Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Mientras en un tribunal de Estados Unidos sigue en curso la demanda por corrupción y chantaje que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó contra su expresidente, Dante Mossi, la semana pasada la institución hizo pública la inclusión de Mossi y de su empresa Solmeca, en la Lista de Contrapartes Prohibidas (LCP) del banco. Este le impide a ambos participar en proyectos que usen recursos del BCIE o administrados por él.
En consulta realizada por LA PRENSA la oficina de relaciones públicas del BCIE confirmó que las acciones y conductas, contrarias a los principios y valores del banco, que Mossi cometió mientras ejerció la presidencia de la institución, provocaron su inclusión y la de su empresa en la LCP que elaboran para garantizar transparencia y rendición de cuentas claras del uso de los recursos de la entidad.
Mossi fue presidente del BCIE entre 2018 y 2023, periodo en que se mantuvo bajo el escrutinio internacional, entre otras cosas por su cercana relación con los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Dicha «amistad» llevó a muchos a llamarlo el banquero de los dictadores, ya que mientras organismos multilaterales y países les negaban financiamiento internacional por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que cometieron para frenar las protestas sociales, Mossi consolidó al BCIE como el principal financiador del régimen Ortega Murillo.
Lea además: Estas son las cinco exigencias legales del BCIE a Dante Mossi, tras acusarlo de extorsión y fraude
Dante Mossi se fue del BCIE a vender carros
Además de las críticas que recibió de diversos organismos y personalidades, la relación con los Ortega Murillo le impidió a Mossi reelegirse para presidir el BCIE por otros cinco años. En diciembre de 2023 le entregó el cargo a la costarricense Ana Gisela Sánchez y en los primeros meses de 2024 fundó la empresa Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca).
En abril de ese mismo año Solmeca comenzó a vender vehículos eléctricos de bajo costo (menor a los 15,000 dólares), ensamblados en China bajo la marca estadounidense Cenntro. Pero la relación de Mossi con esa empresa no empezó en ese momento, sino cuando él era presidente del BCIE. De hecho, en la demanda civil entablada en septiembre del año pasado en un tribunal de Estados Unidos, el BCIE acusa a Mossi de «usar y abusar» de los recursos del banco para cultivar esa relación.
«Mossi utilizó los recursos del banco para patrocinar una conferencia sobre vehículos eléctricos (EV) en Washington, D.C. Luego usó la conferencia para cultivar una relación con Cenntro Electric Group, una empresa de vehículos eléctricos con sede en Nueva Jersey. Poco antes de su partida, abusó de su discreción para beneficiar a Cenntro al causar que el banco comprara dos vehículos eléctricos de dicha empresa sin una justificación comercial aparente», dice parte de la demanda.
Lea además: Dante Mossi recuerda el día que Ortega y Murillo le enviaron flores mientras estaba en coma en un hospital
¿Qué implica estar en la LCP del BCIE?
Según información divulgada en el sitio web del BCIE, las «personas o entidades incluidas en la Lista de Contrapartes Prohibidas (LCP) se encuentran imposibilitadas para participar directa o indirectamente en cualquier proceso de contratación en los que se utilicen recursos propios o administrados por el BCIE».
Además, explica que la inclusión de entidades o personas en esa lista puede representar una medida temporal, para mitigar «los riesgos derivados de que un sujeto investigado por la posible comisión de una práctica prohibida realice operaciones con el BCIE», y aclara que cuando la medida es temporal no es apelable. Pero cuando se agotan los procesos de investigación y los administrativos y se impone una sanción firme, la inclusión en la LCP es por un periodo determinado y en este caso los afectados sí pueden apelar.
«Las personas naturales o jurídicas que han sido incluidas en la Lista de Contrapartes Prohibidas (LCP) se encuentran imposibilitadas para participar directa o indirectamente en cualquier proceso de contratación en el que se utilicen recursos propios o administrados por el BCIE. Es decir, no podrán ser adjudicatarios, ni podrán entablar relaciones contractuales, de negocios, laborales o similares con el BCIE; esto incluye las operaciones que se ejecuten con recursos del BCIE o fondos administrados por el banco», informó la oficina de prensa del BCIE a LA PRENSA.
Puede leer también: Eduardo Trejos, exdirector del BCIE, explica paso a paso cómo Dante Mossi, aliado de Ortega, debilitó al banco regional
La inclusión de Dante Mossi en la lista
Actualmente la Lista de Contrapartes Prohibidas (LCP) del BCIE incluye a seis empresas y ocho personas. Sólo dos, la empresa RMC La Productora, S.A. y su representante legal Christian José Bulgarelli, ambos de origen costarricense, tienen una suspensión definitiva por un periodo de siete años.
Los otros 12, entre ellos Mossi y su empresa Solmeca, ambos de origen hondureño; dos empresas y tres ciudadanos guatemaltecos; y dos empresas y tres personas salvadoreñas tienen inclusiones temporales por «presunto fraude», decisión que por estar en curso las investigaciones no pueden apelar.
En la respuesta del banco a LA PRENSA, la institución explicó que igual que otros organismos multilaterales de desarrollo e instituciones similares el BCIE tiene su LCP para velar por sus principios de transparencia y rendición de cuentas, y asegurar el cumplimiento legal y normativo, la prevención de delitos y la protección de la integridad institucional.
Lista busca evitar fraude y corrupción
Además, explicó que «en concordancia con sus principios y valores reflejados particularmente en su Política Antifraude Anticorrupción y otras Prácticas Prohibidas», cuando en una investigación apegada al debido proceso se determina que, conforme a lo establecido en la normativa, una persona o entidad «ha incurrido en la comisión de una práctica prohibida» deben incluirla en su Lista de Contrapartes Prohibidas que se publica.
En el caso de su expresidente Dante Mossi, el BCIE asegura que «respetando estrictamente el debido proceso identificó acciones contrarias a los principios y valores del banco, así como conductas consideradas graves y nocivas, relacionadas con el uso indebido de recursos de la institución y la tergiversación de hechos con el propósito de obtener beneficios».
Esto provocó la inclusión temporal de Mossi en la Lista de Contrapartes Prohibidas, y si al término de la investigación se confirman estas acciones, impondrán la sanción definitiva que es la inclusión en la lista por un periodo determinado.
