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En noviembre de 2018, a pocos días de que las Iglesias evangélicas de Nicaragua celebraran el día internacional de la Biblia, el pastor “Hernández” recibió una llamada del secretario general de las Asambleas de Dios, pastor Roberto Rojas.
“Necesitamos apoyar al gobierno y al presidente Ortega, o nos lleva el diablo. Vamos a emitir un comunicado firmado por todos los pastores y lo vamos a leer en las actividades del 23 de noviembre”, le dijo.
“Hernández”, exiliado en Estados Unidos desde finales de 2023 cuando la aerolínea no le permitió abordar el avión de regreso a Managua, aceptó firmar el comunicado y lo leyó en las actividades de las dos iglesias que administraba en Managua.
“Básicamente nos pusimos del lado de Ortega y Murillo y le volamos leña a los católicos. Para nada, porque nada cambió, al contrario, en mi caso, y en el de muchos más que no éramos políticos sandinistas, más bien empeoró”, dice.
En 2020, cuando el virus del coronavirus apareció en Nicaragua, él decidió cerrar las puertas de las dos salas de culto por prudencia suya y de sus hermanos de fe.
La decisión contrastaba con la orden emitida por el régimen a los pastores: “Vamos a abrir los templos y demostrarles a los curas que en Nicaragua Dios está con nosotros”. Al menos 40 pastores murieron contagiados.
“Ahí empezaron las amenazas, la Policía llegó a abrir los candados y casi me echan preso por cuestionar, ya después quedé como dicen ahora, colorado”, relata desde Los Ángeles, donde vive en casa de un hermano suyo, pastor también, a quien visitó en noviembre de 2023 cuando fueron juntos a un congreso pentecostés.
Ahora, una parte de su familia quedó en Managua y él, con un hijo suyo, vive el exilio forzado en Estados Unidos desde hace poco más de dos años.
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“Vergüenza”
A Hernández le costó caro creer que jurarle lealtad a los Ortega Murillo desde el evangelio le ofrecía protección y ahora se «avergüenza», dice, de ver a sus otrora hermanos de fe defendiendo a Ortega Murillo y negando la persecución religiosa.
El pasado fin de semana, tres organizaciones de iglesias evangélicas de Nicaragua difundieron comunicados públicos en los que respaldan al régimen y rechazan las denuncias sobre persecución religiosa en el país.
La Convención Bautista de Nicaragua, la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua y la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios aseguraron, por separado, que no existe prohibición para el ingreso de Biblias al territorio nacional.
Afirmaron, también, que en Nicaragua se mantiene el “pleno ejercicio de la libertad religiosa”, en abierta contradicción con los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a las noticias verificadas que indican que el régimen prohibió el ingreso de biblias al país.
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Relación de prebendas
El periodista nicaragüense Israel González, analista de temas cristianos, observa la relación entre el régimen sandinista y amplios sectores de las iglesias evangélicas como un fenómeno marcado por la fragmentación institucional, los incentivos estatales y una teología que, a su juicio, limita la capacidad crítica frente al poder político.
Según González, las cúpulas de muchas iglesias evangélicas se han plegado al régimen, en parte debido a la propia estructura del mundo evangélico en Nicaragua.
Al existir numerosas denominaciones, con doctrinas incluso contradictorias entre sí, “esto las hace más débiles para tener un planteamiento independiente respecto al orteguismo”, señala.
Esa dispersión, explica, dificulta la construcción de una posición común frente a la crisis política y de derechos humanos que atraviesa el país.
A esta debilidad estructural se suma, de acuerdo con el analista, un sistema de prebendas.
González afirma que “muchísimas denominaciones evangélicas han recibido prebendas del régimen, ya sea en subvenciones, terrenos u otro tipo de incentivos”, una relación que, en su valoración, contribuye a que estas iglesias se mantengan alineadas o en silencio frente al poder.
Ese respaldo material, sostiene, termina traduciéndose en dependencia y sumisión política.
El periodista sitúa el núcleo del problema en las iglesias evangélicas de corte neopentecostal, mayoritarias en Nicaragua. A su entender, estas corrientes presentan un rasgo central: el fundamentalismo bíblico.
González explica que la lectura literal de ciertos pasajes de la Biblia lleva a afirmar que “las autoridades civiles son puestas por Dios”, una interpretación que condiciona su manera de comprender la realidad política de Nicaragua.
Desde esa perspectiva, añade, no existe un planteamiento teológico profundo que dialogue con el contexto social. “Su lectura de la realidad no se hace desde un planteamiento teológico serio”, afirma.
Para comprender este comportamiento, González propone una mirada histórica. Recuerda que estas iglesias comenzaron a proliferar en los años ochenta del siglo XX, tanto en Nicaragua como en América Latina, en un contexto geopolítico específico.
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Según su análisis, se trató de un proceso impulsado desde Estados Unidos con el objetivo de restar influencia a la iglesia católica y a la teología de la liberación, que en ese momento ofrecía una lectura crítica de la desigualdad y la opresión desde la reflexión teológica y pastoral.
En contraste con esa corriente, señala, las nuevas iglesias promovieron la llamada “teología de la prosperidad”, basada en la promesa de bienestar económico a cambio de generosas ofrendas.
En el caso nicaragüense, estas organizaciones supieron aprovechar el odio histórico de las fuerzas sandinistas contra la iglesia católica para sumarse como aliados religiosos del FSLN.
Entre 2018 y 2025, esa relación entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las iglesias evangélicas en Nicaragua pasó de la cooperación cómplice a la coerción abierta.
Lo que comenzó como un entendimiento pragmático, con permisos de eventos y viajes, recursos y donaciones y propaganda estatal a cambio de respaldo o neutralidad, terminó revelándose como un mecanismo de control político que, con el tiempo, también se volvió contra quienes aceptaron el trato.
2018–2019: inicio del terror
El punto de quiebre fue abril de 2018. Tras las protestas contra la reforma al sistema de seguridad social, reprimidas con más de 300 muertos, según la CIDH y la ONU, la Iglesia católica asumió un papel de mediación y denuncia.
La respuesta estatal fue una escalada sostenida contra el clero: asedios a templos, expulsiones, destierros, arrestos y, desde 2022, confiscaciones masivas de bienes y propiedades católicas.
En paralelo, el régimen activó un giro estratégico hacia sectores evangélicos. El cálculo fue político y demográfico: para 2022, el 38 % de la población se identificaba como evangélica, frente a un 41 % católica (CID-Gallup, noviembre de 2022).
Entre 2019 y 2021, líderes evangélicos participaron en vigilias y actos públicos promovidos por el oficialismo desde la red de medios de la dictadura.
El 29 de marzo de 2019, incluso Laureano Ortega Murillo apareció en la vigilia “Sana nuestra tierra”, ampliamente difundida por medios estatales.
Ya antes Ortega había aparecido ante pastores extranjeros recibiendo bendiciones. Desde entonces, la presencia evangélica en plazas públicas se volvió recurrente y ampliamentte difundida por los medios del régimen.
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2020–2022: beneficios selectivos
El acercamiento se formalizó con plata y libertades. Investigaciones periodísticas documentaron que al menos 94 entidades evangélicas recibieron financiamiento del presupuesto nacional en distintos años.
Además, el régimen concedió autorizaciones para eventos masivos en plazas, un privilegio negado a cualquier otro actor religioso desde 2018 y facilitó importaciones de biblias y material religioso para los evangélicos.
El control se institucionalizó en 2022 con la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
La norma obligó a reportes financieros detallados, alianzas con ministerios estatales y facultó la cancelación de personerías por “incumplimientos administrativos”. Es decir, el cobro de impuestos parejo a organizaciones católicas como evangélicas.
A ello se sumó una ola de cierres indiscriminados: entre 2018 y febrero de 2025, el Estado canceló 5,507 ONG, de las cuales 1,280 eran religiosas (católicas y evangélicas).
Aunque la Iglesia católica concentró la mayor parte de la represión visible, el cerco a los evangélicos ya estaba en marcha: vigilancia policial, listas de miembros obligadas a reportar, restricciones a actividades fuera de templos y advertencias informales a pastores.
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2023: el fin de la ilusión
El 10 y 11 de noviembre de 2023, el ministerio evangélico Puerta de la Montaña celebró eventos masivos en Managua con participación de altos funcionarios de la dictadura, incluidos la alcaldesa Reyna Rueda, mandos policiales y el asesor presidencial Salvador Vanegas.
El transporte público fue desviado de su servicio tradicional para llevar asistentes, según reportes oficiales y los periodistas al servicio de la familia dictatorial dieron amplia cobertura.
Cuarenta y un días después, el 22 de diciembre de 2023, la Policía anunció la detención de 11 miembros del ministerio, acusados de lavado de dinero.
En marzo de 2024, tribunales controlados por el Ejecutivo los condenaron a penas de 12 a 15 años de prisión, impusieron multas de 80 millones de dólares por persona y ordenaron la confiscación total de bienes.
En septiembre de 2024, los once fueron excarcelados y desterrados a Guatemala. Estados Unidos, entre sus múltiples formas de presión, obligó al régimen a devolver las propiedades confiscadas o expulsarr al país del CAFTA.
La tarea destructiva del FSLN siguió su curso. En agosto de 2024, la dictadura canceló 3,500 ONG, de las cuales 169 eran evangélicas. Entre ellas figuraron organizaciones históricas como la Alianza Evangélica Nicaragüense y la Primera Iglesia Bautista de Managua.
Ese mismo año, informes independientes contabilizaron más de 60 iglesias evangélicas cerradas y 60 pastores forzados al exilio desde 2018.
En diciembre de 2024, las mismas tres grandes organismos evangélicos que niegan la persecución religiosa en 2025, (la Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, la Convención Bautista y la Conferencia Pentecostal de las Asambleas de Dios), difundieron comunicados asegurando que en el país “hay plena libertad religiosa” y que no existían restricciones para el ingreso de biblias.
2025: impuestos a la fe
En febrero de 2025 entró en vigor plena una reforma fiscal aprobada en agosto de 2024 que gravó el diezmo a los evangélicos.
Por primera vez en la historia reciente, todas las iglesias comenzaron a pagar Impuesto sobre la Renta (IR) por ofrendas y diezmos, con tasas de 10 % a 30 % según ingresos.
La derogación de exenciones históricas se sumó al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado desde 2023.
El pastor exiliado “Hernández” recuerda que su iglesia, fundada en 2001, había evitado cualquier pronunciamiento crítico y en las elecciones municipales y nacionales, dice, expresaron respaldo al régimen.
Mientras estaba viajando, Migración le negó el reingreso. En menos de un mes, la Policía ocupó los dos locales donde se realizaban los cultos y notificó la cancelación de la personería jurídica por “faltas administrativas”. Los bienes fueron confiscados.
No es el único pastor evangélico con ese problema: según la organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, hasta 60 pastores evangélicos han sido obligados al exilio y la mayoría ha decidido callar la injusticia por temor de represalias contra sus familias.
Aquellos años de idilio
Israel González recuerda episodios concretos para ilustrar esta cercanía entre los evangélicos y los sandinistas.
Menciona haber visto a Daniel Ortega asistir a eventos de telepredicadores en los años ochenta, y subraya que, ya en febrero de 2018, Ortega y Rosario Murillo participaron en un acto para entregar la Orden Rubén Darío a un pastor evangélico que había construido un megatemplo en la pista Jean Paul Genie, en Managua.
A partir de estos antecedentes, el analista describe una convivencia interesada entre el régimen y determinados liderazgos evangélicos.
Por un lado, explica, el poder político avanza en la destrucción de Iglesia católica y el país; por el otro, estos pastores predican “el paraíso de la vida eterna” y prometen bienestar económico mientras se diezma, sin un análisis crítico de la realidad inmediata que afecta al país.
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El diezmo del poder
Esa relación, afirma, se sostiene también gracias a ayudas y subvenciones estatales destinadas a la construcción de templos o al sostenimiento de las organizaciones religiosas, apoyos que “evidentemente se traducen en sumisión política”.
González cuestiona además el discurso oficial que insiste en la existencia de libertad religiosa en Nicaragua.
Plantea una pregunta directa: si realmente existiera libertad religiosa, ¿por qué un grupo de pastores tendría que salir públicamente a decir que les permiten hacer cultos?
A su juicio, ese argumento no se sostiene, sobre todo cuando diversas organizaciones internacionales, incluidas instancias de la ONU y organismos confesionales, El Vaticano incluido, han documentado la persecución religiosa en el país.
En su análisis, el periodista sintetiza la lógica del control estatal con una frase clara: “Mientras hables sobre el cielo no hay problema”. El conflicto surge, afirma, cuando el Evangelio se conecta con la realidad represiva que vive Nicaragua.
“Si uno se atreve a criticar al régimen, vas preso”, advierte, en referencia a los casos de líderes religiosos (católicos y evangélicos) encarcelados, desterrados o silenciados.
