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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó una nueva concesión minera a la empresa de capital chino Thomas Metal Sociedad Anónima, dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las principales zonas de biodiversidad del país. El proyecto, denominado Lote La Guinea, abarca 21,882.30 hectáreas en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, en la frontera con Costa Rica, e incluye parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y del Territorio Indígena Rama y Kriol.
«Ya es adentro, esta concesión se encuentra dentro de Indio Maíz (…) El deterioro no terminó con el incendio en Indio Maíz, ahora continúa con estas concesiones mineras y es lamentable. Esto es oficializar lo ilegal dentro de una de las reservas más valiosas del país», advirtió el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, quien a su vez recordó que la misma empresa ya cuenta con una concesión cerca.
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El ambientalista alertó que esta concesión coincide con dos puntos críticos donde ya se había denunciado la presencia de minería artesanal ilegal: Las Cruces y Punta Fina. En el primero se reportó la presencia de hasta 5,000 personas en un campamento minero a inicios de año.
«El régimen permitió y facilitó la entrada de la minería ilegal como una estrategia de exploración y penetración para después otorgar estas concesión a esta empresa industrial. Dejó avanzar a los mineros artesanales, para luego, con la identificación de oro montaron una concesión industrial que ahora entregan a su socio chino», denunció Ruiz.
El régimen #OrtegaMurillo otorgó hoy una nueva concesión minera de 21,882.30 hectareas a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima. Dicha concesion se ubica dentro de la Reserva Indio Maíz, en el Territorio Rama y Kriol y dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. pic.twitter.com/q5MfILGESd
— Amaru Ruiz (@AmaruRuiz) August 1, 2025
Concesión con vigencia de 25 años
El Ministerio de Energía y Minas otorgó este viernes 1 de agosto la concesión minera a la empresa Thomas Metal Sociedad Anónima a través del Acuerdo Ministerial 039-SBT-M-037-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta. Del total, 19,128.64 hectáreas pertenecen al municipio El Castillo y 2,753.66 son de San Juan de Nicaragua.
El acuerdo detalla que la concesión «es para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado La Guinea, con una superficie de 21,882.30 hectáreas, ubicado en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan».
La concesión minera otorgada a la empresa china, cuyo representante es Xiangming Gu, tiene una vigencia de 25 años contados a partir de la publicación del acuerdo en La Gaceta. Asimismo indica que «el concesionario minero deberá iniciar actividades de exploración en cualquier parte del lote minero, en un plazo no mayor de cuatro años a partir del otorgamiento de la presente concesión».
A criterio de Ruiz, la entrega de esta concesión también implicó una modificación legal. En mayo, la dictadura aprobó la Ley No. 1248 o Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007 con el que eliminó el reglamento de áreas protegidas, legalizando la minería en zonas de conservación ambiental.
No obstante, el ambientalista denunció que la concesión otorgada viola la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que exige consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas en territorios titulados.
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«Esta concesión es violatoria a la Ley 445. El proceso de consulta nunca se realizó, en el caso del territorio Rama y Kriol, la ley establece que debe consultarse a las nueve comunidades a través de asambleas comunales, y eso no ocurrió. El régimen simplemente se saltó el procedimiento», aseguró Ruiz. Detalló que lo anterior, lo conocieron después de hacer consultas con liderazgos del territorio Rama y Kriol.
Alerta sobre impactos transfronterizos
El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, también alertó sobre los impactos transfronterizos que esta concesión puede generar en Costa Rica, especialmente en el sector de Las Crucitas, donde ya se registra actividad minera ilegal vinculada a rutas de comercio ilícito y a ciudadanos nicaragüenses operando a ambos lados de la frontera.
«Esta concesión que se encuentra prácticamente en la zona fronteriza, puede representar mayores niveles de impacto en Costa Rica por la dinámica de presión artesanal, porque aumenta los procesos de extracción y comercialización», señaló Ruiz.
También dijo que con la concesión se fomenta más la deforestación, contaminación y rutas ilegales. «Todo el material que se extrae de forma ilegal termina siendo procesado por las mineras industriales, que tienen la capacidad de exportarlo», subrayó.
Ante esta situación, Ruiz desde la Fundación del Río hace un llamado a los organismos internacionales, comunidades indígenas y ciudadanía a mantenerse vigilantes, denunciar estos abusos y exigir la protección de los territorios y ecosistemas en peligro.
«Ojalá que las comunidades indígenas y afrodescendientes al menos se pronuncien o demuestren el descontento social con lo que ocurre en la reserva Indio Maíz», apuntó.
