Ni Honduras ni Costa Rica son países seguros para los exiliados nicaragüenses en riesgo de deportación desde Estados Unidos, adviertes analistas, a propósito del riesgo que amenaza a Yadira Córdoba que enfrenta un proceso judicial migratorio en el que una fiscal solicitó que fuese enviada a territorio hondureño.
Córdoba es madre de Orlando Aguirre Córdoba, un joven de 15 años que fue asesinado el 30 de mayo de 2018 en una manifestación durante la Operación Limpieza que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde el pasado 20 de agosto, la nicaragüense se encuentra en un centro de detención de San Antonio, Texas esperando a ser deportada o que le aprueben el asilo político en Estados Unidos.
“Cualquier traslado debe evaluarse caso por caso y a la luz del principio de no devolución, que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde corra riesgo real de persecución o graves violaciones de derechos”, valora el especialista en leyes migratorias, Rommel López.
No es un destino seguro
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, quien es parte de la defensa de Córdoba, explica que Honduras no es un destino seguro para esta mujer ni para ninguna otra persona que sea perseguida por el régimen de Ortega y Murillo. Además, considera que el gobierno hondureño podría entregarla a Nicaragua en cualquier momento.
“El gobierno de Xiomara Castro es aliado de Ortega. Su esposo Mel Zelaya estuvo asilado en Nicaragua y ellos están en deuda con Daniel Ortega”, señala Cuevas.
Un experto en temas de seguridad que solicita anonimato indica que “ha quedado demostrado” que tampoco Costa Rica no es un lugar seguro para los exiliados y que el Frente Sandinista ha ejecutado operaciones desde la década de los ochenta en ese territorio.
“La Seguridad del Estado enviaba a sus elementos a operaciones en Honduras y Costa Rica. Así asesinaron a varios contras, incluso le pusieron una bomba a Edén Pastora cuando no estaba del lado de ellos (Atentado de La Penca, 1984) y eso fue en territorio tico”, insiste. Por esa razón “no nos extrañemos que ahora ejecuten operaciones como parte de su represión transnacional”.
Los tentáculos del régimen
Los tres analistas coinciden en que el régimen orteguista puede extender sus tentáculos fácilmente a los países vecinos para liquidar a sus adversarios políticos. En ambos países, Honduras y Costa Rica, ya ha habido casos de opositores a la dictadura asesinados en circunstancias sospechosas o que aún no han sido esclarecidas.
El caso más reciente es el de Roberto Samcam, un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua que fue asesinado de ocho balazos en su casa de habitación en Moravia, San José, la capital costarricense, el pasado mes de junio.
Aunque el caso no ha sido esclarecido por las autoridades del vecino país del sur, aún no se descarta que las motivaciones fueron políticas mientras que los abogados de este caso apuntan a que su muerte fue ejecutada por la inteligencia militar nicaragüense. Otro caso conocido es el de Joao Maldonado, quien sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte sicarios en Costa Rica.
Casos en Honduras
De igual manera, en Honduras se registra casos de personas opositoras al régimen de Ortega que han sido asesinadas como Rodolfo Rojas Cordero, de 65 años, excombatiente sandinista que se rebeló en contra de Ortega y quien fue encontrado sin vida en junio de 2022 cerca de una carretera en Danlí, en territorio hondureño.
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También está el caso de Santiago Rivera Müller, alias “Tigre-León”, un exmiembro de la Contrarrevolución que combatió a los sandinistas en los años ochenta. Lo asesinaron en Trojes, Honduras el 21 de junio de 2023 tras huir de la represión orteguista. Él se manifestó en contra del régimen y estuvo en los tranques de El Cuá y Wiwilí.
Sobre este último caso, Pablo Cuevas asegura que tiene un testigo clave que usará para defender a Yadira Córdoba y demostrar que Honduras no es un lugar seguro para esta mujer cuyo hijo lo asesinó la dictadura.
Se trata de un excarcelado político que en 2021 huyó hacia Honduras y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo resguardó en un hotel. “En ese hotel estaba resguardado Tigre-León y este excarcelado vio a un policía nicaragüense de nombre Julio García en la entrada del hotel tomándole fotos a Tigre-León”.
Cuevas sostiene que aquello se trataba de un trabajo de inteligencia que estaban haciendo en contra de Rivera, quien apareció muerto en Honduras tiempo después.
No hay garantías
El especialista en leyes migratorias, Rommell López, explica que las deportaciones hacia terceros países como Honduras o Costa Rica “no son automáticamente seguras. La seguridad real depende de múltiples factores”.
Esos factores de los que habla López no solamente tienen que ver con la seguridad de la persona, sino también con el acceso al trabajo, redes familiares o comunitarias, acceso efectivo a asilo y representación, detalla.
También es necesario valorar “el nivel de violencia general y de xenofobia” que existen en estos países, además de “la proximidad geográfica con Nicaragua, que puede facilitar vigilancia, presiones o incluso devoluciones en cadena”.
Para López, ninguno de los dos países es seguro para los nicaragüenses exiliados. En Costa Rica “hay altos niveles de violencia, aunque con leves variaciones, y organismos han alertado sobre aumentos de xenofobia hacia personas migrantes”. Mientras que en Honduras, “se mantiene entre los países más violentos la región”.
El experto en seguridad señala que tanto Honduras como Costa Rica al ser países vecinos, a los efectivos del régimen les resulta fácil moverse por los puntos ciegos de las fronteras. “Todo mundo sabe que hay vías de migración irregular en la región y estos elementos se camuflan como un migrante más, como jornaleros, como lo que vos querrás, pero su objetivo es entrar al país para hacer su trabajo de inteligencia y esperar la orden”, señala.
El caso de Yadira Córdoba
La próxima audiencia en la que un juez valorará si Yadira Córdoba se le deporta o se le permite quedarse en Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo jueves seis de noviembre.
“La juez no es el problema, es la fiscal”, explica Cuevas. “La fiscal se dio cuenta que doña Yadira tiene un caso fuerte, pero como no quieren que nadie se quede en Estados Unidos, entonces hizo la propuesta de deportarla a Honduras. Doña Yadira dio su testimonio y la fiscal ni la contrainterrogó ni nada”, detalla el defensor de derechos humanos.
Lo que la fiscal hizo fue presentar al juez un documento donde Estados Unidos y Honduras acordaban recibir a inmigrantes deportados de terceros países. “Primero habían dicho que Costa Rica, pero demostramos y aportamos pruebas de que era un riesgo que la deportaran a Costa Rica. Ahora la fiscal le propuso eso, que la deportaran a Honduras”.
Por ahora, la defensa de Córdoba está trabajando en conseguir las pruebas que demuestren que Honduras tampoco es un lugar seguro para ella. Mientras tanto, la mujer a la que el régimen Ortega Murillo le asesinó a su hijo de 15 años, espera la decisión final del juez en un centro de detención.
