¿Procuraduría contra la corrupción?

A inicios del 2025 la dictadura Ortega-Murillo ordenó a la Asamblea Nacional la aprobación y publicación de una nueva Constitución Política, un documento que destruyó por completo la democracia, institucionalidad y la división de poderes. No contentos con la reforma, el martes 5 de agosto de 2025 la codictadora Rosario Murillo anunció una nueva «reforma parcial a la Constitución» y la creación de una «Procuraduría de Justicia Contra la Corrupción».

La familia Ortega-Murillo se ha fortalecido económicamente de una manera inquebrantable. Para realizar sus negocios utiliza los recursos públicos y se enriquecen ilícitamente, en sus actos de corrupción manejan a testaferros y a las instituciones públicas, mismas que son usadas para revestir de legalidad sus transacciones a nivel nacional e internacional.

La vicedictadora dijo que orientó “la creación de una procuraduría general de justicia que en conjunto con las instituciones correspondientes identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente perseguidos, identificados, procesados y penados”.

Las palabras de Rosario suenan a un discurso emanado de una autoridad que respeta la legalidad de un Estado de derecho, pero la realidad es distinta. La dictatura Ortega-Murillo ha creado un imperio de la corrupción y para lograrlo se ha asegurado que instituciones públicas como la Contraloría General de la República (CGR), que es el ente encargado de fiscalizar la cosa pública, no realice su trabajo apegado al derecho sino en base a las directrices que emanan de los dictadores. En la práctica es una oficina que maquilla informes y cifras, es una institución de fachada.

Una «Procuraduría de Justicia Contra la Corrupción» se sumaría a la lista de instituciones públicas ineficientes que conforman el poder dictatorial, sería una instancia sin capacidad para actuar apegada a derecho y se convertiría en un brazo represor de la dictadura que investigará los negocios y actividades de sus militantes y de la empresa privada. Aquellos que no actúen apegados al mandato dictatorial serán los primeros usuarios de la ineficaz Procuraduría.

La dictadura Ortega-Murillo ha separado a Nicaragua de los espacios internacionales que brindan seguimiento a los niveles de corrupción como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic), que es el brazo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con esa actitud evitan que la comunidad internacional se entere del enriquecimiento ilícito de la familia dictatorial y de sus allegados.

El Gobierno de Nicaragua no permitió las visitas in situ que realiza el Comité de Expertos del Mesicic a cada Estado y tampoco se presentó a la Sexta Ronda de Seguimiento y Evaluación donde se está abordando el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 3ª Ronda en relación con la extradición, el soborno trasnacional, los beneficios tributarios, el enriquecimiento ilícito y el secreto bancario.

La falta de transparencia y el no acceso a la información pública, así como la inexistencia de mecanismos formales de accountability y de una ciudadanía inactiva e incapaz de solicitar a las autoridades e instituciones públicas las rendiciones de cuenta, y agregando la ausencia de libertad de prensa, la inexistencia de pesos y contrapesos ha hecho posible que en Nicaragua alcance niveles tan decadentes y vergonzosos de corrupción.  

La autora es máster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.