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En la política climática global, el océano se consideró durante mucho tiempo un tema secundario, demasiado vasto para gestionarlo eficazmente y demasiado resiliente para degradarse. En cambio, la atención se centró casi exclusivamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y preservar los bosques. Esa era ya terminó.
En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) celebrada en Belém, el océano pasó de ser un tema marginal a ser un tema central en la gobernanza climática. Ocupó un lugar destacado en los planes climáticos nacionales, los marcos de adaptación, el seguimiento del primer balance mundial en el marco del acuerdo climático de París e incluso en la arquitectura en evolución de la financiación climática.
Este cambio en la agenda global era probablemente inevitable, ya que el océano sufre cada vez más los efectos de absorber más del 90 por ciento del exceso de calor atrapado por los GEI y aproximadamente una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Las consecuencias incluyen el calentamiento, la acidificación, la desoxigenación, el colapso de las pesquerías y la erosión costera. Sin embargo, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA), muchos de los cuales son extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar, aceleraron el cambio al enmarcar la gobernanza de los océanos no solo como una cuestión de gestión ambiental, sino también de supervivencia y justicia.
Consideremos, por ejemplo, la declaración política principal de la COP30, el Mutirão Global, que enmarca el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra y los océanos como crisis interconectadas que exigen soluciones compartidas y acción colectiva. Reconoce explícitamente el papel de los ecosistemas marinos en la estabilidad climática y el desarrollo sostenible, brindando a los gobiernos la cobertura política necesaria para integrar las cuestiones oceánicas y costeras en sus estrategias climáticas nacionales, planes de desarrollo y propuestas de financiación.
Se ha establecido una nueva línea de base. Por primera vez en el proceso climático de la ONU, la síntesis oficial de los planes climáticos nacionales incluye una sección dedicada al océano. Aproximadamente tres cuartas partes de estos planes nacionales incluyen referencias marinas, como el carbono azul, las energías renovables marinas, la resiliencia pesquera y la descarbonización marítima. El siguiente paso es avanzar hacia objetivos cuantificados basados en el océano, una contabilidad medible del carbono azul y compromisos concretos de inversión para las comunidades costeras.
En la COP30, los gobiernos también adoptaron los Indicadores de Adaptación de Belém para monitorear las acciones y los avances en el marco del Objetivo Mundial de Adaptación. Si bien estos indicadores son neutrales en cuanto a sectores, siguen siendo muy relevantes para la salud de los ecosistemas costeros, la resiliencia de la pesca, la vulnerabilidad de la infraestructura costera y los medios de vida, y la cobertura de alerta temprana. Fundamentalmente, se ha alentado a los fondos climáticos, incluidos el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación, a que alineen su apoyo con estos indicadores. Esto podría dar lugar a una nueva generación de proyectos financiables de adaptación a los océanos.
Además, las soluciones basadas en los océanos están atrayendo más recursos. La Alianza Un Océano, lanzada en la COP30, busca movilizar 20,000 millones de dólares para la resiliencia costera, los ecosistemas de carbono azul y la protección de los océanos; crear 20 millones de empleos azules en todo el mundo; y restaurar 20 millones de hectáreas de ecosistemas marinos para 2030. De mayor trascendencia fue el anuncio del Comité Permanente de Finanzas de la ONU de que su foro de 2026 se centrará en la financiación de la acción climática en los sistemas hídricos y el océano, un impulso formal a la inversión azul que habría sido impensable hace una década.
Pero los tratados y las conferencias ya no son el único medio para crear obligaciones climáticas. El derecho internacional ha comenzado a converger con la ciencia del clima. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictaminó que las emisiones de GEI constituyen contaminación marina según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En 2025, la Corte Internacional de Justicia afirmó que los Estados tienen el deber jurídico vinculante de prevenir daños climáticos previsibles.
Esta evolución jurídica será importante para las disputas sobre la conducta de los Estados en el mar, en particular a medida que el mundo se enfrenta a la próxima frontera de la intervención climática: la eliminación del CO₂ marino. Técnicas como la mejora de la alcalinidad y el cultivo de algas a gran escala podrían contribuir eventualmente a estrategias de cero emisiones netas, pero podrían plantear riesgos ecológicos y actualmente existen en un marco regulatorio fragmentado. En ausencia de una gobernanza oceánica coordinada, la experimentación unilateral podría desencadenar efectos transfronterizos y conflictos.
A medida que la influencia continúa desplazándose de los centros de poder tradicionales (una tendencia que se observa en la COP30), y a medida que los PEID y los PMA influyen cada vez más en las normas climáticas globales, la resiliencia de los océanos y las costas seguirá cobrando relevancia en los debates políticos. Incluso las economías avanzadas han comenzado a comprender la importancia de un enfoque sostenible para la gestión de los recursos marinos y los océanos, y el G20 ha establecido Oceans 20, un grupo centrado en este objetivo, bajo la presidencia de Brasil en 2024.
El diseño de la COP31 apunta a un nuevo panorama geopolítico: Australia y Turquía codirigirán la conferencia, mientras que una reunión previa a la COP se celebrará en un estado insular del Pacífico con apoyo australiano. Esto ha generado esperanzas de que podría ser la primera COP verdaderamente «azul». En ese caso, los objetivos y las acciones basados en los océanos cobrarán aún mayor importancia en las estrategias climáticas nacionales, las métricas del balance global, las normas de financiación climática y los sistemas de transferencia de tecnología en los próximos años.
De hecho, el siglo marítimo podría estar ya a la vuelta de la esquina. El océano es el mayor sumidero de carbono del planeta, la columna vertebral del comercio mundial, una fuente crucial de alimentos y energía, y la primera línea de la vulnerabilidad climática. También se está convirtiendo en un escenario de competencia estratégica por datos, tecnología, recursos y poder legal.
El destino del clima depende de lo que suceda con el océano, y los mandatos fragmentados, los tratados obsoletos y la financiación compartimentada ya no son suficientes para garantizar su salud. La pregunta es si las instituciones pueden evolucionar con la suficiente rapidez para establecer las estructuras de gobernanza duraderas, equitativas y eficaces necesarias para salvaguardar este sistema planetario crítico.
El autor es asesor principal del presidente y director de políticas oceánicas y climáticas en la Institución Oceanográfica Woods Hole.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.
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