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Por primera vez el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó su informe ante el plenario de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, celebrada recientemente en Nueva York.
En la reunión, el presidente del grupo de expertos Jan-Michael Simon demandó que la comunidad internacional haga responsable a las autoridades de Nicaragua y estas sean llevadas ante la Corte Internacional de Justicia en vista de las fragrantes y graves violaciones a los derechos humanos comprobadas por dicho grupo en cientos de testimonios.
El grupo de expertos solicitó al régimen información sobre las personas desaparecidas y sobre las circunstancias que llevaron a la muerte a dos de ellas, Carlos Cárdenas Zepeda y Mauricio Alonso. En la actualidad el GHREN tiene conocimiento de que existen 73 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada.
Simon recordó que Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un día antes de la presentación del informe más reciente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó prorrogar el mandato del GHREN hasta el 2027 con una resolución aprobada por una amplia mayoría de 29 votos a favor y 4 en contra, entre los que figuran Corea del Norte, Irán, Venezuela y la propia Nicaragua.
El informe de la GHREN esta vez fue apoyado por países liderados por gobiernos de izquierda democrática como México y Brasil, lo que refleja el creciente grado de aislamiento de la dictadura a la que solo le van quedando los aliados incondicionales de los regímenes totalitarios de Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Rusia y China en Asia, y Venezuela y Cuba en las Américas.
Uno de los puntos que destacó el informe es la persecución transnacional que ejecuta la dictadura familiar Ortega-Murillo, entre lo que destacan los asesinatos de los opositores nicaragüenses Roberto Samcam, Rodolfo Rojas Cordero en Honduras, Jaime Luis Ortega Chavarría y el segundo atentado contra Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto.
En adición a la persecución transnacional, la dictadura ha desterrado, despojado de su nacionalidad y confiscado sus bienes y pensiones de vejez a 316 opositores y a muchos otros cientos, o quizás miles, los ha confinado de hecho a un estado de apatridia, al no permitirles la entrada a su propio país y no renovarles sus documentos de identidad requeridos para establecerse en el exilio.
Un nuevo caso de persecución transnacional podría ser —de comprobarse la denuncia del joven estudiante en España, Kevin Solís— quien denunció que el sábado 1 de noviembre fue amenazado con un arma de fuego por un desconocido. El sospechoso fue capturado por la policía española que investiga el caso y ha sido trasladado al Juzgado 47 de Madrid.
Solís ha estado preso injustamente en Nicaragua en dos oportunidades, que totalizan tres años y ocho meses, por sus actividades opositoras desde la crisis sociopolítica del 2018. Fue liberado en el memorable “vuelo a la libertad” el 9 de febrero del 2023 junto con 221 exprisioneros políticos y tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe del GRHEN fue retomado por 8 expresidentes de Costa Rica que pidieron a la comunidad internacional que apoyara dicho informe; asimismo pidieron mayor beligerancia al Gobierno de Costa Rica en la resolución de los casos conocidos de persecución transnacional y en la protección de los refugiados nicaragüenses en ese país vecino, particularmente en el caso de Roberto Samcam.
Los expresidentes firmantes Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado expresaron su preocupación por la persecución, afirmando haber recibido “múltiples testimonios de personas que denuncian haber sido seguidas, acosadas, abordadas por desconocidos mientras se encontraban en el extranjero”.
El informe del GHREN se produce justo en el tiempo que la Sección 301 del ejecutivo de los Estados Unidos ha hecho público un amplio informe de sus hallazgos sobre las acciones, políticas y prácticas represivas del régimen y ha recomendado a la presidencia de los Estados Unidos que aplique medidas comerciales severas como sacar a Nicaragua del DR-Cafta o la imposición de aranceles hasta del 100 por ciento a las importaciones de ese país y ha abierto un período de consultas hasta el 19 de noviembre fecha en que el presidente Trump podría tomar una decisión al respecto.
De cualquier manera, el reciente informe del GHREN sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua deja muy mal parada a la dictadura dinástica Ortega-Murillo y en la antesala de sanciones económicas severas y de la justicia internacional.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984
