Este martes 12 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) dio a conocer su informe anual, correspondiente a 2024, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y por lo consiguiente en Nicaragua.
Autoerigido en vigilante de los derechos humanos en el mundo, el Gobierno de EE. UU. evalúa cada año a todos los países, en el ámbito del respeto o la violación de los derechos fundamentales de las personas.
A partir de que en 2007 Nicaragua volvió a tener un régimen político autoritario, que luego derivó en una dictadura totalitaria, la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses ha sido sistemática. Habiendo llegado al extremo de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista, sobre todo a partir de 2018.
Ahora bien, todo lo que se dice en el informe estadounidense de este año sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, ya ha sido denunciado por los organismos autorizados por la ley internacional para monitorear tales derechos. Nos referimos en particular a la CIDH en el ámbito interamericano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a nivel global, así como las grandes ONG globales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
Por cierto, que AI y HRW han criticado el informe de EE. UU. recién divulgado, porque “eliminó críticas a El Salvador, Israel y Rusia”. En particular HRW asegura que con este informe el gobierno de Trump “hace que algunos autócratas parezcan más aceptables y minimiza los abusos de derechos humanos que ocurren en esos lugares”.
Sin embargo, este informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Nicaragua ha sido recibido con mucha satisfacción por la oposición nicaragüense exiliada, política y mediática. Sobre todo, porque contradice y desmiente una declaración oficial anterior del gobierno yanqui que elogió la situación de Nicaragua.
En efecto, a principios de julio pasado la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., señora Kristi Noem, declaró que la situación de Nicaragua es “estable” y que los nicaragüenses disfrutan de un “buen nivel de vida” bajo el gobierno actual. Y aseguró que Nicaragua actualmente es “líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.
La señora Noem dijo semejante falsedad, a pesar de que pocos días antes el Departamento de Estado de EE. UU. había recomendado a los ciudadanos estadounidenses que se abstuvieran de viajar a Nicaragua, porque este es un país “peligroso” que se encuentra “bajo un sistema autoritario” y corren el peligro de sufrir “una detención injusta” y la “aplicación de leyes arbitrarias”.
Esas contradicciones son habituales en el gobierno del presidente Donald Trump, pero en este caso ha sido obvio que la declaración de marras de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. se debió a que quería justificar las deportaciones de emigrantes nicaragüenses, aunque al volver a su país corran grave peligro de encarcelamiento y maltratos físicos.
Como sea, el caso es que ha sido muy importante que el Departamento de Estado de EE. UU. refutara de hecho a la secretaria de Seguridad Nacional, y que dejara en claro cuál es la situación real de los derechos humanos en Nicaragua.
Es obvio que con ese informe no se terminan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Pero se mantiene viva la denuncia internacional, al menos para recordarle a la pareja de dictadores y sus secuaces que el mundo sigue pendiente de la tragedia sociopolítica y humanitaria que sufre el pueblo nicaragüense.
