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Ana Lorena Delgadillo, experta de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, advirtió que una desaparición forzada no requiere ocurrir en un régimen autoritario para ser reconocida. Si una persona es detenida, su paradero se desconoce y las autoridades se niegan a confirmar su custodia, se configura una desaparición forzada según el derecho internacional, incluso si la detención fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
«Si tenemos este caso de nicaragüense que fue detenido por ICE o por cualquier elemento de fuerza de EE. UU., y no saben dónde está, ese caso nosotros lo procesamos y lo enviamos inmediatamente a EE. UU. Lo enviamos porque es parte de la ONU y le aplica la Declaración sobre las Desapariciones Forzadas», explicó Delgadillo.
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Delgadillo durante el seminario web del Proyecto de Migración en las Américas explicó que la desaparición forzada es «arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad» y que hay elementos claros para identificarla, desde «que sea obra de agentes del Estado o con autorización del mismo, negativa de reconocer la privación de libertad y ocultar el paradero de la persona detenida».
A su vez, remarcó que «no hay un límite de tiempo para que ocurra una desaparición forzada» y denunció que «lo que está sucediendo es que cada vez más desafortunadamente encontramos nuevas maneras en las que los Estados participan de estas desapariciones forzadas».
En el seminario web titulado «Nicaragüenses en Estados Unidos, contexto político y preparación ante riesgos de deportación» también participaron las expertas Lorena Perez McGill y Muriel Saenz, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, Texas, Inc.
«Nosotros somos un puente»
La experta también subrayó que Estados Unidos, aunque no ha ratificado la Convención sobre Desapariciones Forzadas, sí está obligado a cumplir con la Declaración de Naciones Unidas en esta materia. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo tiene competencia para intervenir.
Delgadillo mencionó que el procedimiento permite que organizaciones o familiares envíen información directamente al Grupo, incluso si desconocen en qué centro de detención podría estar la persona desaparecida. Una vez recibida, la ONU actúa como puente humanitario: solicita información al Estado en nombre de la familia.
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«Las fuentes pueden ser familias, organizaciones y grupos de migrantes que nos mandan el caso, entonces nosotros, nosotros somos un puente, al recibir la información la estudiamos, enviamos una comunicación al Estado para que nos respondan frente a las alegaciones que hemos recibido. Generalmente estas alegaciones permanecen en confidencialidad frente al Estado 60 días», indicó Delgadillo.
Sin embargo, Estados Unidos ha dejado de responder a estas solicitudes, lo que agrava el riesgo y la impunidad.
«Desafortunadamente, estos procedimientos son de observancia, digamos, voluntaria de los países, es decir, nosotros no los podemos obligar. No tenemos el mandato para obligarnos. Tampoco tenemos el mandato para ir nosotros directamente a buscar, sino dependemos de los países que realicen ellos las actividades de búsqueda, sin embargo, nosotros esto lo reportamos, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos cuando tenemos nuestra sesión», apuntó la experta.
Delgadillo instó a las comunidades migrantes a utilizar sus canales democráticos en EE. UU. «Los congresistas deben exigir al Ejecutivo que responda a Naciones Unidas. No pueden ignorar desapariciones, aunque las cometa una agencia migratoria», señaló.
El Grupo de Trabajo recomienda enviar los casos urgentes, menos de tres meses desde la desaparición, al correo [email protected]. La identidad de quien reporta se mantiene bajo estricta confidencialidad.
«Nosotros no migramos, huimos»
Muriel Sáenz, representante acreditada en migración y miembro de la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, Inc., durante su intervención alertó que la política migratoria de Estados Unidos está agudizando la crisis humanitaria que viven miles de nicaragüenses en el exilio. «Nosotros no migramos, huimos. Y ahora estamos siendo criminalizados en un país que dice defender los derechos humanos», señaló.
Sáenz denunció que la migración nicaragüense ya no puede entenderse como un fenómeno económico clásico y expuso cómo el colapso institucional, la persecución política y la miseria estructural impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo obligan a miles a huir por miedo. «No se necesita pertenecer a un partido o iglesia para ser perseguido en Nicaragua. Basta con pensar distinto», advirtió.
La experta explicó que las actuales políticas migratorias de EE. UU. —como la finalización del parole humanitario, el colapso del sistema de asilo y la criminalización bajo el Título 8— están dejando en el abandono a una comunidad ya marcada por la violencia estatal.
«Los nicaragüenses somos invisibles para este sistema. Los nicaragüenses no calificamos para casi ningún alivio migratorio, y encima pagamos hasta 12 mil dólares por una representación legal básica sin garantía alguna», denunció. También mencionó que más del 60 por ciento de los solicitantes de asilo pierden sus casos por falta de abogados. Entre los nicaragüenses, la cifra es aún más alta por desconocimiento, barreras lingüísticas y estafas de supuestos asesores legales.
«La comunidad nicaragüense por falta de educación no comprenden que una persona que llena formularios no es igual que una persona que está acreditada y que ha recibido educación para poder comprender las leyes muy técnicas de asilo y entonces estas personas están perdiendo sus casos de asilo por haber sometido un asilo falto con errores», afirmó.
Sáenz insistió en que deben crearse propuestas de políticas migratorias justas para los nicaragüenses. «A nosotros nos gustaría que se reestructurara el parole humanitario para nicaragüenses como una medida temporal de protección humanitaria. También crear un programa especial de regularización para personas exiliadas de regímenes autoritarios. Esto sería bueno que cada país fuera siendo visto y estudiado para así ser justos», concluyó.
Riesgo generalizado
Por su parte, la abogada Lorena Pérez McGill advirtió sobre el creciente número de arrestos, redadas y deportaciones que se están registrando en distintas ciudades de Estados Unidos, especialmente en estados como Texas y Florida, donde las cifras se han disparado en los últimos meses.
«Estamos viendo agentes encapuchados, sin identificación visible y que muchas veces se presentan con órdenes administrativas, no judiciales (…) para detener a inmigrantes en sus casas, lugares de trabajo, en escuelas, centros comerciales y hasta al momento de presentarse a citas migratorias», alertó.
Pérez McGill aseveró que «las personas han ido porque tienen la obligación de reportarse porque si no lo hacen les revocan sus permisos de trabajos y lo ven como una falta a los deberes frente a inmigración».
Por ello, la experta alertó que «todos estamos en riesgo», sin importar si tienen casos abiertos, parole, visas vencidas o incluso residencia permanente. «Hasta ciudadanos por nacimiento han sido detenidos temporalmente. Esto es una crisis», afirmó.
Frente a este panorama, Pérez McGill llamó a la comunidad a prepararse con anticipación y recomendó tener copias de documentos legales en casa, designar contactos de confianza, tramitar poderes notariales, memorizar datos clave como números de teléfono y direcciones e insistir en que tienen derecho a una llamada.
«Tenemos derechos, incluso si estamos indocumentados. El silencio es un derecho. La llamada telefónica es un derecho. Pero hay que estar listos antes de que sea tarde, la preparación es nuestra mejor herramienta, a mis clientes yo les estoy dando es el Formulario G28, donde me autoriza a representarlo», insistió la abogada.
Finalmente, llamó a no dejarse engañar ni presionar por agentes que apelan al miedo para obtener información que podría ser usada en contra del migrante. «No respondan sin consultar. Exijan hablar con su abogado. Y documenten todo lo que puedan», concluyó.
