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Las alcaldías controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —partido de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo— en Matagalpa, Rosita y Bluefields figuran entre las primeras en utilizar fondos municipales para financiar la compra de víveres, combustible y transporte para actividades relacionadas con los llamados «policías voluntarios», según documentación oficial revisada por LA PRENSA en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).
Los informes de ejecución presupuestaria disponibles detallan contrataciones para la «adquisición de víveres para capacitación de policías voluntarios», así como «contratación de buses para traslado» y «compra de combustible» para movilizar al personal y al ejército de paramilitares juramentados por el régimen desde enero de este año.
En total, las tres municipalidades destinaron más de 132,000 córdobas (equivalente a unos 3,587 dólares) en concepto de apoyo logístico a estas fuerzas represivas, instauradas desde 2018 para reprimir protestas ciudadanas y ahora revestidas de legalidad mediante una reforma constitucional.
Desde el 15 de enero de 2025, el régimen Ortega Murillo intensificó la juramentación masiva de los llamados policías voluntarios. Según cifras divulgadas por el oficialismo —difícilmente verificables— se habrían juramentado ya alrededor de 76,000 personas. Sólo el 26 de febrero Managua fue escenario de la supuesta incorporación de 30,000 nuevos miembros, en un acto cargado de propaganda oficialista.
Esta estructura ha sido legalizada mediante una reforma constitucional que entró en vigor en febrero, la cual en su artículo 92 establece: «Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria».
Rosita: más de 107 mil córdobas
La Alcaldía de Rosita, en el Caribe Norte, fue la que más recursos comprometió: un total de 107,854 córdobas. Sólo en víveres destinó 17,134 córdobas, mediante una compra menor firmada por la alcaldesa orteguista Agueda Ivania Colindres Pizarro y adjudicada a Suyen Milin Herrera Coen.
El gasto fue justificado como parte del apoyo a la juramentación de los paramilitares en Siuna, realizada el 16 y 17 de febrero. Dicho procedimiento se hizo mediante compra por cotización menor.
También el mismo gobierno municipal contrató transporte terrestre por 80,000 córdobas, otorgado a Mauricio Flores Valdivia, y combustible diésel por 10,720 córdobas, adjudicado a Nery Amílcar Cruz Blandón, para movilizar al personal que participó en el evento.
Ambos procedimientos se hicieron mediante la figura de compra por cotización menor. En total la comuna gastó 107,854 córdobas.
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El 17 de febrero, el director de la Policía y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz Madriz, viajó hasta Siuna para celebrar la juramentación de 4,000 paramilitares: 1,640 mujeres y 2,360 varones en la plaza Comandante Carlos Fonseca Amador en ese municipio.
De acuerdo con medios oficialistas, los llamados policías voluntarios Comandante Julio Buitrago Urroz provienen de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita.
Bluefields y Matagalpa también aportaron
La Alcaldía de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) también incurrió en este tipo de gasto. El contrato se hizo a inicios de marzo pasado.
Según el Siscae, el gerente municipal Víctor Manuel Gutiérrez Espinoza firmó una compra menor de víveres por 5,031 córdobas, adjudicada a Petrona de la Cruz González Hernández, con el mismo destino: alimentar a los paramilitares en jornadas de capacitación.
El 20 de febrero pasado, el primer comisionado Díaz juramentó a 3,289 hombres y mujeres en la Plaza General George Hodgson, en Bluefields.
Los medios oficialistas citan que el delegado presidencial para el Caribe Sur, Johnny Hodgson, aseguró que el grupo represor es multiétnico: «Hombres y mujeres mestizos, costeños, ulwas, garífunas, miskitos, ramas y afrodescendientes».
Por su parte, en Matagalpa, el alcalde orteguista Sadrach Zeledón autorizó la contratación de tres buses grandes por un total de 22,500 córdobas, para trasladar a los paramilitares a Jinotega el 14 de febrero para su juramentación.
La contratación fue firmada por Linda Belén Márquez García y adjudicada a la empresa Transporte Juan Carlos. El 14 de febrero, en Jinotega fueron juramentados 4,100 policías voluntarios, 1,141 mujeres y 2,959 varones por el director de la Policía.
Matagalpa cuenta con 7,000 policías voluntarios, 2,484 mujeres y 4,516 hombres que fueron juramentados el 12 de febrero en el Complejo Deportivo Ernesto Cabrera de esa ciudad.
A pesar de que sólo estas tres alcaldías han destinado fondos municipales para actividades en torno a la juramentación de la Policía voluntaria en sus municipios, este Diario reportó a inicios de abril que la dictadura habría prometido un bono de mil córdobas mensuales y paquetes alimenticios a los policías voluntarios que estaban desempleados, una promesa que fue incumplida, según denunciaron trabajadores del sector público.
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«Primero les dijeron que mil pesos les iban a dar a los que no tuvieran trabajo, después de dos semanas les llegaron con el cuento de que serían paquetes de alimentos, de esos que les dan a los viejitos o discapacitados, pero hasta ahora ni uno ni lo otro», indicó uno de los trabajadores públicos consultados.
«No es función de las alcaldías»
Especialistas en temas municipales y en seguridad nacional consultados por LA PRENSA advirtieron que estas prácticas violan el espíritu de la Ley de Municipios (Ley 40), que establece que los fondos públicos deben destinarse a obras y servicios de beneficio comunitario, no al financiamiento de estructuras represivas. Asimismo afirman que pese a que sólo tres han reportado en el Siscae, no duda que otros gobiernos municipales hayan gastado fondos públicos.
«No es función de las alcaldías financiar estructuras policiales, y menos aún cuerpos voluntarios que no están sometidos a control ciudadano ni rinden cuentas públicamente», señaló la fuente experta en temas de municipalidad, que pidió el anonimato por temor a represalias.
LA PRENSA ha documentado en años anteriores cómo los gobiernos locales han sido instrumentalizados por el régimen para movilizar a simpatizantes sandinistas en actos políticos, y ahora también para reforzar las operaciones represivas de la Policía.
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Los más de 76 mil policías voluntarios superan los efectivos que conforman la Policía Nacional. Hasta 2021, último año con datos oficiales en los anuarios estadísticos de la Policía, la institución contaba con 17,349 efectivos. Sin embargo, en el Presupuesto General de la República de 2024 se proyectaron 17,303 plazas para ese año y 17,299 para 2025.
El experto en temas de seguridad, bajo la condición de anonimato, dijo que los actos de juramentación ejecutados por la dictadura los hizo con el fin de «dar imagen de fuerza y aterrorizar a la gente. Una parte de la gente encapuchada son efectivamente paramilitares, pero la mayoría en realidad son empleados públicos que fueron bajo amenaza».
