La aprobación de la nueva Ley de Carrera Judicial por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 13 de mayo, representa un paso más hacia la extinción de las garantías constitucionales y, al mismo tiempo, socava el libre acceso a la justicia para los nicaragüenses, según señalaron abogados consultados por este medio.
Esta nueva legislación va de la mano con la recién reformada Constitución, que establece que la Presidencia —ejercida por “dos copresidentes”— controla los demás poderes del Estado, ahora degradados a simples “órganos”.
Un especialista, que solicitó el anonimato, advirtió que la imposición de esta ley debería generar preocupación en toda la ciudadanía, ya que compromete el acceso a la justicia tanto en asuntos cotidianos como en casos de interés nacional.
«La justicia no es sólo para los políticos. Cada día, miles de personas necesitan que un juez resuelva un divorcio, una herencia, un conflicto laboral o un problema de tierras. Cuando los jueces no son libres de decidir con independencia, todos los ciudadanos pierden la posibilidad de una justicia imparcial», señaló el abogado.
Plenario de la Asamblea Nacional. Foto: Presidencia.
El control presidencial institucionaliza la discrecionalidad
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial pasó a estar bajo el control de la Presidencia de la República —en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo— tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial de Nicaragua en marzo pasado. Anteriormente, el Consejo estaba conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el vicepresidente y dos magistrados que no integraban otras salas.
Según el especialista, esta modificación perjudica directamente a quienes acuden al sistema de justicia, ya que los jueces pueden estar sujetos a presiones directas del Ejecutivo.
«Con esta ley, ese juez sabe que su permanencia en el cargo, su ascenso o incluso su estabilidad laboral dependen de su obediencia a un órgano controlado por el mismo Gobierno al que está juzgando. La independencia desaparece y el miedo entra en escena. Ya no se elige al mejor: se elige al más leal», añadió.
También ejemplificó cómo esta falta de independencia podría afectar a distintos sectores: «Un campesino enfrentado con un funcionario corrupto, una mujer reclamando pensión de alimentos o un empresario afectado por una medida ilegal del Estado, pueden encontrarse frente a un juez que ya no tiene libertad para proteger sus derechos».
Anteriormente la ley establecía concursos públicos para ingresar a la carrera judicial, valorando méritos, formación académica, experiencia y conocimientos jurídicos. Con la reforma, el ingreso queda en manos del Consejo, que puede nombrar a discreción, sin necesidad de justificación ni de realizar exámenes, entrevistas públicas o procesos transparentes.
«Esto abre la puerta al clientelismo político: los cargos pueden asignarse como favores, y no por capacidad. Como si en lugar de contratar al mejor cirujano para operarte, el hospital eligiera al amigo del director», explicó el especialista.
Además, el procedimiento para ascensos carece de claridad. Aunque la ley menciona evaluaciones, estas están a cargo del Consejo, que responde directamente a la Presidencia.
«El poder judicial debería ser un árbitro imparcial entre los ciudadanos y el poder. Pero con la Ley 1250, ese árbitro ha sido reemplazado por un jugador más del equipo de Gobierno», puntualizó.
El 19 de febrero entró en vigor la nueva Constitución sandinista impuesta por el régimen. Aunque fue presentada como una reforma parcial, modifica más de 100 artículos, transforma la estructura del Estado, elimina el equilibrio entre poderes y concentra el control absoluto en manos de Ortega y Murillo.
El representante adjunto de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Andrés Sánchez Thorin, advirtió que uno de los cambios más preocupantes es la eliminación de los artículos 33 y 34, que garantizaban principios fundamentales del debido proceso.
“La eliminación de estas garantías fundamentales del debido proceso es motivo de profunda preocupación, especialmente en un contexto donde nuestra oficina sigue documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones a los principios del debido proceso”, expresó Sánchez durante el evento Nicaragua: nueva arquitectura constitucional, legislación represiva y su impacto para los derechos humanos, celebrado en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
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