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El 20 de diciembre de 2022, Marta recibió una llamada por WhatsApp desde una cuenta con el logotipo del Banco Promérica (Banpro). Quien la llamó se identificó como trabajador de la entidad con el nombre Carlos Alberto Hernández.
El supuesto funcionario de la entidad alertó a Marta sobre dos presuntas transferencias anómalas de 5 mil córdobas cada una por compra de equipos médicos, supuestamente dirigidas a «Laura Viviana Fuentes Nájera».
Según los expedientes judiciales del caso, a los que tuvo acceso LA PRENSA, para detener la supuesta transacción, Hernández le solicitó los accesos de su cuenta bancaria. Una vez que obtuvo la información de forma fraudulenta, Marcelo Blandón Cáceres y Sonia Sotelo Arróliga, miembros de la banda de fraude informático «El Colombiano», transfirieron 35 mil córdobas desde la cuenta de Marta hacia la cuenta de otra víctima de la estafa. Posteriormente, un miembro de esta banda retiró el dinero en un cajero automático.
Investigaciones sobre estafas tardadas
Desde septiembre de 2020 la Policía inició investigaciones sobre esta banda de estafas en Nicaragua y entre febrero y marzo de 2023 capturó a sus integrantes. Los jueces los condenaron a penas de entre 12 y 16 años de prisión, mientras el Estado de Nicaragua se apropió del dinero incautado y de dos propiedades decomisadas. En febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó las sentencias contra los miembros de esta banda.
Los expedientes judiciales no mencionan que las víctimas hayan recuperado el dinero sustraído a través del proceso judicial o de los bienes decomisados.
«Estos son casos complejos. Los bancos tardan en entregar información, y además hay que analizar datos, movimientos financieros, correos electrónicos, servidores, y la posible participación de funcionarios internos. Si un trabajador del banco estuvo implicado, también debe investigarse», dijo un especialista en derecho penal que prefirió el anonimato. Refirió además que el país cuenta con un marco jurídico para perseguir estos delitos.
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Sin embargo, la falta de cooperación con otros países, como Costa Rica, sobre casos similares queda en evidencia en los informes oficiales y en los expedientes judiciales a los que accedió LA PRENSA.
Mulas digitales
Los archivos del juicio de la banda «El Colombiano» exponen que quien recibió la transferencia sustraída de la cuenta de Marta no era parte de la organización, sino una persona a quien los delincuentes habían estafado previamente.
Gustavo Adolfo Barrios Downs, un miembro de la banda, contactó a través de WhatsApp a un hombre llamado Juan Miguel, a quien le ofreció un préstamo de 2 mil dólares con la condición de que le diera su tarjeta de débito con el PIN. La víctima aceptó y usaron su tarjeta como mula digital para recibir el dinero obtenido de los robos.
Un día después de la estafa a Marta, «Eliana», nombre falso para proteger su identidad, también recibió la llamada desde una cuenta con el logotipo de Banpro. El agente le solicitó la contraseña de su cuenta para supuestamente «bloquear» una transacción por 500 dólares a «Laura Fuentes» y, creyendo que era una política de seguridad del banco, la facilitó.
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Una vez que accedieron a la cuenta, los miembros de la banda Marcelo Blandón y Sonia Sotelo sustrajeron 30 mil córdobas y los transfirieron a la cuenta de otra persona llamada Esnayre, a quien ya le habían robado su cuenta días antes.
Conectes en banco para estafas
Según las investigaciones del caso 007644-ORM4-2023-PN en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio de la Circunscripción Managua, «El Colombiano» es una agrupación criminal transnacional, con vínculos en Costa Rica y otros países, dedicada al fraude informático y al lavado de dinero. Aunque las investigaciones plantearon que Costa Rica era «el centro de operaciones» de la banda, no se menciona cooperación entre ambos países para enfrentar este tipo de delitos.
Las investigaciones identificaron a Marcelo Alexander Blandón Cáceres y a Sonia Isabel Sotelo Arróliga como los líderes en Nicaragua, mientras que Sheyla Janina Ríos Somoza y Gustavo Adolfo Barrios Downs tenían roles específicos dentro de la estructura.
Ríos Somoza, aprovechándose de su puesto de trabajo en una entidad bancaria, accedía a bases de datos de clientes y obtenía información confidencial de otras instituciones bancarias. Esta información la proporcionaba a Marcelo y Sonia para contactar a las víctimas. Por su participación, recibía una parte del dinero sustraído.
¿Cómo realizaban las estafas?
Una vez que los acusados obtenían acceso a las cuentas de las víctimas y transferían el dinero a las tarjetas de débito receptoras, entregaban el efectivo a los cabecillas, quienes posteriormente lo depositaban en sus propias cuentas o lo transferían a otros miembros de la red transnacional fuera del país, incluyendo Costa Rica.
El perito de análisis financiero, Efraín Antonio Vásquez Mercado, confirmó durante el juicio que Blandón Cáceres recibió remesas de Costa Rica y que Sotelo Arróliga envió 128,895.44 dólares a ese país a diferentes destinatarios. Sheyla Janina Ríos Somoza también recibió remesas de Costa Rica.
Esta banda de estafas también ponía en práctica sus altos conocimientos en tecnología. A través de métodos de programación informática, diseñaron sitios web falsos suplantando la identidad de bancos para que las víctimas colocaran sus accesos a sus cuentas.
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Pocos juicios de estafas
Aunque las estafas bancarias son bastante comunes, son muy pocas las veces que los casos trascienden a la opinión pública, puesto que rara vez se logra dar con los delincuentes. Sin embargo, la desarticulación de El Colombiano puso fin a varias de estas estafas.
Al menos en los informes de gestión anuales que tenía el Ministerio Público en su sitio web antes de darle de baja, se mencionaba que la Unidad Especializada contra los delitos de delincuencia organizada recibió en 2023 un total de 2,977 informes policiales de diversos delitos de crimen organizado, presentando 2,940 acusaciones, de las que 2,863 se tipificaron como narcotráfico.
Ventas en Facebook son imanes para estafas
Según expedientes judiciales del caso de la banda «El Colombiano», el 28 de septiembre de 2022, «Lucía» recibió una extraña llamada por WhatsApp de un sujeto que se identificó como «Oscar», quien supuestamente estaba interesado en comprar un vehículo que ella puso a la venta a través de Facebook.
«Oscar» dijo que un amigo suyo sería el comprador final y que depositaría $1,500 en la cuenta Banpro de Lucía como parte del pago. Le comunicó que, al ser una transferencia internacional (desde Costa Rica), su banco se comunicaría con ella para la autorización.
El 29 de septiembre de 2022, recibió una llamada solicitándole un código para la transferencia. Ella lo envió. Al intentar acceder a su cuenta, no pudo. Más tarde, en el banco, le informaron que habían ingresado a dos de sus cuentas y retirado C$430,000 de una y C$7,500 de otra, totalizando C$437,500.
«Es importante que los usuarios tengan claro que nadie les va a pedir datos de sus cuentas por llamadas. También es recomendable que denuncien este tipo de fraudes a las instancias competentes y que periódicamente cambien sus contraseñas en sus cuentas», dijo un especialista en ciberseguridad que prefirió no ser citado y que además recomendó no usar una sola contraseña para varias cuentas.
Un caso terminó en mediación
El 3 de septiembre de 2024, Mauro Avilés y José Munguía llamaron a «María». Uno de ellos se identificó como «el licenciado Carlos Solórzano, jefe gerente de riesgo de Banpro». Le informaron sobre supuestas transferencias desde su cuenta y, para verificar, le enviaron un enlace fraudulento suplantando la identidad del banco.
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Según las actas del asunto 001606-ORN2-2024-PN revisadas por LA PRENSA, la víctima, engañada, ingresó sus datos personales, incluyendo correo electrónico y número de cédula, al enlace proporcionado. Actuando de manera conjunta y utilizando tecnología, los acusados lograron obtener esta información y acceder a la Banca Digital Móvil del Banpro de la víctima. Cambiaron la contraseña para impedir el acceso de la víctima y realizaron transferencias desde su cuenta.
Sin embargo, el caso se resolvió a través de mediación y Mauro Avilés depositó 5,600 dólares a la víctima para resarcir el daño. El Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo a Mauro Avilés por extinción de la acción penal. No obstante, al menos en lo que consta en los expedientes, no fue posible la captura de José Munguía.
