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El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha fortalecido su movilización militar en las aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el supuesto propósito de contener el tráfico de drogas del llamado Cártel de los Soles, que opera junto con el también venezolano cártel del Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa.
Según EE. UU., el Cártel de los Soles está integrado por altos mandos de la dictadura venezolana encabezados por Nicolás Maduro. El gobierno estadunidense no reconoce a Maduro como jefe de Estado, sino que lo califica como cabecilla de una organización narcotraficante y terrorista que atenta contra la seguridad nacional de EE. UU. Y por cuya captura e información que conduzca a su neutralización ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.
Además, según el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, su gobierno “está construyendo una coalición internacional contra este flagelo (el narcotráfico internacional encabezado por el Cártel de los Soles) que ya cuenta con la cooperación de al menos ocho países” de la región.
De acuerdo con el criterio de EE. UU., una acción de fuerza para capturar a Maduro y sus compinches más cercanos, inclusive para liquidarlos, no sería una intromisión en los asuntos internos de otro país. Tampoco significaría el derrocamiento de un gobierno legítimo, sino un acto de legítima defensa contra la agresión de una organización criminal internacional.
Por su parte, y como era de esperarse, Maduro y sus aliados internacionales sostienen el criterio de que el Cártel de los Soles no existe, que es solo una narrativa de EE. UU. como pretexto o justificación para agredir a la revolución bolivariana e instalar en Venezuela un gobierno alternativo.
Al respecto, el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, aseguró enfáticamente que “el Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no le obedecen”. Petro pretende ignorar que el anterior gobierno de Colombia, con base en documentos de la Fiscalía General colombiana, ya a mediados del año 2022 “consideraba al Cártel de los Soles como una ‘amenaza activa’ que actuaba en llave con cárteles mexicanos y grupos armados colombianos para el tráfico de cocaína que, solo en la zona del río Catatumbo —área limítrofe binacional, al oeste de Venezuela y al noreste de Colombia—, generaba ganancias de hasta 5,900 millones de dólares al año”.
Esa información se conoció gracias a “una investigación periodística realizada por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), por sus siglas en inglés), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). La información se produjo a partir de una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia y fue compartida por más de 40 medios de comunicación en todo el mundo”.
Desde entonces las operaciones del Cártel de los Soles y las otras agrupaciones criminales que llevan la droga de Colombia a EE. UU. aumentaron considerablemente hasta motivar la movilización militar estadounidense con el objetivo de neutralizarlas.
Antonio de la Cruz, experto venezolano en geopolítica internacional, opinó en un artículo publicado por el periódico El Nacional de Venezuela, que “la nueva postura de la administración Trump frente a los cárteles latinoamericanos refleja un realismo estratégico que entiende el orden global como un producto del equilibrio de poder, no de marcos legales. Al reclasificar a los cárteles como organizaciones terroristas enemigas y eludir los obstáculos institucionales para actuar contra ellos, la administración Trump afirma que, en un mundo multipolar e inestable, la claridad estratégica y la acción decidida importan más que la coherencia normativa”.
Hasta dónde querrá o podrá llegar Trump con esta estrategia de enfrentamiento directo con los cárteles internacionales de la droga, calificados como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional de EE. UU., sólo lo sabe el mismo gobernante estadounidense, caracterizado por ser tan impredecible.
