Es importante dilucidar si los antiguos funcionarios sandinistas de alto rango que son reprimidos por la misma dictadura, como por ejemplo el excomandante de la Revolución Bayardo Arce y el general retirado Álvaro Baltodano, son presos y perseguidos políticos o no.
En el derecho internacional se define como preso político a “alguien privado de libertad debido a sus actividades, creencias o afiliaciones políticas, sin que haya cometido un delito que justifique su encarcelamiento, o el proceso legal que se le sigue no cumple con las garantías internacionales de derechos humanos”.
De acuerdo con esa definición, por lo menos formalmente los antiguos funcionarios de la dictadura sandinista que han sido encarcelados, caben en la categoría de presos políticos. Pues no cabe duda de que es política la represión contra esas personas para que no obstaculicen la sustitución dinástica de Daniel Ortega en la cabecera del poder.
Sin embargo, algunos organismos internacionales de derechos humanos incluyen en la definición de preso político la salvedad de que no lo son quienes formaron parte de los aparatos represivos o desempeñaron cargos de mucha responsabilidad en una dictadura. Salvo que se hubieran rebelado abiertamente en demanda de un cambio político democrático.
De manera que se debe analizar cuidadosamente el caso de las personas sandinistas antes mencionadas, a la luz del derecho internacional humanitario, antes de reconocerles o de negarles la condición de presos políticos.
Para algunos expertos, quienes formaron parte activa de la dictadura y caen en desgracia en la lucha interna por el control del poder, no por una causa democrática, no deberían ser considerados como presos políticos. Dicen que más bien deberían ser calificados como parias o indeseables políticos, pero teniendo en cuenta la importancia estratégica de no desalentar sino más bien propiciar las deserciones en la dictadura para socavarla.
Por supuesto que no se debe olvidar que las dictaduras siempre infiltran a sus agentes en la oposición de cualquier manera, a veces hasta simulando deserciones para que los supuestos desertores sean aceptados en las organizaciones o movimientos opositores.
En la democracia no ocurre eso, o no debe ocurrir, porque habiendo libertades, derechos y garantías políticas la oposición puede actuar en el marco de las instituciones y de la ley. Pero en dictadura, aunque la oposición sea pacífica y no recurra a la violencia como forma de lucha, el régimen la persigue y reprime porque no tolera ninguna forma de actividad opositora.
En el lenguaje de la política se le llama “cloacas del Estado” a los organismos dedicados al espionaje político y la infiltración. En la dictadura esas cloacas son infaltables y por tanto la oposición debe tomar las medidas necesarias para protegerse, evitando sin embargo caer en la paranoia de ver espías por todas partes.
