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Aunque Karla Yaoska Espinoza Peña recibió la bendición de la dictadura de los Ortega Murillo para repetir de forma ilegítima por tercera vez su mandato como alcaldesa de Boaco, esta bendición se disipó como la niebla pocos meses después de que inició su nuevo período en enero de 2023. Por órdenes de la dictadura fue destituida y, en su lugar, documentos públicos mencionaron a Eufemia Estela Montes Tórrez como alcaldesa en funciones.
Espinoza Peña se convirtió en una de las primeras alcaldesas en ser destituidas a pocos meses de haber iniciado el nuevo período, luego de una farsa electoral del 6 de noviembre de 2022 con la cual la dictadura se asignó todas las alcaldías del país.
Al igual que en el caso de Espinoza Peña, con los demás alcaldes destituidos por presunta corrupción, surgen dudas de si este fue el motivo real de su destitución, puesto que informes públicos revelan que la dictadura tenía conocimiento de las deficiencias de estos funcionarios en el control interno de sus municipalidades, algunos con más de un período al frente de las alcaldías.
Hasta febrero de este año, el régimen ha destituido de forma silenciosa a más de 30 alcaldes que la misma dictadura impuso a través de la farsa electoral del 6 de noviembre de 2022, con la cual el régimen se adjudicó las 153 alcaldías del país.
Fallas similares en todas las alcaldías
Una constante es la falta de controles internos, manuales, normativas de contratación y de gestión de proyectos de inversión, según una revisión realizada por LA PRENSA a auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) a algunas alcaldías.
En el caso de Espinoza Peña, las auditorías de la CGR que se practicaron en la municipalidad desde 2015 señalaron repetidamente debilidades en el control interno, desde la falta de manuales de procedimientos y comités de auditoría, hasta la entrega extemporánea de expedientes de contratación y la ausencia de documentación técnica en proyectos de inversión.
También se registraron omisiones en la retención de impuestos municipales y adjudicaciones sin estudios previos, lo que evidenció una administración municipal con deficiencias recurrentes.
No obstante, pese a la gravedad de los señalamientos, todas las resoluciones de la Contraloría concluyeron que no existían méritos para establecer responsabilidades en contra de Espinoza Peña ni de otros funcionarios involucrados. Es decir, las anomalías fueron reconocidas como fallas administrativas o carencia de gestión, pero no alcanzaron la categoría de responsabilidad administrativa, civil o penal.
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Dudas sobre auditorías
A consideración de Lludely Aburto, especialista en temas municipales, es contradictorio que la CGR reporte en sus auditorías inconsistencias en el manejo administrativo de las alcaldías y que no determine responsabilidades, pero posteriormente la dictadura destituya a alcaldes que llegaron de forma impuesta al poder, aseverando que malversaron recursos.
Aburto sugiere que se trata de corrupción autorizada y no autorizada, puesto que, debido a la falta de institucionalidad del país, en las instituciones públicas existe desorden.
«Por eso, cuando la Contraloría dicta que no hay corrupción, sino simples desórdenes administrativos, en realidad está encubriendo el caos y legitimando destituciones de autoridades electas que no le convienen a la pareja dictatorial», dijo Aburto.
Excusa de corrupción
Según Aburto, lo que realmente ocurre es que la dictadura destituye a los alcaldes que ya no percibe tan leales.
«El régimen busca destituir a funcionarios y alcaldes bajo el argumento de la corrupción, pero en realidad se trata de sustituirlos por personas leales. Es un proceso de ‘limpieza interna’ propio de una mafia, porque esas autoridades saben demasiada información que en cualquier momento podría volverse en contra de Ortega y Murillo», dijo Aburto.
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Moyogalpa
Xiomara Diasnira Barahona Galarza primero fue vicealcaldesa del municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, perteneciente al departamento de Rivas. En 2022, Abiud Saballos fue designado alcalde, pero en agosto de 2023, luego de su destitución, asumió Barahona y Raúl Enrique Dinarte Álvarez como vicealcalde, según consta en documentos públicos revisados.
Sin embargo, a Barahona y Dinarte les duró apenas 13 meses el cargo, puesto que en septiembre de 2024 se conoció su destitución. Durante la gestión de Barahona, la CGR no encontró perjuicios económicos atribuibles a ella o a otros funcionarios. La auditoría practicada al segundo semestre de 2022 se enfocó en la implementación del Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), revelando una serie de incumplimientos, pero sin cuantificar daños financieros concretos.
El informe destacó que la municipalidad no elaboró planes, cronogramas ni programas de capacitación vinculados al control interno. Tampoco remitió a la Contraloría las certificaciones de las autoevaluaciones semestrales y que la metodología de evaluación no se aplicó adecuadamente.
En su resolución, la CGR determinó que no había méritos para establecer responsabilidades individuales contra Barahona ni contra su equipo. En contraste, otras auditorías a distintos períodos y funcionarios sí derivaron en sanciones, como la del exalcalde Carlos Javier Guzmán Díaz, responsabilizado civilmente por más de 1.6 millones de córdobas en perjuicios económicos.
Jalapa
Entre 2019 y 2022, los documentos de la Contraloría reflejan la trayectoria de Eddy Enrique Gutiérrez Zavala dentro de la Alcaldía Municipal, pasando de funciones administrativas en el concejo a ocupar la máxima autoridad edilicia de Jalapa.
En 2019 y 2020, Gutiérrez Zavala fue notificado como secretario del Concejo Municipal en dos auditorías de cumplimiento. Luego de las elecciones de 2022, Zavala asumió como alcalde, cargo que le duró hasta julio de 2024, cuando supuestamente fue destituido y detenido por la Policía por presuntos actos de corrupción.
Las auditorías revisadas confirman que Eddy Enrique Gutiérrez Zavala no ha sido señalado de actos de corrupción en los períodos en que fue notificado, ya sea como secretario del concejo o como alcalde. En todos los casos, la Contraloría General de la República resolvió que no existían méritos para establecer responsabilidades en su contra.
En cambio, en 2017 la Contraloría sí determinó perjuicio económico y responsabilidad administrativa contra Anabelia García López, una excolectora municipal por apropiación indebida de fondos que ascendían a 60 mil córdobas. Sin embargo, ese caso no involucró a Gutiérrez Zavala.
Doblete de destituciones en Granada
El alcalde designado de Granada, Pedro Vargas, fue destituido en marzo de 2023, dos meses después de haber iniciado su nuevo período. En su lugar se designó a Rosario Caldera López.
La CGR practicó auditorías que evidenciaron debilidades en la administración municipal, aunque sin derivar en responsabilidades directas contra él ni contra otros funcionarios. Los informes se centraron en la gestión del Mercado Municipal y en la administración de los recursos humanos, ámbitos en los que se detectaron irregularidades de carácter administrativo.
En ambos casos, a los alcaldes no se les atribuyeron perjuicios económicos en su gestión y la CGR determinó que no había méritos para sanciones.
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Siuna
El 17 de julio de 2024, la dictadura destituyó a Otilio Duarte, quien fungía por segundo mandato consecutivo como alcalde del municipio de Siuna, en la región del Caribe Norte de Nicaragua, sumando así 13 alcaldes removidos del cargo desde las elecciones municipales de noviembre de 2022.
En 2017, Duarte consiguió por primera vez el cargo de alcalde de Siuna y, posteriormente, en 2022, luego de ser respaldado por el orteguismo para reelegirse como candidato del Frente Sandinista en ese mismo municipio, consiguió un segundo mandato que completaría hasta 2027.
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas indicó a LA PRENSA que, con base en información de redes ciudadanas, corroboraron que la destitución de Duarte se oficializó «después que un auditor visitara la alcaldía debido a posible malversación de fondos en proyectos de inversión pública», aunque remarcaron que «las autoridades no han confirmado las razones».
Inconsistencias sin sanciones en Siuna
Durante su mandato, los informes de la CGR revelaron una serie de inconsistencias y deficiencias en la administración municipal. Las auditorías abarcaron desde 2017 hasta 2022, señalando reiteradamente fallas en el control interno, incumplimientos de normativas y vacíos en la gestión de proyectos y contrataciones. Entre los hallazgos más comunes figuraron la ausencia de sesiones del Comité de Auditoría y Finanzas, la falta de manuales y normativas para regular ayudas sociales, deficiencias en el registro contable de cuentas bancarias, así como retrasos y omisiones en la entrega de documentación a la Contraloría.
Sin embargo, se desconocen auditorías posteriores a 2022. En el área de proyectos de inversión y adquisiciones, las auditorías también subrayaron que el Plan General de Adquisiciones no incluía la totalidad de los programas municipales, que no se publicaban los planes aprobados y que se adjudicaban obras sin cumplir con los requisitos mínimos de ley. Asimismo, se constató que en varias ocasiones la municipalidad no verificó físicamente el activo fijo ni elaboró normativas claras para el control de desembolsos, lo que generaba riesgos administrativos.
Pese a las inconsistencias, nunca se determinaron sanciones en su contra. A pesar de esto, no hay informes públicos que lo señalen de haber malversado recursos.
