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El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha insistido en que la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (Ley 1223) representa un avance hacia la modernización, el bienestar de los usuarios y la consolidación de acuerdos tecnológicos estratégicos; sin embargo, en términos reales, se observa una política de control que fortalece sus alianzas, le deja el camino libre para ampliar sus negocios y pone en peligro la seguridad de la ciudadanía.
Uno de los pilares que sostiene el discurso oficial sobre la ley es la supuesta promoción de la competencia. El artículo 33 establece que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) podrá reducir o eximir del pago del canon por regulación a nuevos operadores o microempresas, particularmente en zonas rurales.
Según el texto, estas medidas buscan “reducir la brecha digital en todo el país” y fomentar la inversión. No obstante, al ser Telcor un apéndice de los dictadores —la misma directora es hija del cojefe de la Policía y consuegro de los dictadores— se habilita un mecanismo discrecional que puede operar más como recompensa para afines al régimen y castigo para críticos, evidentemente, de incentivo real para una competencia justa no queda nada.
El artículo 126 prohíbe acuerdos que restrinjan o falseen el mercado; el 127 califica como competencia desleal toda práctica contraria a los “usos honestos”; y el 130 impide concentraciones económicas que perjudiquen la libre competencia a los usuarios.
«A estas alturas cabe preguntarse: ¿en manos de quién están las empresas en Nicaragua? ¿Existe competencia real? La respuesta parece más que evidente, pues la dictadura y sus socios internos copan todo espacio de negocio en radio, televisión, cable telefonía e internet, al amparo del poder público», comentó un experto en telecomunicaciones hoy en el exilio, quien aún así solicitó el anonimato por temor a represalias.
«Las disposiciones son aparentemente buenas, pero su implementación queda a discreción de Telcor, sin garantías de independencia o transparencia y ningún contrapeso, ni en los hoy llamados órganos Legislativo, y Judicial, ni en la Contraloría», dijo el experto.
Negocios entre aliados: tecnología, defensa y control
Todo el engranaje de la ley abre una serie de posibilidades para el régimen, que ahora tiene en sus manos un nuevo terreno para expandir su red de negocios privados bajo el paraguas estatal.
«No es ningún secreto (como han documentado diversas investigaciones periodísticas) que desde su retorno al poder en 2007, la pareja presidencial ha utilizado a testaferros y familiares para construir un emporio mediático a través de los principales canales de televisión y estaciones de radio, y un jugoso imperio económico que abarca múltiples sectores, siendo el negocio petrolero uno de los más expuestos», consideró la fuente.
Para el experto «es razonable suponer» que el siguiente paso es una inmersión sin control en el mundo de las telecomunicaciones, donde el marco legal ya está diseñado a su medida: concentración institucional, beneficios selectivos, control del espectro y alianzas estratégicas con países gobernados por regímenes autoritarios.
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Para el experto, a manera de ejemplo, un punto que a simple vista es un paso a la modernidad y en favor de los usuarios: la Portabilidad Numérica (el derecho del usuario a mantener su número al cambiar de proveedor de telefonía) bajo la dictadura facilitaría el traslado de clientes de los actuales operadores hacia un nuevo competidor controlado por la familia gobernante.
Según el artículo 158, la ley entrará en vigencia doce meses después de su publicación en La Gaceta, diario oficial. La ley fue publicada oficialmente el 6 de noviembre de 2024, lo que implica que su entrada en vigor será a partir de noviembre de 2025.
Entre otras razones técnicas, este período, conocido por los abogados como vacatio legis, se dio en la ley porque Telcor debió desarrollar en estos doce meses la normativa adecuada para implementar la Portabilidad Numérica. A partir de noviembre será obligación de los operadores mantenerles a los usuarios el mismo número, aunque cambien de compañía u operador.
Alianza con otros regímenes autoritarios en materia de telecomunicaciones
El 23 de abril de 2025 se firmó en Managua un memorándum de entendimiento con la empresa estatal rusa Rostelecom Solar para “capacitación en ciberseguridad”.
La firma estuvo a cargo de Nahíma Díaz Flores, directora de Telcor, en un acto acompañado por Laureano Ortega Murillo (hijo de la pareja presidencial) y altos mandos policiales y militares. Aunque fue presentado como un esfuerzo para “garantizar al pueblo la paz y la seguridad”, el acuerdo refuerza una lógica de vigilancia digital y blindaje autoritario. Díaz y su padre, el cojefe de la Policía, Francisco Díaz, están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por su participación en violaciones de derechos humanos.
Semanas después, el 11 de mayo, una delegación oficial viajó a Beijing para participar en la IX Reunión Ministerial del Foro China-Celac. Durante la visita, se firmaron contratos con empresas como HUAWEI y CCSI para proyectos de conectividad y plataformas logísticas, y con POLY Technologies para el suministro de equipos al Ejército de Nicaragua. También, según los reportes oficialistas, se abordaron megaproyectos con Huadian y Powerchina.
Estos acuerdos forman parte de una estrategia que refuerza el autoritarismo mediante la importación de tecnología susceptible de ser utilizada para espionaje, censura y control social, sobre todo cuando la nueva ley faculta a Telcor a exigir a las empresas telefónicas toda la información de sus abonados.
