La Doctrina Almagro

La Doctrina Almagro se construyó sobre la base del derecho internacional, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta fundacional de la OEA, pero no se quedó en el plano normativo ya que fue una doctrina de acción, de consecuencias y de incomodidad para los autoritarios. Desde su cargo, Almagro fue el primer secretario general en llamar dictaduras a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, rompiendo con décadas de ambigüedad diplomática y de eufemismos que disfrazaban la represión con el lenguaje de la soberanía.

En el caso de Nicaragua, su actuación fue particularmente firme y sostenida. Desde las protestas de abril de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega respondió con una represión brutal que dejó cientos de muertos, miles de presos políticos y decenas de miles de exiliados, Almagro no sólo denunció con claridad los crímenes cometidos, sino que convirtió a la OEA en uno de los pocos espacios internacionales donde la sociedad civil nicaragüense encontró eco, respaldo y visibilidad. Bajo su liderazgo, el Consejo Permanente aprobó múltiples resoluciones condenando la represión, exigiendo elecciones libres y denunciando la ruptura del orden constitucional y en un claro espaldarazo a la lucha democrática nicaragüense, apoyó la creación de mecanismos especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Meseni y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentaron con rigor jurídico los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

Almagro también facilitó que la crisis nicaragüense se mantuviera en la agenda regional e internacional, promoviendo espacios para que activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes opositores pudieran hablar ante la Asamblea General, el Consejo Permanente y las cumbres de las Américas. Su respaldo fue tan contundente que el régimen de Ortega, incapaz de soportar la presión, denunció la Carta de la OEA en abril de 2022 y expulsó a la organización del país, un hecho sin precedentes que evidenció el impacto real de la Doctrina Almagro.

Pero su compromiso no se limitó a Nicaragua. En Venezuela, denunció el fraude electoral, respaldó a la Asamblea Nacional legítima, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y promovió informes que documentaron crímenes de lesa humanidad, lo que permitió remitir el caso a la Corte Penal Internacional. En Cuba fue vetado por intentar recibir el Premio Oswaldo Payá en La Habana, convirtiéndose en objetivo del aparato de inteligencia del régimen, pero reafirmando su compromiso con la libertad del pueblo cubano. En Bolivia denunció el fraude electoral de Evo Morales en 2019 y respaldó el proceso de transición democrática. En Ecuador apoyó la salida del socialismo del siglo XXI y la consolidación de una transición democrática. Incluso en el plano global fue el primer líder internacional en calificar la invasión rusa a Ucrania como un crimen de agresión, logrando que la OEA suspendiera a Rusia como observador.

A pesar de estos logros, Almagro fue objeto de duras críticas, lo han tildado de imprudente, activista e incluso belicista, pero, su coherencia fue su mayor virtud. No se dejó amedrentar por el chantaje petrolero, ni por la presión de gobiernos autoritarios, ni por la comodidad del silencio, a mi juicio, su gestión fue una anomalía ética en un sistema acostumbrado a la tibieza, y su legado no es solo institucional, sino profundamente moral.

A quienes lo han criticado por haber ido “más allá” de lo que se espera de un diplomático, conviene recordar que la diplomacia no es una herramienta de complacencia, sino un canal de defensa de principios, incluso en contextos de conflicto. Aun en tiempos de guerra, los diplomáticos mantienen canales abiertos para evitar mayores daños y buscar salidas negociadas; en ese marco, el rol de un secretario general de la OEA no es el de un actor neutral ante violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino el de un facilitador del diálogo, un defensor del orden democrático y un garante de los compromisos asumidos por los Estados miembros.

Luis Almagro no rompió con la diplomacia, sino que la ejerció con un sentido de urgencia y responsabilidad frente a regímenes autoritarios que habían cruzado todas las líneas rojas. Su estilo fue más directo, su lenguaje menos complaciente, y su disposición a actuar más decidida que la de sus antecesores.

Basta recordar que durante la gestión de José Miguel Insulza (2005–2015), la OEA guardó un silencio casi absoluto frente al deterioro democrático en Nicaragua, incluso cuando ya eran evidentes los abusos del régimen de Ortega. Almagro, en cambio, no sólo denunció, sino que actuó. Y sería deseable que quienes hoy lo critican con tanta severidad, mantengan ese mismo nivel de exigencia con el nuevo secretario general, el surinamés Albert Ramdin, quien ha sido elegido por aclamación para el período 2025-2030 y cuya postura inicial ha sido apostar por el “diálogo” con regímenes como el de Nicolás Maduro, sin pronunciarse con claridad sobre la situación en Nicaragua 

La Doctrina Almagro en sus 10 años no derrocó dictaduras, pero las desnudó. No liberó países, pero liberó conciencias. Almagro siempre recordaba que la diplomacia no debe ser cómplice del crimen, que la neutralidad frente a la injusticia es inmoral, y que la defensa de la democracia exige coraje, incluso cuando se está solo. Fue la voz que no calla en tiempos de autoritarismos globales donde la verdad es peligrosa y la libertad es un privilegio, y eso, en sí mismo, es un triunfo que hay que reconocer.

El autor es ingeniero, con estudio en Derecho, máster en Resolución de Conflictos y Paz y director del Instituto para la Paz y el Desarrollo (Ipades).