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A un mes desde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó la juramentación de unos 80 mil paramilitares, a los que llama “policías voluntarios”, las promesas de “bonos” y “paquetes alimenticios” que hizo quienes estaban desempleados siguen sin cumplirse.
Trabajadores del sector público, que fueron obligados a juramentarse como paramilitares en febrero pasado, explicaron a LA PRENSA que los políticos de sus sectores primeramente prometieron a los desempleados bonos de mil córdobas mensuales, como una “ayuda” mientras lograban conseguir un empleo.
“Primero les dijeron que mil pesos les iban a dar a los que no tuvieran trabajo, después de dos semanas les llegaron con el cuento de que serían paquetes de alimentos, de esos que les dan a los viejitos o discapacitados, pero hasta ahora ni uno ni lo otro”, indicó uno de los trabajadores públicos consultados.
Silencio sobre bonos o paquetes para los paramilitares
La vocera del Frente Sandinista y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien en febrero se encargó de ensalzar las juramentaciones de los grupos de paramilitares o “policías voluntarios”, hasta la fecha no se ha referido públicamente a los bonos en efectivo o paquetes alimenticios que los políticos de barrios o de los diferentes municipios están prometiendo.
Otro colaborador público, juramentado como paramilitar del orteguismo, explicó que cuando se les prometió el bono a los desempleados ni siquiera se les dio fecha para entregas, y lo mismo ha ocurrido desde que les indicaron que sería una “provisión” o paquete alimenticio.
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“No se les dijo cuándo, pero eso fue hace un mes y nada que les dan nada. Ni la Chayo (Rosario) ha dicho nada así que la gente cree que son mentiras que usaron para que la gente que no tenía trabajo fuera a juramentarse”, apuntó.
Los grupos de paramilitares, que fueron juramentados por la Policía Nacional, controlada por la dictadura sandinista, en su mayoría son trabajadores públicos que fueron obligados a engrosar las filas de los encapuchados. Algunos —confirmaron los colaboradores consultados por LA PRENSA—, previo a esas juramentaciones, recibieron entrenamiento militar.
El régimen sandinista desde 2018 ha utilizado a grupos de encapuchados, coordinados con la Policía, para reprimir las protestas sociales en el país. Organizaciones internacionales, incluidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oanudh), han denunciado que en el país se han cometido graves violaciones a derechos humanos, que han incluido masivas detenciones, personas asesinadas y heridas en el contexto de las protestas, exilio forzado y asedio policial.
