Uno de los buses que cubrirá la ruta hasta el centro oncológico. Foto: Medios oficialistas

La irracionalidad de las confiscaciones: Llegar al Centro Oncológico montado en el Incae sigue siendo inaccesible

Sobrevivientes de cáncer explicaron a LA PRENSA que siguen sufriendo una odisea para llegar y ser atendidos en el centro, montado en la propiedad robada al Incae en el kilómetro 15 de Carretera Sur

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A pesar de que la dictadura Ortega-Murillo habilitó en junio pasado una “ruta especial” que sale desde el Mercado Israel Lewites para trasladar a pacientes al Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa —instalado en la propiedad robada por la dictadura orteguista al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae)—, sobrevivientes de cáncer denuncian que la odisea para recibir seguimiento médico en ese lugar continúa.

“Juana”, sobreviviente de cáncer de mama, quien era tratada en el Hospital Bertha Calderón, en Managua, hasta antes de que la dictadura ordenara enviar desde marzo pasado a todos los pacientes al nuevo Centro Oncológico Nacional, inicialmente utilizaba la nueva ruta habilitada, pero terminaba saliendo más tarde de su consulta, por lo que decidió seguir gastando en taxi.

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“Yo me iba a las 5:30 de mi casa con mi hija, llegaba en ruta al Israel a agarrar el bus que pusieron, el de las 6:00 y allá se llegaba casi media hora después. Y cuando ya llegábamos, todo mundo buscando la fila de admisión, que además ya estaba larga porque estaban los que llegaban en taxi o en su carro… No resulta, la verdad, no resuelve, a menos que lo saquen antes, porque al final uno siempre sigue saliendo tarde de la consulta”, indicó “Juana”.

Pacientes gastan en taxi para no salir tarde de la consulta

La mujer es adulta mayor, no recibe pensión y se mantiene económicamente gracias a lo que ganan sus hijos con la venta de tortillas, frijoles y una pequeña pulpería. Su hija, en los últimos meses que les ha tocado viajar hasta las instalaciones del nuevo centro, ubicado en el kilómetro 15 de Carretera Sur, en la propiedad robada al Incae, cada vez que tiene cita debe invertir 600 córdobas en el taxi de ida y regreso.

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“Se aparta con sacrificio lo del taxi porque si no mi hija pierde todo el día de vender. Aunque salgamos a las 5:00 de la mañana, si no nos vamos en taxi volvemos al final de la tarde”, indicó.

Entrada del Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa, montado sobre la propiedad robada al Incae. Foto: Tomada de medios oficialistas.

Lo mismo, explicó la capitalina, ocurre con otra sobreviviente de cáncer que se ha vuelto su compañera de lucha contra esa enfermedad. Ella —comentó “Juana”— viaja desde Masaya y hay días en que llega a su casa hasta las 7:00 de la noche, porque debe abordar tres buses: el que la trae de Masaya a Managua, el del Manolo al Israel y luego del Israel al Incae.

Pacientes de otros departamentos regresan tarde a sus hogares

Antes, la compañera de lucha de “Juana” era atendida en el Hospital Manolo Morales, pero tras la apertura del nuevo centro ha sido obligada a asistir a ese lugar que le queda más lejos.

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“Juana” comentó que la primera vez que su compañera fue al nuevo centro se enteró de que debía ir hasta allá cuando ya había esperado varias horas en el Hospital Manolo Morales.

“Como las citas son dentro de varios meses, a ella le tocó y no se había dado cuenta de que era en otro lado, y llegó tardísimo, casi a las 11:00 de la mañana, y fue de las últimas en salir. Me dijo que llegó como a las 7:00 de la noche a su casa”, afirmó.

En el nuevo centro, explicó Juana, los pacientes son divididos según el hospital del que fueron transferidos, y de esa forma se organizan las atenciones, pero por la cantidad de pacientes que llegan el lugar se mantiene abarrotado y difícilmente salen temprano de las consultas.

La dictadura Ortega-Murillo, en marzo pasado, inauguró lo que dijo era la primera etapa del Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa, exactamente, un año y seis meses después de despojar al Incae de su personalidad jurídica, a través del acuerdo ministerial 106-2023-OSFL, señalándolo de falta de transparencia en la administración de sus fondos, incumplir sus obligaciones y «obstaculizar» las funciones de control y vigilancia del, en ese entonces, Ministerio de Gobernación (Migob).

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