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La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea una nueva medida contra solicitantes de asilo en Estados Unidos, según una publicación del medio CBS News que cita bajo anonimato a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La información señala que suspenderá indefinidamente la entrega de permisos de trabajo a quienes tengan pendiente una solicitud de asilo.
Según las fuentes de CBS, la medida formulada por funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) eliminará la posibilidad de que los solicitantes de asilo que esperan resolución de sus casos obtengan un permiso de trabajo luego de 150 días.
Con la medida, los solicitantes sólo podrían optar al permiso de trabajo si su caso es resuelto por completo en un plazo promedio de 180 días —algo prácticamente inalcanzable en la actualidad— y aun así, tendrían que esperar un año para calificar.
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Uscis asegura que todas las opciones son posibles
El impacto sería enorme, puesto que sólo en Uscis hay alrededor de 1.5 millones de solicitudes pendientes. En los tribunales migratorios que dependen del Departamento de Justicia, la cifra supera los 2 millones. El año pasado un informe gubernamental reveló que más del 77 por ciento de los casos en Uscis llevaban más de seis meses sin resolución. Casi 40 por ciento seguían abiertos después de dos años.
El DHS, que supervisa al Uscis, se negó a confirmar la propuesta y a comentar los detalles del proceso. En una breve declaración a CBS se limitó a decir que está evaluando “todas las opciones posibles para proteger la seguridad nacional y aumentar la integridad del programa de asilo”.
CBS señaló que el objetivo, según la administración Trump, es eliminar lo que consideran un “imán” para migrantes que a criterio de su administración, abusan del sistema de asilo para conseguir trabajo en EE. UU.
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Trump avanza en sus promesas de campaña
Desde su regreso al poder en enero de este año, Trump reactivó su política de endurecimiento migratorio. Uno de sus primeros decretos prácticamente cerró el sistema de asilo, al permitir a los agentes fronterizos expulsar a la mayoría de migrantes alegando que el país está en “invasión”. Esa orden ya está siendo impugnada por organizaciones pro inmigrantes.
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Si se concreta la propuesta significaría otro golpe más a quienes huyen de la violencia, la persecución y la pobreza, y que encuentran en el asilo no sólo una vía de protección legal, sino una forma digna de reconstruir sus vidas.
