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Los casi tres mil nicaragüenses que se benefician, desde hace más de 20 años, del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, a partir de este sábado 6 de septiembre quedan en riesgo de deportación y sin permisos para laborar.
Los beneficiarios de TPS de Nicaragua, Nepal y Honduras, junto con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, mantienen desde julio pasado una demanda activa contra la decisión de cancelar el programa, ordenada por la Administración del expresidente Donald Trump.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio por cancelado el 8 de julio el beneficio migratorio para los nicaragüenses, estableciendo un plazo de 60 días —que vence este 6 de septiembre— para que estos salgan de Estados Unidos.
Demanda contra cancelación del TPS no se detiene
La demanda contra la decisión de cancelar el programa de TPS tiene programada audiencia para el próximo 18 de noviembre.
Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos, el pasado 20 de agosto, dejó sin garantías a los beneficiarios de TPS de esos tres países para que siguieran el proceso de demanda desde territorio estadounidense, tras suspender la orden girada por el Tribunal de Distrito Norte de California, dirigido por la jueza Trinia Thompson, en la que se ordenaba prorrogar el plazo de salida de los beneficiarios hasta el 18 de noviembre, fecha en que se realizará la audiencia de la demanda.
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), explicó que se asume que, desde la fecha en la que vence el plazo de salida ordenado en julio por las autoridades estadounidenses, «el DHS dejaría sin efecto los permisos de trabajo».
“Al haber revertido la Corte de Apelaciones la ampliación otorgada por la de distrito, es decir, de primera instancia, a partir de los próximos días todos los nicaragüenses con TPS desde 1999 dejarán de contar con autorización para permanecer y trabajar en el país», explicó Rocha.
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Además, advirtió que «el DHS puede detenerlos y deportarlos, a menos que puedan optar a algún otro estatus”.
El abogado Rocha resaltó que la demanda que sostienen como sociedad civil, junto con beneficiarios afectados por la cancelación del beneficio, «continúa» en el tribunal federal de California y, como parte del equipo demandante, están “centrados en todos los preparativos”.
Rocha aseguró que “a los beneficiarios nicas afectados con el vencimiento del plazo de salida sólo se les puede advertir que el permiso vence y que deben buscar asesoría para valorar su caso”.
Beneficiarios temen volver a Nicaragua
El activista Ronmell López, asesor en temas migratorios en Estados Unidos, afirmó que, pese a que la disputa legal continúa, las familias beneficiarias del TPS quedan en un limbo migratorio que, además, les ha generado un impacto económico y un “temor profundo por la inminente posibilidad de volver a Nicaragua”.
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“Muchas de las personas amparadas por TPS han participado en protestas y actividades cívicas en Estados Unidos, y bajo el actual clima político del régimen preocupa si serán dejadas entrar libremente o si podrían enfrentar represalias, persecución o incluso prisión”, apuntó López.
También indicó que “no hay información clara” sobre beneficiarios nicaragüenses que ya hayan regresado a Nicaragua, aunque resaltó que “muchas familias evitan hablar de sus planes por miedo, lo que dificulta conocer con exactitud si han optado por regresar, reubicarse en terceros países o esperar el fallo judicial en noviembre”.
López remarcó que es “fundamental que las personas afectadas con la cancelación del TPS busquen orientación con abogados o representantes acreditados para conocer qué alternativas legales podrían aplicar en su caso”.
