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Según la versión de sus familiares y abogados, Pedro Fernández Sandoval estuvo haciendo algunos trámites y labores de jardinería en San José, Costa Rica, el 1 de octubre de 2022. Fue un día normal para él. Con mucho sol y las manos sucias por las tareas que hacía. Al final de la tarde regresó a su casa en donde vive con su familia, en la capital costarricense, aseguran sus mismos parientes y personas que lo conocen.
Ese mismo día a más de 400 kilómetros al norte, en el municipio de El Castillo, Río San Juan, un grupo de hombres armados, encapuchados y con trajes de militar se enfrentaba a balazos con policías y guardas de seguridad de una empresa.
—Ríndanse cabrones. Están rodeados. ¡Ríndanse malditos! ¡Pongan las armas! —gritó uno de los encapuchados a los policías.
—Tranquilo hermano —respondió un policía con temor
—¿Cuál hermano?, hijo de puta. Andás matando gente que no tiene armas. Les vamos a perdonar la vida. Dejen las pistolas y armas. Déjela en la tina (de una camioneta) el arma. ¡Manos arriba!
Esta conversación y parte del tiroteo quedó registrado en un video que se divulgó en redes sociales ese día. En él se ve a los encapuchados vestidos como militares y disparando en contra de los policías. En ese enfrentamiento murieron dos personas, una agente policial y un trabajador.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asegura que Pedro Fernández estaba ahí en El Castillo, pero sus cuatro hijas más bien recuerdan que él estaba en su casa, en San José, en donde se estableció desde mediados de los años ochenta “porque también huía de la dictadura sandinista de entonces”, indica el líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena.
El régimen también giró orden de captura internacional en contra de Fernández. Eso provocó que lo detuvieran el pasado 27 de febrero en Costa Rica y se teme que pueda ser entregado a la dictadura de Nicaragua.
Además de Pedro Fernández, la dictadura también giró orden de captura contra Serapio Fernández, René Navarrete, Reinaldo Picado y Douglas Gamaliel Pérez Centeno por supuestamente ser de la banda de encapuchados que cometió el crimen de El Castillo en 2022.
Pérez Centeno ya fue entregado por las autoridades costarricenses a la dictadura en febrero de 2024 y Reinaldo Picado estuvo a punto de correr la misma suerte, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitó su deportación al concederle medidas cautelares.
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Ahora, Pedro Fernández es quien está en riesgo de ser enviado a Nicaragua. “La familia y el abogado tienen las pruebas para demostrar que de lo que lo están acusando es totalmente falso”, asegura Medardo Mairena, quien conoce a Fernández desde hace años.
El abogado del caso, Daguer Hernández considera que los delitos por los que el régimen Ortega Murillo acusa al hombre “se los inventaron”. Mientras que Mairena valora que Fernández está siendo víctima de la represión transnacional de la dictadura Ortega Murillo, que utiliza a la Interpol para ello.
Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que la dictadura utilizaba los mecanismos de la Interpol como parte de su estrategia represiva a opositores en el exilio.
Una vida en Costa Rica
Pedro Fernández huyó de los sandinistas en los años 80. Para entonces era un joven campesino que buscaba evadir el Servicio Militar. Nació el 30 de julio de 1968 en la zona del Caribe Sur y cuando los sandinistas estaban en guerra con la Contrarrevolución, Fernández ya estaba en edad para ser enlistado.
Mairena cuenta que Fernández se exilió en Costa Rica en donde se estableció hasta estos días. Toda su vida laboró como obrero en cualquier trabajo que le saliera. Se quedó a vivir en ese país, formó una familia, pero no olvidó sus raíces nicas.
Cuando la dictadura anunció la ruta del Canal Interoceánico, desde Costa Rica empezó a apoyar al Movimiento Campesino. “Él tiene familia en la zona de la franja canalera y por eso decidió apoyar nuestra causa y se unió al movimiento”, relata Mairena quien se reunió varias veces con Fernández antes y después de 2018.
Tras el estallido de la crisis política, Pedro Fernández fue un nicaragüense más que se sumó a las protestas contra Daniel Ortega e incluso participó en algunas marchas y actividades con otros campesinos y opositores. “Nos volvimos compañeros de lucha, primero contra el Canal y después contra la dictadura”, señala Mairena.
El abogado Daguer Hernández también da fe de que Pedro Fernández es un opositor a la dictadura y que su vida está ligada al vecino país del sur. “Tiene 30 años de estar en Costa Rica de forma legal. Su familia está en Costa Rica. Él vive en Costa Rica y su residencia está en Costa Rica. No ha estado allá (en El Castillo). Ha vivido casi la mitad de su vida en Costa Rica”, insiste.
El jurista atribuye el interés que tiene Nicaragua en Fernández “a tener una relación con Medardo Mairena y el Movimiento Campesino”. Mairena coincide y cree que también tiene que ver con que el detenido en algún momento se vinculó con la Contrarrevolución en los años 80.
“Desde que la Resistencia Nicaragüense (Contra) depuso sus fusiles la persecución continuó y los fueron matando uno a uno. La dictadura los considera como personas que ellos creen que podrían retomar la lucha (armada)”, detalla Mairena.
Se lo llevaron “engañado”
Un familiar de Pedro Fernández, que prefiere mantenerse en anonimato, asegura que la policía costarricense lo encarceló bajo mentiras. “Se lo llevaron con engaños. Los policías entraron a la casa sin ninguna orden ni documento. Le dijeron que los acompañara a firmar para cerrar un caso de tránsito de Upala”, detalla el familiar que estuvo presente durante la detención ocurrida el 27 de febrero de este año en su casa en San José.
“Estando allá lo dejaron detenido porque tenía alerta roja de la Interpol. Ellos no nos presentaron ningún documento cuando llegaron a la casa y el OIJ se encargó de hacer eso. Ellos estaban en las afueras de la casa. Estaban como tres carros de ellos esperándolo en la calle”, relata el familiar.
Según la versión de este testigo, la policía costarricense les dijo que llegarían a dejar a Fernández a la casa cuando se solucionara la diligencia que tenían que hacer, pero nunca regresó. Ahora, permanece detenido en el Centro de Atención Institucional (CEI) a la espera de su deportación.
La familia está preocupada por lo que pueda pasarle si es enviado a Nicaragua. Él también está muy estresado por todo el asunto. “Está muy delgado y está quedando ciego. Ya no puede ver si no es con anteojos de aumento y el antes no ocupaba anteojos para nada”.
Por su parte, Medardo Mairena advierte del riesgo en el que se encuentra Pedro. “Sabemos lo difícil que sería para él que lo entreguen a Nicaragua, sobre todo porque puede ser torturado”, señala.
“Mientras la dictadura sandinista nos saca del país a unos, a otros no los deja entrar, a estos campesinos se han ensañado en que los regresen porque los quieren convertir en presos políticos, como en el caso de Douglas Gamaliel Pérez Centeno”, señala.
El hombre del que habla Mairena es el que Costa Rica deportó a Nicaragua por este mismo caso en febrero de 2024. La dictadura lo terminó condenando a cadena perpetua y según ha podido conocer el líder campesino, permanece encadenado y desnudo en el «infiernillo», una de las celdas de máxima seguridad de La Modelo.
“Yo pasé por esa celda y sé que es horrible estar ahí. Esperamos que Pedro no tenga que pasar por eso tampoco y que Costa Rica no se preste a la represión transnacional de la dictadura”, comenta.
Por ahora, Mairena y el abogado Hernández, que también llevó el caso de Douglas Pérez Centeno y Reinaldo Picado, están en gestiones para que la CIDH otorgue medidas cautelares a favor de Fernández por considerar que “de ser enviado a Nicaragua correría riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte”. Eso podría evitar su deportación a Nicaragua.
La versión de la dictadura
La investigación de la Policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que ese 1 de octubre de 2022, Pedro Fernández y el resto de los acusados supuestamente asaltaron con fusiles AK, escopetas y pistolas a trabajadores de una empresa que se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta Land Cruiser, color rojo, placa M 358-917.
Los trabajadores eran escoltados por una patrulla policial y al ver a los hombres armados respondieron al fuego. En medio del tiroteo, la agente Aracelly Marisol Díaz Salinas, de 20 años y el trabajador de la empresa Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56, fueron alcanzados por las balas y murieron.
La banda robó los celulares de todos los trabajadores y se llevaron 18 mil córdobas que eran de Aura Lila Ríos Lumbí. Además, se robaron la planilla completa de la empresa que ascendía a 443,938 córdobas con 63 centavos.
También se llevaron una computadora portátil, tres fusiles AK de los policías, más 1 escopeta calibre 12, y 2 pistolas que portaban los vigilantes de la empresa.
Además, la acusación menciona los nombres que presuntamente integraban la banda de asaltantes: Douglas Gamaliel Pérez Centeno, Arcadio Soto Álvarez Masís, alias “Terciopelo”; Reinaldo Picado Miranda, alias “Omar”; René Navarrete Rivera, alias “Relámpago”; Salvador de Jesús Lazo Centeno y Pedro Javier Fernández Sandoval.
Luego, el 3 de julio de 2023, la justicia orteguista condenó a prisión perpetua, más 103 años de cárcel, a Ramón Argeñal, otro campesino que supuestamente estuvo implicado en el robo y la muerte de las dos personas.
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Además, la Fiscalía sostuvo que Reinaldo Picado fue uno de los orquestadores del crimen. En una entrevista que ofreció a LA PRENSA en mayo de 2025, tras ser liberado por las autoridades costarricenses, el mismo Picado negó que esto fuera así. “A mí me vinculan porque desde hace años han querido hacerme daño”, dijo.
La Policía los presentó como un grupo delincuencial, pero en los videos grabados por los mismos atacantes y divulgados en redes sociales, se identifican como personas con motivaciones políticas.
—Para que vean que no somos ladrones ni asesinos, ahí están sus teléfonos —dijo uno de los encapuchados acomodando los celulares en el suelo.
“No somos delincuentes, somos luchadores en contra de esa pareja de demonios (Daniel Ortega y Rosario Murillo) que están allá metiendo presos a los sacerdotes”, mencionó otro hombre en el video. Mientras, la persona que estaba grabando dio la orden de retirarse y les advertía a los civiles y policías que no se movieran o les disparaban.
“Se me quedan ahí quietecitos y sin volver a ver a ningún lado ahorita porque aquí tenemos gente que va a quedar viéndolos. Échales el ojo ahí. El hijo de puta que agarre teléfono, te lo prendés, lo quemás” (disparás), ordenó y se metió entre la maleza.
