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La entrada a Nicaragua ha quedado restricta ya no solo de hecho, sino que oficialmente para sus propios ciudadanos a confesión de la ministra del Interior, María Amelia Coronel, quien como si se tratara de una finca privada propiedad de la familia Ortega Murillo, afirmó el lunes pasado que continuará negando el ingreso al país a cualquier persona que, según sus criterios, represente un riesgo para la “seguridad nacional”.
Los criterios que se manejan para no permitir el ingreso a la finca privada de los codictadores son muy variados y comienzan con los que tengan “antecedentes penales”, léase los que han sido injustamente detenidos y procesados por causas políticas y sus familiares.
Irónicamente, entre los considerandos que enumera la funcionaria orteguista hay algunos que le caen como anillo al dedo a sus propios jefes como “delitos de criminalidad que atenten contra los derechos humanos de los nicaragüenses y otras nacionalidades que viven en nuestro país”.
Y personas que se dedican “al tráfico ilícito de inmigrantes”, es decir todos los que se involucraron en el tráfico masivo de inmigrantes hacia los Estados Unidos que produjo sustanciales ganancias económicas al régimen en 2023/24, particularmente al Aeropuerto Internacional que experimentó entonces un crecimiento exponencial en la llegada de “turistas” en vuelos charter sobre todo de África, Cuba y Venezuela.
Las prohibiciones de entrada y negación del pasaporte a los nacionales constituyen un delito de lesa humanidad porque condena al exilio a miles de nicaragüenses porque de hecho son expatriados, muchos de los cuales no denuncian sus casos porque tienen familiares en Nicaragua y porque gestionan o tienen la esperanza, de que la medida sea revertida.
Es difícil imaginar los criterios para no permitir la entrada al país a muchos creadores de contenido o youtuber como al español Sergio Rivera del canal Viajes de Ida o al argentino Federico Skrbec quien junto a su pareja Sol Luccisano pretendían ingresar al país para hacer turismo y promocionar el país.
Según reporta LA PRENSA en una nota informativa el pasado lunes, también fue impedido de entrar a la “finca privada” de los Ortega Murillo el bloguero argentino Alexander Lapshin quien denunció que fue objeto de un intento de secuestro junto con su esposa y su hija de 10 años en la frontera con Honduras.
Entre otros youtuber que no se les ha permitido la entrada al país figuran también la colombiana Angélica Chávez; Henry Alexander Guillón, de Perú; Pablo Imhoff, de Argentina; Charly Sinewan, de España; y al nicaragüense Francisco Reyes Rosas, conocido como “Chico Reyes Rosas”.
Las declaraciones de la ministra María Amelia Coronel vienen a confirmar que la actual codictadura familiar maneja el país como si fuera una finca privada donde ponen restricciones de ingreso inverosímiles a todo aquel, sea nacional o extranjero, que no quieran dejar entrar al país.
Según una investigación publicada en LA PRENSA, los youtuber a quienes no se les permitió la entrada al país no tuvieron ningún contratiempo para ingresar a otros países centroamericanos por los que transitaron, así como a México y Estados Unidos.
Mi padre solía decir, cuando se le preguntaba qué quería decir con que Nicaragua vuelva a ser República, que sea lo que en latín su nombre significa: res, cosa, pública en contraposición a res privata, o cosa privada; y aunque él se refería a cómo se manejaba entonces la cosa pública en tiempos de Somoza, no puede haber mejor descripción de cómo se manejan en la actualidad: como una finca privada.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984
