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Las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de sancionar a conductores del servicio selectivo de transporte que utilizan plataformas locales o la rusa InDrive —a quienes multan después que funcionarios de la Policía y del Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) solicitan el servicio—, sumado a la negativa de permitir el ingreso de aplicaciones internacionales de transporte, le restan competitividad turística al país, según fuentes del sector consultadas por LA PRENSA.
Este diario conoció la semana pasada que, la Policía de Tránsito y agentes del Irtramma incrementaron sus operativos para sancionar a conductores que ofrecen servicios mediante aplicaciones. Las autoridades solicitan viajes desde las plataformas y luego interceptan y multan a los choferes.
A criterio de una fuente del sector transporte, Nicaragua ha quedado en desventaja, porque cuando un turista llega y no encuentra estos servicios, eso afecta la imagen del país.
“No es lo mismo para un turista subirse a un Uber, que le ofrece cierta certidumbre y seguridad, aunque no sea un servicio perfecto. Las estadísticas muestran que Uber ofrece una garantía básica, uno sabe que el conductor fue verificado previamente por una empresa privada. En Nicaragua, en cambio, te subís a un taxi que puede detenerse donde quiera y recoger a quien quiera. Como extranjero, no tenés ninguna garantía”, aseguró la fuente.
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15 años sin legalizar Uber y otras plataformas
Desde mediados de la década de 2010 hubo interés en que servicios de transporte por aplicaciones ingresaran a Nicaragua. En enero de 2017, para evitar conflictos con los taxistas, las autoridades anunciaron que no había «disposición de abrir las puertas a Uber”. Las organizaciones de taxistas celebraron la decisión, mientras el entonces Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señalaba que sería inevitable avanzar hacia esas tecnologías.
En ese momento una fuente empresarial aseguró que Nicaragua lo que necesitaba era alcanzar el nivel de otros países y ofrecer estándares similares de seguridad, especialmente considerando que conducir en el país es “complicado” por su ausente o deficiente señalización vial, que se convierte en un gran obstáculo para que los extranjeros que visitan el país alquilen un vehículo.
“Si existiera Uber se podría reducir la cantidad de accidentes por esa causa. Pero eso nunca se logró”, asegura un dirigente del sector transporte.
El ejemplo de Costa Rica con Uber
En otros países, entre ellos Costa Rica, el conflicto entre taxistas y Uber fue evidente. Y aunque actualmente el servicio está permitido, existen contradicciones entre las autoridades, ya que los agentes de tránsito pueden multar a los conductores que ofrecen servicios en la aplicación, pese a que la empresa está registrada.
“En cambio, en Nicaragua el gobierno no lo autorizó. Y con este tipo de servicios —como Uber o Airbnb— no hay forma de operar sin conocimiento del Estado, porque son plataformas que requieren registro ante la empresa matriz y, además, están reguladas en los mercados bursátiles. Por eso, necesitan la autorización del país donde funcionarán. No se trata sólo de tecnología, sino de permisos y control estatal”, señaló un especialista consultado.
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Plataformas locales
Hace algunos años surgieron aplicaciones nacionales como Aventón en 2017 y Ray en 2018, creadas por emprendedores nicaragüenses. Y en octubre de 2019 llegó a Managua el servicio internacional InDriver, una aplicación rusa basada en el “regateo” de tarifas.
El especialista explicó que la aparición de estas plataformas evidenció con el tiempo que el régimen Ortega Murillo perdió el supuesto objetivo de proteger al taxista nicaragüense, pues comenzaron a operar opciones locales —algunas incluso permitían que taxistas usaran la aplicación—.
En febrero de 2020, las autoridades del Irtramma señalaron que el uso de InDrive no tenía asidero legal en el país y que, al no tener presencia física en Nicaragua, no podía regularla.
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“Es especulación, pero para que surgieran esas alternativas, tuvieron que ser negocios vinculados a los Ortega Murillo. De repente aparecieron servicios manejados sólo por mujeres, servicios de motociclistas que transportan pasajeros a precios más bajos que los taxis, e incluso plataformas locales que funcionaban como competencia de Uber”, señaló el especialista.
En resumen, el argumento de protección al taxista nicaragüense terminó siendo una excusa. En la práctica, se crearon negocios vinculados al régimen y se cerró la puerta a la competencia internacional, afectando la modernización y la imagen del país.
