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Luego del atentado del que fue víctima el pasado sábado 1 de noviembre en España, el excarcelado político Kevin Solís acudió el lunes a una audiencia judicial tras la captura del presunto atacante. La comparecencia de Solís como parte del proceso judicial se realizó a solicitud del juez, según explicó en declaraciones a LA PRENSA.
Solís afirmó que el juez “está bien informado de lo que sucede en Nicaragua” y que “reconoció todo como lo que realmente es”, en alusión a las altas probabilidades de que el atentado esté vinculado a un plan orquestado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de la persecución a opositores más allá de las fronteras del país, conocida como represión transnacional.
“El juez mencionó varias cosas, como la demanda que tengo activa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Nicaragua. Hasta el momento, el sujeto sigue preso y yo sigo esperando respuesta”, declaró Solís vía telefónica.
El joven de 26 años relató que un individuo, ubicado a pocos metros de su vivienda y con una fotografía suya en su teléfono celular, lo apuntó con un arma de fuego.
“(El sujeto) iba a disparar hasta que un tercero gritó”, narró Solís en declaraciones anteriores.
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El juez no descarta que atentado tenga motivaciones políticas
Solís indicó que el juez no descarta que se trate de un atentado, ya que él no tiene antecedentes ni conflictos personales en España.
“Solo fui a declarar lo que ocurrió. El juez quería conocerme en persona porque, como te repito, conoce el contexto nicaragüense. Considera que podría tratarse de un atentado, ya que no tengo problemas con nadie y llevo una vida muy tranquila”, explicó.
A la vez, manifestó no tener dudas de que el ataque tuvo motivaciones políticas, aunque dijo desconocer la identidad del agresor.
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“No veo otra explicación, porque el objetivo del tipo era claramente yo. Me rondó, dio vueltas, se escondió para esperarme y fue directamente hacia mí”, señaló.
Solís forma parte de los 222 nicaragüenses que fueron enviados a Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega el 9 de febrero de 2023 y luego despojados arbitrariamente de su nacionalidad.
ONU documentó vigilancia en el exterior
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emplea una compleja red de vigilancia e inteligencia que involucra al Ejército, la Policía, el servicio exterior (embajadas y consulados) y agentes no estatales para perseguir a opositores y críticos fuera del país. Estas estructuras aplican medidas como el monitoreo en redes sociales e incluso la interceptación de llamadas, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
El informe Nicaragua: Persecución más allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado el 23 de septiembre en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, señala que los agentes del régimen tienen la tarea de identificar y monitorear “amenazas” internas y externas a la dictadura.
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«Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente. La Policía Nacional, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el Ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad», detalla el informe, que subraya que la red de informantes en el exterior está integrada tanto por nicaragüenses como por personas locales.
Según el GHREN, las acciones de persecución y vigilancia transfronteriza se dirigen principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra, exmiembros del Ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y defensores de derechos humanos.
