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Simone Weil, filósofa francesa, argumentó en su libro Sobre la abolición de todos los partidos políticos (1956), que estos eran nefastos para la democracia. Seguramente es un planteamiento sorprendente para quienes los piensan indispensables. Igualmente puede sorprendernos que otro gran pensador, Sócrates, haya considerado nefasta la democracia. Estemos de acuerdo o no, es bueno oír voces que desafían dogmas políticos. Porque la irreflexión es una de las marcas de nuestro tiempo.
No vamos a discutir aquí todos sus argumentos, pero sí llamar la atención a la importancia de no perder el sentido crítico. Porque mucho se habla de restaurar la democracia, pensando que bastará con revivir el sistema de partidos, las libertades públicas, el sufragio universal y la división de poderes. Pero poco o nada se analiza la gran complejidad de estos componentes y cómo algunos de ellos han fallado y pueden seguir fallando, en nuestra historia. No olvidemos que, como se dice, el diablo está en los detalles.
Idealmente, o en teoría, los partidos son agrupaciones de ciudadanos, unidos a través de una filosofía, programa o visión política, que buscan acceder al poder convenciendo al electorado que sus propuestas son las mejores para el país. Los diputados que cada uno cosecha representan al pueblo y son los encargados de gestar las leyes. Suele asumirse que son el instrumento más idóneo para que prevalezca la voluntad popular y, por ende, la democracia. Pero hay un abismo entre la teoría y la práctica.
En Nicaragua nunca ha sido así. Por casi dos siglos el conflicto político dominante fue el protagonizado por los partidos liberal y conservador. Aun cuando ambos enunciaran distintos planteamientos políticos, el electorado no se guiaba por ellos. Sus lealtades a sus partidos eran tribales; los leoneses solían ser liberales y los granadinos conservadores. Las filiaciones políticas solían ser genealógicas. Se decía por eso que fulano era liberal “de cepa”, es decir de familias liberales. Igual pasaba con los conservadores. El que no lo era carecía de ese grado de pureza. No había análisis ni discusión de propuestas de gobierno. El liberal votaba por los candidatos que enarbolaran la bandera roja y los conservadores por quienes blandieran la verde. Punto. Eran, además, partidos caudillistas sin democracia interna.
Tras la revolución de 1979 la dicotomía liberal conservadora fue sustituida por la liberal sandinista. Hubo una transición a la democracia, pero que, desafortunadamente no alteró el mal funcionamiento de los partidos políticos. Al contrario; el diseño legal y constitucional (previo a las reformas chamucas), y aceptado incluso por los demócratas, produjo un sistema de partidos autocráticos con la potestad de permitir a su cúpula o caudillo seleccionar sus candidatos a diputados en listas o planchas: nada más antidemocrático u opuesto al concepto de los diputados como representantes del pueblo. Pues ahora estos no tienen que salir a campo o calles a buscar respaldo ciudadano para entrar en la privilegiada lista sino ganarse la simpatía del jefe. Los partidos se convierten así en agencias de empleo y los diputados en agradecidos súbditos de quien los nombró. Son representantes, pero del caudillo.
Una atroz resolución posterior del Consejo Supremo Electoral de 2021 selló la completa subordinación de los diputados y concejales del país: serían destituidos, automáticamente, quienes votaran distinto de su bancada. Con esto se incurrió en la práctica de exigir a los representantes no votar de acuerdo con sus convicciones sino de acuerdo con lo mandado desde arriba. Atroz e inmoral, aunque ventajoso para los jefes de los partidos.
Este sistema no puede continuar. Los partidos deben ser obligados a practicar primarias secretas y supervisadas para la elección de sus dirigentes y los diputados deben ser electos regionalmente, abriendo junto con ello las candidaturas por suscripción popular, es decir, las de aspirantes a diputados sin partido. Igualmente deberá abolirse la llamada prohibición del transfuguismo partidario, asegurando la independencia total de cada representante.
Pero no basta con esta y otras reformas parecidas. Habría que cuestionar todavía si aún con ellas son los partidos políticos los mejores transmisores de la voluntad popular y si deben ser ellos, a través de sus diputados, los únicos gestores de leyes y electores de magistrados. Lo discutiremos próximamente junto con otro tema controversial: los peligros del sufragio universal.
El autor es sociólogo, exministro de Educación.
