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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), bajo la Administración del republicano Donald Trump, criticó duramente la decisión de una jueza federal en California que ordenó posponer la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Nepal. El fallo, emitido por la jueza Trina Thompson, fue calificado por las autoridades federales como «repugnante».
La jueza Thompson, designada por Joe Biden, argumentó, según el DHS, que la terminación del programa TPS, anunciada por la administración Trump, estaba «arraigada en animosidad racial» e incluso comparó la cancelación del beneficio migratorio con episodios históricos de esclavitud, lo que generó una respuesta inmediata del gobierno federal.
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«La decisión de esta jueza no solo es repugnante, sino que también ignora el significado literal de la ley federal», expresó en un comunicado oficial el DHS.
«El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto»
En su declaración, el DHS insiste en que el TPS fue creado como un programa temporal.
«El TPS siempre tuvo la intención de ser temporal. Tanto el TPS nicaragüense como el hondureño han estado vigentes durante más de 20 años tras desastres naturales. Desde entonces, ambos países han logrado avances tremendos en su recuperación y, como resultado, sus ciudadanos pueden regresar a casa sin peligro», indica el DHS.
Enseguida, se agregó la valoración de la subsecretaria Tricia McLaughlin, quien recalcó la urgencia de «restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio» para mantener al país y a sus ciudadanos seguros.
«El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas», dijo la funcionaria.
El TPS para los nicaragüenses fue otorgado en 1999, luego del paso del huracán Mitch. Desde entonces, fue extendido sucesivamente, beneficiando a los nicaragüenses. Para el DHS, las condiciones que motivaron su aprobación ya no existen.
Actualmente, cerca de 3,000 nicas continúan protegidos por el TPS, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en EE. UU. La medida judicial extiende esa protección mientras el caso avanza en tribunales, ofreciendo un respiro a quienes temían su cancelación inminente.
«Apelaremos y esperamos que un tribunal superior nos dé la razón»
El DHS aseguró que durante décadas, el TPS se ha utilizado de «forma abusiva» como un programa de amnistía de facto para permitir que «extranjeros sin antecedentes penales permanezcan en Estados Unidos indefinidamente».
También dijo que con demasiada frecuencia, el programa se ha explotado para permitir que extranjeros delincuentes vengan a nuestro país y aterroricen a los ciudadanos estadounidenses. «El presidente Trump y la secretaria Noem están restaurando el sentido común en nuestro sistema de inmigración y devolviendo el TPS a su estatus original: Temporal», insistió.
Posterior, el DHS compartió los casos de al menos cinco ciudadanos hondureños a quienes señaló de «extranjeros criminales que explotaron el programa TPS».
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McLaughlin sentenció que tras la decisión de la jueza «apelaremos y esperamos que un tribunal superior nos dé la razón».
Diversas organizaciones de defensa de los migrantes celebraron la decisión judicial que extendió el plazo hasta el 18 de noviembre para que los migrantes abandonen el país. En el caso de Nicaragua y Honduras los migrantes debían abandonar Estados Unidos el 8 de septiembre, mientras que los nepalíes el 5 de agosto.
