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Este 30 de julio de 2025 cerró la clínica Amocsa en Chinandega. Los trabajadores viven en vilo tras el inesperado cierre anunciado esta semana por causas que aún no están claras, según los mismos trabajadores.
«Lunes llegó supervisión, martes cerraron quirófanos, hoy ya Amocsa. Trabajadores no saben su destino. No saben si todos los pensionados irán a la Clínica San Vicente, que está ubicada en donde era el Hospital España, en Chinandega. Los empleados desconocen que, si es confiscación o no», dijo una fuente a LA PRENSA.
Hasta el momento se desconoce quiénes fueron las personas que llegaron a “supervisar” previo al anuncio del cierre.
Cierre permanente
Un letrero que se colocó en la entrada de Amocsa en la ciudad de Corinto comunicaba el cierre permanente, explicando que dicha decisión era debido a un “ordenamiento administrativo”.
Añadía que las atenciones médicas se trasladarían a la sede del departamento de Chinandega. Sin embargo, dicha clínica fue la que cerraron este miércoles. Antes había cerrado la sucursal de Chichigalpa.

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Se estima que este cierre afectará a más de 24 mil afiliados en el departamento de Chinandega.
Anteriormente, la sede de Amocsa en Chichigalpa cerró de manera permanente el pasado 31 de mayo y anunció que los pacientes de este local pasarían a ser atendidos en la clínica del departamento de Chinandega.

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) aún no se han pronunciado oficialmente sobre la situación. Se desconoce si se permitirá que los servicios se reanuden en las mismas instalaciones, o si las clínicas serán confiscadas.
Atención en protestas
Fundada en 1994, Atención Médica Ocupacional y Clínica San Antonio (Amocsa) era la única clínica previsional en la región occidental de Nicaragua con cierto grado de autonomía frente al consorcio Sermesa, vinculado a la dictadura.
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En 2018 destacó por atender a manifestantes heridos que habían sido rechazados en hospitales públicos por órdenes del régimen.
La clausura de Amocsa se enmarca en una política sistemática de confiscaciones de propiedades privadas o semiprivadas en Nicaragua, utilizada como mecanismo de control político y económico sobre entidades que operan fuera del aparato oficial.