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El 5 de marzo de 2018 el recién formado Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó a la nación una propuesta urgente para devolver a todos los ciudadanos nicaragüenses su derecho a elegir. Era una propuesta que en sus puntos fundamentales tarde o temprano el país deberá retomar al salir de la dictadura, eligiendo libremente a sus autoridades y revertir todo el andamiaje legal creado por la dictadura para consolidar su poder.
La propuesta comienza por lo más elemental: una cédula de identidad y el derecho al voto para todos; un poder electoral eficiente, transparente e imparcial; procedimientos electorales que garanticen el respeto a la voluntad popular; procesos electorales transparentes fiscalizados y observados; garantía al derecho de todos los ciudadanos a organizarse políticamente; y gobernantes sujetos a la voluntad popular.
La cédula de identidad otorga el derecho al voto a todos los nicaragüenses, incluyendo a los que residen en el extranjero, porque el lugar de residencia no debe privar a los ciudadanos nicaragüenses mayores de 16 años de su derecho elemental a elegir. Para tal efecto, la propuesta contenía un procedimiento para la cedulación de residentes en el extranjero utilizando los consulados.
La propuesta contemplaba dotar al Consejo Supremo Electoral de un marco legal que brinde seguridad a los votantes y a los partidos políticos, realizar reformas en los órganos electorales para promover la imparcialidad y la participación ciudadana para que puedan acceder a las magistraturas del CSE ciudadanos capaces, honestos y sujetos en sus actuaciones al principio de legalidad.
La propuesta no contemplaba la suscripción popular porque la suscripción popular atenta contra los partidos políticos que son la base de la democracia representativa, ya que facilita a organizaciones o personas que representan intereses particulares y no del interés general lanzarse a la presidencia sin organización territorial, definición ideológica, principios, ni programas creíbles, es decir, lo que se ha dado a llamar los “taxis electorales” que tan solo sirven para llenar las papeletas de votación y saturar con su foto sonriente todos los postes del país.
De acuerdo con la Ley Electoral vigente en el 2017, a Ciudadanos por la Libertad le había costado mucho llenar los requisitos legales existentes para obtener su personería jurídica y poder participar como partido en los procesos electorales, quebrando así la dicotomía del espectro político de aquel entonces, ofreciendo una alternativa electoral al estatus quo después del pacto Alemán-Ortega.
Resumiendo los requisitos que tuvo que llenar CxL para convertirse en partido político el 3 de mayo de 2017: aparte de sus estatutos, definición ideológica, programa, tuvo que organizarse en los 153 municipios del país con juntas municipales de 7 personas electas por una asamblea de un mínimo de 25 personas; 15 directivas departamentales y dos juntas directivas regionales de 9 personas cada una electas por las juntas directivas de sus respectivos municipios; un Comité Ejecutivo Nacional de 14 personas electas por una convención nacional compuesta al menos por todos los presidentes y secretarios de las juntas directivas municipales electas a nivel nacional. Todo este proceso fue supervisado y verificado por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
No estoy implicando ni proponiendo aquí que en un futuro la participación de los partidos deberá tener requisitos tan estrictos para limitar el número de contendientes, pero tampoco deben ser tan holgados como para que la boleta electoral se convierta en un abanico de micro grupos autodenominados “partidos políticos” devenidos en “taxis electorales”.
Estos “partidos” formados en un escritorio al bolsazo atomizan el espectro político, convirtiéndolo en un mar de siglas y egos, algunos de los cuales, saben y confiesan en privado que jamás serán electos, pero aspiran a una diputación regalada, o al menos que su tarjeta de presentación lea: “Fue candidato a la presidencia de la República” como un caso que conocí después de las elecciones de 1996 que obtuvo 890 votos y un mísero 00.05 por ciento. Son candidatos de partidos fugaces que se apuntan al premio mayor, con la esperanza de sacar al menos “una terminación”.
La nueva Ley Electoral debe establecer requisitos razonables para que un movimiento político pueda convertirse en partido político y participar en las contiendas electorales para que no sean meros “taxis electorales” que se forman y desaparecen de acuerdo con las mareas electorales. Los gremios y organismos no gubernamentales (ONG) deben apoyar al partido de su preferencia, pero no pueden sustituir el rol de los partidos políticos.
En la nueva Nicaragua se debe promover la participación ciudadana en los partidos políticos y la elección de las autoridades y candidatos debe ser de forma directa y en elecciones primarias, aunque ello conlleve un alto costo. Es decir, las autoridades y los candidatos deben ser electos por las bases del partido y no escogidos en listas o planchas, como ha sido la tradición en nuestra cultura política.
Lógicamente, se debe de abolir la ley del transfuguismo político que obliga a los diputados a votar de acuerdo con lo que señala el partido, bajo pena de destitución, y no de acuerdo con su conciencia. La legitimidad de los representantes se fortalece con la elección directa, que es mucho más complicada y costosa para el Estado que la lista o plancha, pero es más democrático.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue firmante del acta constitutiva del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
