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Michael Ismael Reyes Blandón, de 35 años, no era un preso primario, ya que antes de su reciente excarcelación el pasado 12 de septiembre, bajo el régimen de convivencia familiar, acumulaba un largo historial criminal dentro de los tribunales nicaragüenses. Su caso se rastreó porque aparece en una de las fotografías que los medios de propaganda de la dictadura, divulgaron durante el acto en que la semana pasada liberaron a 1,200 reos comunes.
Según los especialistas estas excarcelaciones masivas carecen de sustento jurídico y vulneran el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Una revisión realizada por LA PRENSA a sus expedientes judiciales, refleja que su primer proceso judicial se remonta a febrero de 2020. En esa fecha el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicios de Managua lo condenó a siete años de prisión y cincuenta días multa por robo con intimidación agravado y portación ilegal de armas de fuego o municiones, en perjuicio de un ciudadano y de la seguridad pública.
Se desconoce cuánto de esa pena pagó en cárcel, pero cinco años más tarde, en diciembre de 2024, la Policía volvió a detener a Reyes Blandón en su casa del barrio Martha Quezada, en Managua. Según el expediente judicial, lo sorprendieron con 99 fragmentos de piedra crack a base de cocaína, con un peso total de 12 gramos, listos para su comercialización.
El caso avanzó con rapidez y en enero de 2025, tras admitir los hechos ante el juez, el tribunal lo condenó a tres años de prisión y a cien días multa por posesión de estupefacientes en perjuicio de la salud pública de la sociedad.
Debió estar preso 10 años
En mayo de 2025, la acumulación de condenas llevó al Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Managua a dictar, una resolución de unificación de penas. En ella, la jueza Gertrudis Gaitán estableció que Reyes Blandón debía cumplir diez años de prisión y 150 días multa, con fecha de extinción de la pena fijada para el 21 de septiembre de 2029.
La resolución fue categórica y estableció que se trataba de un caso de concurso real retrospectivo, es decir, la comisión de un segundo delito antes de que hubiera recaído condena firme por el primero. En términos jurídicos, esa figura impide calificar al reo como reincidente, pero obliga a sumar las sanciones en una pena única. De esa manera, Reyes Blandón quedó formalmente condenado a pasar una década tras las rejas.
No se cumplió lo establecido
Reyes Blandón forma parte de los 54,664 reos comunes que el régimen de los Ortega Murillo ha indultado desde 2015, cuando puso en marcha las excarcelaciones masivas. Este es sólo uno de los casos que conocidos porque se pudo rastrear a través de las actas de liberación que el régimen difundió en redes sociales, pero de los que deben existir decenas o quizás miles.
Reyes sólo cumplió seis meses de los diez años que el Poder Judicial le impuso tras la unificación de las condenas. Su caso ilustra la discrecionalidad con la que el régimen Ortega Murillo aplica estas medidas y evidencia cómo reos con antecedentes de delitos graves se benefician con las excarcelaciones anticipadas.
El abogado Uriel Pineda explicó a LA PRENSA que de conformidad con el Código Procesal Penal, existe un juez de ejecución de pena que puede revisar la sentencia y aplicar beneficios de preliberación cuando concurren ciertas circunstancias, como el trabajo, la buena conducta y haber cumplido no menos de dos tercios de la condena.
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Excarcelaciones de reos comunes
Además, el artículo 60 de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, establece el régimen de convivencia familiar como un período previo a la libertad definitiva, pero a personas que no cuenten con antecedentes penales y cuyos delitos no sean aquellos que por su naturaleza no admiten fianza. En este caso, como el tribunal estableció que el hallazgo del crack era para comercialización, no se admite fianza.
A criterio de Pineda, este caso retrata que la decisión responde a una voluntad del régimen de los Ortega Murillo y no a procesos con sustento jurídico.
“Lo que observo es una política de Estado, posiblemente una decisión administrativa, aunque sería necesario revisar el expediente judicial de cada persona. Sí existen condiciones bajo las cuales alguien podría salir del régimen carcelario, pero no es un proceso simple porque pasa por la supervisión del cumplimiento de la condena y recae sobre las autoridades judiciales”, explicó Pineda.
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Excarcelaciones de reos comunes vulneran a las víctimas
Según Pineda, como la medida se trata de una disposición directa del Ministerio del Interior y sin la intervención de algún juez, eso vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
“La preliberación es un beneficio para las personas privadas de libertad, pero si se otorga en contravención de la ley, se vulnera el derecho de las víctimas. En principio, aunque jurídicamente es posible, me parece que hay pocos elementos para concluir que se hizo de manera legal. Si fuera conforme a la norma, se aplicaría caso por caso, a través de un juez de ejecución, y no de manera masiva. Todo indica que esto se hace al margen de la intervención judicial, lo que lo convierte también en un mecanismo de control social: “mi régimen te da la libertad y puede quitártela en cualquier momento”, dijo Pineda.
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Estas excarcelaciones masivas están provocando molestia en la sociedad. Según una encuesta de la organización Hagamos Democracia, correspondiente al segundo trimestre de 2025, nueve de cada diez nicaragüenses sienten que la inseguridad en el país ha empeorado, en parte, debido a las constantes excarcelaciones que realiza el régimen, y que carecen de sustento jurídico.
Según la vocera oficial Rosario Murillo, solamente el 7.5 por ciento de los excarcelados vuelven a cometer delitos, sin embargo, una encuesta —el informe de percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua, realizado por la organización Hagamos Democracia— expone que nueve de cada diez de los 400 encuestados señalaron que se sienten inseguros en el país.
