los efectos de tales acciones se acumulan a medida que otros revisan sus expectativas en respuesta.
Venezuela se distingue por su comparación con intervenciones estadounidenses anteriores, como las de Irak, Kosovo, Libia y Siria. Si bien estos casos fueron controvertidos y muy controvertidos, cada uno implicó un claro punto de escalada o una «línea roja» (aunque inventada) para Estados Unidos, ya sea un programa de armas, violencia masiva o una guerra en curso. En cambio, la administración Trump basó su intervención en Venezuela en una serie de preocupaciones como la migración, la evasión de sanciones, las redes criminales y la influencia china. En ningún momento quedó claro cuándo la moderación daría paso a la coerción y la escalada.
Por supuesto, los intereses materiales e ideológicos —el acceso al petróleo, la influencia regional y la resistencia al socialismo— siempre han determinado la política estadounidense hacia Venezuela. Lo novedoso en este caso no es la presencia de dichos intereses, sino la ausencia de un umbral o una emergencia claramente articulados que justifiquen una acción coercitiva.
Las amenazas públicas del presidente estadounidense Donald Trump y las hostilidades hacia socios cercanos de Estados Unidos, como Canadá (miembro de la OTAN) y Groenlandia (un territorio de Dinamarca, también miembro de la OTAN), socavan la presunción de que la soberanía aliada está fuera del alcance de la intimidación estadounidense.
Al capturar y procesar a Maduro, un líder extranjero en funciones, la administración Trump está extendiendo la jurisdicción estadounidense por medios que no son la guerra. Al marginar a la propia oposición venezolana, está desdibujando la distinción entre facilitar el cambio político e imponerlo. Y al marginar al Congreso, ha eliminado un control procesal que antes obligaba a trazar líneas rojas de antemano.
En conjunto, estas medidas sustituyen los umbrales visibles por un criterio discrecional. Antes de Trump, otros países podían estar atentos a una infracción y anticipar la respuesta estadounidense; ahora se ven obligados a adivinar. Este es el precedente que sienta Venezuela.
Estados Unidos se ha beneficiado durante mucho tiempo de ser visto no solo como un ejecutor de normas, sino como el principal proveedor de seguridad y acceso dentro de un sistema internacional que influye desproporcionadamente. En este contexto, se toleraban las desviaciones ocasionales de las normas porque se asumía que eran episodios puntuales. Pero esa suposición ahora está bajo presión.
Tan impactante como es esta intervención estadounidense, también lo es la tolerancia política interna a las afirmaciones de discreción de Estados Unidos en todo el hemisferio. La especulación superficial sobre reclamos territoriales que involucran a socios cercanos, por inverosímiles que sean en la práctica, habría sido políticamente impensable en un orden basado en la moderación mutua. Ya no. La justificación pública de la Casa Blanca —presentando la acción como una gestión rutinaria contra el narcotráfico, los rivales y las consecuencias para la seguridad, en lugar de como un uso excepcional de la fuerza— subraya cuán normalizado se ha vuelto el enfoque trumpiano de priorizar la discreción.
Esto importa. El orden depende no solo de los resultados, sino también de las expectativas. Si más Estados comienzan a anticipar que se podrían aplicar juicios estadounidenses similares contra otros, aunque sea con poca frecuencia, el cálculo de la participación cambia. Lo más probable es que la respuesta a la intervención en Venezuela no sean deserciones masivas ni enfrentamientos públicos, sino más bien protección, aislamiento legal, diversificación institucional y esfuerzos discretos para reducir la exposición a Estados Unidos. No se requiere coordinación, y una vez que el proceso comience (como de hecho ya ha sucedido), las acciones individuales se reforzarán mutuamente.
Esto no significa que el orden actual esté al borde del colapso. El cambio sistémico requiere alternativas creíbles, y estas siguen siendo limitadas. Las potencias rivales pueden frustrar las iniciativas estadounidenses, pero no han reemplazado las bases institucionales sobre las que se asienta la cooperación global.
La pregunta más difícil es si se puede mantener el equilibrio entre la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y la provisión de bienes públicos globales. El liderazgo se vuelve más costoso cuando se utilizan herramientas coercitivas con mayor frecuencia que las cooperativas, o cuando la aplicación de la ley se expande más rápido que los beneficios compartidos. En ese punto, el cumplimiento pasa de ser voluntario a transaccional, y la autoridad empieza a asemejarse a la dominación.
Venezuela agudiza una vieja cuestión en lugar de resolverla. El peligro ahora no es que los estados deserten abiertamente, sino que se adapten silenciosamente a un Estados Unidos rebelde. Un orden puede perdurar en tales condiciones, pero solo a un mayor costo y con rendimientos decrecientes para la potencia dominante.
La autora es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026. www.project-syndicate.org
