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La dictadura Ortega-Murillo tiene la imperiosa necesidad de dar una prueba fehaciente de que están vivos los 73 presos políticos que mantiene en sus ergástulas, ante el creciente y justificado temor de sus familiares de que en cualquier momento podrían recibir sus cadáveres, como recién sucedió con los parientes más cercanos de Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda.
La dictadura debe presentar vivos a todos los prisioneros políticos, en particular a los 33 que se encuentran en desaparición forzada, y de quienes no se sabe absolutamente nada, pese al sufriente peregrinaje de cárcel en cárcel, de sus familiares, a quienes no les dan ninguna información, como si estos nicaragüenses se hubieran esfumado, y no existieran.
Aunque en algún momento pensemos que la atrocidad de la tiranía llegó a su límite, que ya no puede avanzar en crueldad, ella nos demuestra que siempre puede ir más allá (“siempre más allá”), como acaba de suceder con las dos personas que mantuvo en sus cárceles solo unos días, y las asesinaron. ¿Cuál fue la prisa? Pudieron haberlos matado meses más tarde, o en un período más prolongado, como a Eddy Montes Praslín, Hugo Torres Jiménez, y otros ciudadanos nicaragüenses.
El poco tiempo transcurrido entre las capturas de Mauricio (seis semanas) y Carlos (quince días), y el momento de sus asesinatos, también indican una mayor profundización de la descomposición del régimen Ortega-Murillo, en el sentido de que las torturas son más brutales y crueles ante la mayor deshumanización y las deficiencias técnicas de los chambones torturadores de la seguridad del Estado, quienes no entienden, y se angustian y desesperan, ante su imposibilidad de sacarle a los prisioneros lo que quieren escuchar, por ejemplo, una confesión o una delación.
Esta inmediatez en la muerte de los dos opositores ha conmovido al país, y ha lanzado una flecha envenenada a las madres y padres, cónyuges, novias, hijas y otros familiares de los demás presos políticos, pues les ha dejado un mensaje macabro: en cualquier momento podrían recibir una llamada telefónica con el espeluznante mensaje: “Su hijo está muerto. Venga a traerlo a Medicina Legal. No abra el féretro, y lo entierran de inmediato, sin hacer honras fúnebres ni invitar a nadie”.
Los terribles asesinatos de Mauricio y Carlos horrorizan a la población, y en particular a sus familiares, y a los de los presos políticos. Estos crímenes caen como anillo al dedo a la estrategia de la dictadura de causar espanto al pueblo, de atemorizarlo, de mantenerlo con miedo, por tanto, paralizado, inactivo, para que no pueda levantar un dedo contra sus opresores.
También la dictadura somocista asesinaba en prisión a reos políticos y comunes, y ordenaba su entierro inmediato y a escondidas, y es que los Ortega-Murillo han sido aventajados aprendices principalmente de Anastasio Somoza García y de su hijo del mismo nombre, y contra todo pronóstico, los alcanzaron en cuanto a barbarie, y ya los superaron. En efecto, los que fueran luchadores por la libertad, se transmutaron en aquellos contra quienes lucharon, y desarrollaron mayores capacidades de iniquidad.
Los experimentados, pero torpes torturadores de los Ortega-Murillo, practican la penetración sexual con objetos, ahogamientos, colgamientos, estrangulamientos y posturas forzadas. Se ensañan con las mujeres prisioneras de conciencia a quienes obligan a desnudez forzada, sentadillas desnudas, toma de fotos y videos desnudas y amenazas de divulgación en las redes sociales, insultos denigrantes y amenazas de violación a sus hijas. También en las celdas les hacen requisas humillantes con tocamientos sexuales.
La dictadura Ortega-Murillo debe dar respuestas y de inmediato presentar con vida a los 73 presos políticos que mantiene encarcelados, y debe detener cuanto antes las torturas y ejecuciones extrajudiciales. La comunidad internacional deberá hurgar más a fondo en sus estrategias y en su catálogo de medidas contundentes para lograr la liberación de los presos políticos en Nicaragua.
El autor es ex preso político nicaragüense en el exilio.
