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Un demoledor informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de junio de 2025 desnudó la crisis sanitaria de Nicaragua: el país está entre las tres naciones con menor cantidad de personal médico en América Latina.
El efecto ya se percibe en los pacientes que reportan largas esperas de años para cirugías, citas con especialistas y tratamientos especiales.
“Doctor Pérez”, nombre ficticio de un médico internista que presta servicios en hospitales públicos y en clínicas privadas, narra desde Managua que las condiciones sanitarias del sector público “están peor que nunca para los pacientes y el personal médico”.
Cuenta que él mismo ha recibido en clínicas privadas a pacientes que llegan de los hospitales públicos o clínicas del Seguro Social, con órdenes de exámenes o citas para consultas con fechas hasta 2027 y 2028.
Esperar a morirse
“Usualmente son personas adultas, arriba de 45 años, que deben hacerse algunas cirugías o exámenes con especialistas. Pero la gente llega con miedo, preocupación: ‘Doctor cómo voy a esperar casi tres años para hacerme una endoscopía, en ese tiempo desarrollé cáncer’”, dice.
Cuenta que hace un año llegó una paciente de 56 años con un fuerte dolor abdominal a quien sólo le recetaron medicina para el dolor, la gastritis y una cita para octubre de 2025.
“No le hicieron exámenes, ni una revisión a profundidad. Tenía una obstrucción intestinal y su familia tuvo que enviarle dinero de Estados Unidos para la cirugía. Sin esa intervención esa señora no hubiera vivido ni tres meses”, cuenta el “doctor Pérez”.
El galeno cita otro caso que llegó en enero pasado, desde una clínica del Seguro Social de Masaya. Un hombre de casi 60 años con problemas de dolor en la parte trasera de la espalda, ardor al orinar y fiebre.
Sólo llevaba una receta con medicina para tres días y una cita para Medicina General para el veintitanto de noviembre de 2025.
“El señor venía con una infección de los riñones severa. De nuevo, exámenes, ultrasonido, tratamiento, observación, cita de seguimiento y alta. No sé cómo hubiera podido soportar así durante los casi 11 meses de espera para su cita”, dice Pérez.
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¿Dónde están los médicos?
De acuerdo con las recomendaciones internacionales, la OMS sugiere que un país debe contar con al menos 44.5 trabajadores de la salud por cada 10,000 habitantes para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Sin embargo, Nicaragua se encuentra a la mitad de esa meta, con un promedio de 20.4 trabajadores en el sector público y privado, muy por debajo de los estándares internacionales.
Según las proyecciones de la población de Nicaragua, para el año 2022 se alcanzaron los 6.7 millones de habitantes. A partir de ese dato, el país debería contar con 29,815 trabajadores de la salud para cumplir con las recomendaciones mínimas de la OMS.
Sin embargo, el sistema de salud nicaragüense sólo tiene aproximadamente 20,467 trabajadores en el sector público, lo que significa una deficiencia de 9,348 profesionales para alcanzar los estándares de la organización.
Este alarmante déficit refleja, a criterio del doctor José Antonio Delgado, médico exiliado, la profunda crisis sanitaria que vive el país desde 2008, agudizada por una serie de factores políticos, económicos y sociales.
17 años de abandono y represión
“Ese año, el Gobierno modificó la Ley General de Salud, lo que permitió que el gremio médico y el personal de salud fueran tratados como funcionarios de la administración pública en lugar de como profesionales de la salud».
«Se les aplicó la Ley de carrera civil y administrativa, lo que significaba que los médicos y otros trabajadores de salud pasaban a ser tratados de la misma forma que los funcionarios de la Corte o de Hacienda, lo que no se alineaba con las exigencias y protocolos del ejercicio médico”, señala.
Desde entonces —cuenta— el régimen comenzó a perseguir y arrestar a los médicos por no alinearse políticamente al régimen.
“Entre 2008 y 2010, un gran número de médicos y enfermeros abandonaron el sistema público de salud debido a las presiones políticas y la falta de condiciones laborales, ya que se percibía un clima de hostilidad hacia los profesionales del sector”, recuerda.
Delgado se acuerda que a partir de 2010 se dio una ruptura de políticas irreversibles. “Muchos médicos empezaron a estudiar sus especialidades en el extranjero, pero el régimen implementó una política no escrita que estableció que aquellos que regresaban con especializaciones eran despedidos porque le resultaban caros al presupuesto del Ministerio de Salud”.
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Fuga interna de médicos
“Esto se debía a que el Gobierno temía que estos médicos, al tener una mejor formación, exigirían mejores salarios y condiciones de trabajo, lo que podría generar más demandas dentro del sistema público de salud”, dice.
Explica entonces que surgió la reacción obvia: muchos médicos, al ver las dificultades dentro del sistema público y las políticas restrictivas del Gobierno, se vieron obligados a buscar otras alternativas.
“Un número considerable de ellos fue recibido en hospitales privados y previsionales como el Hospital Bautista, Salud Integral y el Hospital Militar. A medida que se fueron sumando despidos masivos, muchos médicos optaron por salir del país, en busca de mejores condiciones laborales o por temor a represalias”, dice.
A partir de 2018, con los nuevos despidos masivos, el éxodo de médicos se intensificó y alcanzó su pico entre 2020 y 2022.
“La situación de los médicos que se quedaron no mejoró, ya que muchos se vieron forzados a dedicarse a la práctica privada debido a la falta de estabilidad laboral y a la sobrecarga de trabajo en el sector público”, agrega.
Despidos, renuncias, persecución y exilio
Según la doctora Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la fuga de personal médico en Nicaragua se puede dividir en tres momentos clave.
El primero de ellos inició con las protestas sociales de abril de 2018. Al menos 686 médicos fueron despedidos por el Minsa debido a su participación en las protestas, por atender a las personas heridas por la represión estatal, por expresar su apoyo a los manifestantes y expresar críticas sobre la orden gubernamental de negar auxilio a los heridos.
Luego vino el segundo ciclo de despedidos y renuncias en marzo de 2020, con la pandemias del covid-19, cuenta Quirós.
“La dictadura no sólo minimizó la gravedad del virus, sino que persiguió a aquellos médicos que denunciaban la realidad de la crisis sanitaria y exponían la falta de medidas de protección adecuadas”, recuerda la médico.
Quirós nunca olvida que el régimen obligó a los médicos a trabajar sin los equipos de protección necesarios, lo que resultó en un aumento masivo de infecciones y muertes entre el personal sanitario.
Se estima que durante la pandemia, al menos 300 personas del sistema hospitalario murieron, y sus casos fueron ocultados o reportados como muertes naturales, en un intento por minimizar el impacto de la crisis sanitaria.
Además, se distorsionaron las cifras oficiales y aquellos profesionales que se atrevían a compartir información veraz sobre la pandemia fueron reprimidos.
En ese entonces, según denuncias de las organizaciones médicas independientes, la dictadura despidió a más de 200 médicos y aproximadamente 500 se desvincularon del ejercicio, mientras el sistema de salud se desmoronaba.
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Confiscaciones y clausuras
Luego vino la tercera ola de despidos, exilio y destierro: entre 2021 y 2022 la dictadura comenzó el cierre masivo de organizaciones médicas y las confiscaciones de clínicas y centros de atención.
En este período —recuerda Quirós— se produjo el cierre de al menos 218 organizaciones médicas, incluidas ONG que brindaban atención ginecológica y a mujeres, así como centros de salud gestionados por iglesias católicas y organizaciones benéficas.
Esta situación dejó a aproximadamente 9,000 trabajadores de la salud sin acceso a programas de capacitación, afectando gravemente la calidad de la atención sanitaria en el país.
La dictadura aprovechó las confiscaciones para convertir medios de comunicación, edificios de oficina, centros de estudios y casas particulares en clínicas estatales.
La propaganda celebró la apertura de estos centros, pintados y con algunas modificaciones, como un avance en la atención de salud pública. Pero el problema persiste: los pacientes casi nunca encuentran médicos o atención en esos lugares.
“De nada sirve que confisquen mil edificios más, los pinten y les pongan un rótulo de hospital, porque no tienen de dónde sacar a los médicos. Es una falacia creer que inaugurando clínicas, sin médicos y sin medicina, van a resolver la crisis”, dice el doctor Salgado.
¿Y los médicos?
Al contrario, dice, lo que han hecho es acumular la carga de atención médica en pocos especialistas, distribuirla en nuevos lugares y reprimir o despedir al que se queja.
“Los despidos y cierre nunca han cesado”, dice Salgado y señala el caso más reciente: el cierre repentino de la clínica Amocsa en León, Chinandega y Corinto, que atendía a más de 46,000 pacientes asegurados por el INSS.
Este cierre dejó a miles de personas sin atención médica, interrumpió tratamientos y causó una gran incertidumbre en los pacientes, especialmente para aquellos que necesitaban atención urgente o estaban en medio de procedimientos.
Aquí la pregunta, dice Salgado, no es adónde van a referir a estos pacientes, sino quiénes los van a atender. Y cuándo.
