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El régimen de Daniel Ortega ordenó transferir al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) otras 11 propiedades repartidas en varios departamentos, una maniobra que críticos han señalado como un intento de legitimizar la confiscación de los bienes a opositores a la dictadura.
A través de seis decretos presidenciales el régimen ordenó que la Procuraduría General de la República inicie el proceso de inscripción de propiedades esparcidas por Masaya, Granada, Carazo, Matagalpa, Managua y Estelí.
Desde que la dictadura arreció el proceso de confiscación de bienes a opositores ha utilizado este mecanismo para endosarlas al INSS, que acarrea más de una década de crisis financiera y corrupción, lo que ha ocasionado que la entidad esté endeudada y sin reservas financieras.
La dictadura, al igual que las prácticas anteriores, oculta las características de las propiedades transferidas, así como los dueños de las mismas, en un intento por evitar reclamos de los afectados. La única propiedad que se ha conocido oficialmente es una isleta ubicada en Granada, la cual fue arrebata al ex preso político, Juan Sebastián Chamorro y dada en donación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Las nuevas propiedades, que se presumen forman parte el remanente de confiscaciones, fueron transferidas bajos seis decretos y con nombre único simbólico: 103-2025 con el nombre BI-XEW2YM; 104-2025 BI-2L1683IH; 105-2025 BI-2Ll U3MQN; 106-2025 BI-9AHUJL2 y BI-2L1O4M49; 107-2025 BI-2L00F6UW y BI-2L202H08 ; así como 108-2025 bajo los nombres BI-2L2026DY, BI-2L1O4OAY, BI-9A81N62 y BI-9AE5HZU.
Del total de las 11 propiedades inscritas a favor del INSS, cuatro están situadas en Managua y otras dos en Matagalpa. La dictadura justifica las transferencias a la entidad con «la finalidad de fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias; y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos».
Cabe mencionar que en donaciones que se habían hecho antes del estallido de la crisis sociopolítica a instituciones del Estado y alcaldías, el régimen solía desglosar detalles de las mismas, como la extensión, ubicación, número catastral y otros datos registrales, sin embargo, tras las masivas confiscaciones a opositores en el caso del INSS no se da detalles antes mencionados, sólo se limita a denominar el bien como Número Absoluto de Propiedad (NAP).
Decenas de propiedades al INSS
Más de cien propiedades han sido transferidas al INSS desde el 2024 hasta este año, cuyo destino y manejo de las mismas se desconocen, así como el impacto que estas operaciones están teniendo en las finanzas de la entidad.
Hasta el 2023, según datos del anuario estadístico, el INSS acumulaba un endeudamiento por 5,811 millones de córdobas, monto que al cambio oficial actual equivale a unos 158 millones de dólares. La mayoría de esa deuda, 5,520 millones de córdobas, pertenece al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y los restantes 290 millones de córdobas al régimen de Riesgos Profesionales (RP).
En 2014 el INSS tenía 10,464 millones de córdobas en reservas técnicas, pero a partir de ese año comenzaron a reducirse, hasta convertirse en una enorme deuda, según muestran cifras oficiales.
En medio de esa profunda crisis, la dictadura autorizó a la «Procuradora General de la República para que ejecute todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para cumplir» con los procesos de transferencias de las propiedades antes mencionadas.
«Autorizar a la Procuradora General de la República para que incluya en el contrato de donación, todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes, con el fin de salvaguardar los intereses del
Estado de Nicaragua», dice el artículo 4 de cada uno de los decretos presidenciales.
Los señalamientos de corrupción
En noviembre del 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el dinero de los contribuyentes se usa para transacciones engañosas «como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos».
El INSS es «uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y ha sido usado como caja negra por el gobierno», indica el Departamento del Tesoro.
La transferencia de las propiedades antes mencionadas ocurre en momentos en que la dictadura ejecutó la confiscación del Colegio San José, de Jinotepe, Carazo, el cual será «trasladado al Estado» y renombrado como «el héroe Bismarck Martínez».
Además, la semana pasada el régimen ordenó la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, la cual fue calificada por la Oficina del secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, como un arma para ejecutar “confiscación masiva”.
«La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región. Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado», aseguró.
