En noviembre de 2021 Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamaron presidente y vicepresidenta de Nicaragua para un mandato que concluye en 2026. Lo hicieron en unas elecciones sin garantías que fueron ampliamente calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional.
De esa manera le daban una forma bicéfala y conyugal a su régimen dinástico y totalitario, formalizado con la reforma constitucional de febrero de 2025 que introdujo la figura inédita de la copresidencia de la República. Con esta maniobra falsamente constitucionalista pretendían disfrazar un hecho que ya venía ocurriendo: el mando presidencial compartido de Ortega y Murillo.
Pero hay un punto clave que revela claramente la magnitud de esta farsa: la misma Constitución totalitaria establece en su artículo 121 que los copresidentes deben ser electos mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Sin embargo, Ortega y Murillo no han sido electos como “copresidentes”. Su autoproclamación como tales es una flagrante usurpación de cargos y una ruptura del “orden constitucional” que ellos mismos impusieron a través de un proceso legislativo igualmente espurio.
Con esta maniobra, Ortega y Murillo no solo agravan la ilegitimidad de origen de su régimen, derivada de las elecciones fraudulentas de 2021, sino que además buscan consolidar una dinastía familiar bajo una farsa legislativa, que en la práctica se sostiene únicamente con el terrorismo de Estado.
Otro aspecto grave es el intento de extender el período presidencial a seis años mediante una disposición transitoria que, paradójicamente, no aparece reflejada en el texto oficial refundido de la reforma. El artículo decimocuarto de tal reforma establece la ampliación del mandato de las autoridades “electas”, pero Ortega y Murillo nunca fueron electos ni proclamados como copresidentes.
En consecuencia, además de detentar un cargo inexistente en el 2021, pretenden prolongar su mandato a seis años en una función para la cual nunca fueron legítimamente electos y ni siquiera fraudulentamente proclamados. En cualquier sistema jurídico digno de ser considerado como tal, este hecho constituye una ilegalidad insalvable, pero estamos en Nicaragua, donde no existe el derecho e impera una dictadura primitiva o premoderna.
Cabe mencionar que a los diputados y alcaldes del régimen sí se les amplió el período manteniendo la naturaleza original de sus cargos, pero el caso de Ortega y Murillo resulta constitucionalmente insostenible aún en su propia Constitución totalitaria. Su intento de blindarse jurídicamente terminó revelando la magnitud de su ilegitimidad jurídica y de su farsa política.
La paradoja es clara: en su afán de cimentar una sucesión dinástica, Ortega y Murillo han dejado al descubierto la fragilidad de su proyecto político. La Constitución totalitaria, en lugar de consolidarlos, se ha convertido en la prueba irrefutable de la usurpación y en la grieta que podría fracturar a su propio círculo de poder.
