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Dos años y una semana han pasado desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, como castigo a la labor humanitaria sin sesgo político que implementó durante las protestas de 2018, atendiendo a las personas heridas en las manifestaciones reprimidas por el orteguismo. Sobre la Cruz Roja, el régimen montó su Cruz Blanca, una institución politizada al servicio del Frente Sandinista.
El 10 de mayo de 2023, la Asamblea Nacional —controlada por los dictadores de Nicaragua— aprobó la derogación del Decreto Legislativo 357 de 1958, que creó a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, la cual funcionaba como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
La Cruz Roja Nicaragüense fue señalada por la dictadura de “atentar contra la paz y estabilidad de la nación» y de presuntamente no haber presentado su estado financiero y fallar en la verificación de la identidad de sus donantes.
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El 1 de junio, en seguimiento a la cancelación, el sandinismo aprobó la creación de la Cruz Roja Nicaragüense, pero esta vez «como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud». Además, ordenó el robo de todos los bienes de la antigua Asociación Cruz Roja Nicaragüense y, al no poder quedarse con el nombre, tuvo que renombrarla como “Cruz Blanca”.
Politización de la asistencia humanitaria
La función de la Cruz Blanca, aunque opera con los recursos de la antigua Cruz Roja Nicaragüense, ha sido deformada por el orteguismo. En los últimos meses, a los socorristas se les ha visto un cambio rotundo en su actuar, desde aparecer en cada foto divulgada por medios oficialistas con gestos que hacen referencia al número dos del Frente Sandinista, hasta portar la bandera del partido de la dictadura orteguista.
En enero pasado, la dictadura sandinista utilizó a esa institución para justificar el robo de una de las propiedades del empresario y periodista Henry Briceño, quien fue despojado de cuatro propiedades en San Rafael del Sur, luego de ser detenido y desterrado a Costa Rica junto con su familia, en noviembre de 2024.
El orteguismo inauguró la filial de la Cruz Blanca en San Rafael del Sur en una de las cuatro propiedades arrebatadas por la fuerza de las armas a Briceño, valorada, según la víctima del despojo, en unos 128,000 dólares.
El inmueble al momento de la toma policial, según la denuncia de Briceño a inicios de este año, se encontraba «alquilada a una persona muy seria de la zona y la sacaron a punta de fusil, era un inquilino y lo desalojaron. Llegaron varias patrullas y le notificaron que la casa estaba confiscada y le exigieron que la desocupara de inmediato, lo sacaron con una criatura recién nacida”.
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Salvador Marenco, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, en entrevista con LA PRENSA apuntó que la Cruz Blanca creada por el régimen sandinista “no garantiza ningún tipo de independencia en la labor de sus funciones” y “lo que se puede ver en las fotos que difunden medios oficialistas es una politización total” de esa institución, al igual que ocurre con otras instituciones públicas de Nicaragua.
Deforman labor humanitaria
Marenco señaló que en Nicaragua “el derecho a la salud, que antes también era apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su labor humanitaria, ha quedado derogado tácitamente desde hace varios años, cuando se ha negado la salud a las personas presas políticas, a las personas excarceladas y a opositores. Se les ha negado una atención en perjuicio de su dignidad humana”.
Además, refirió que como organización “condenamos el cierre del Comité Internacional de la Cruz Roja a casi dos años de su cancelación y confiscación de este”.
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“En Nicaragua, la cancelación del Comité Internacional de la Cruz Roja sólo refleja una política extremista en la cual, básicamente, el régimen pide lealtad ciega a todas las organizaciones, instituciones y personas que se encuentran en el país, so pena de ser cancelados, despojados de su nacionalidad, encarcelados, cerradas arbitrariamente o confiscados todos sus bienes”, denunció.
Destacó que la labor de la Cruz Roja Nicaragüense, que el régimen canceló y mandó a deformar con su Cruz Blanca, durante muchos años fue de acompañamiento y asistencia “a distintas víctimas, personas que han atravesado conflictos y situaciones de emergencias humanitarias” y también, en los últimos seis años de crisis sociopolítica en Nicaragua, “atendió heridos producto de la represión estatal durante 2018 y 2019; y a las personas presas políticas cuando asesinaron a don Eddy Montes en mayo de 2019″.
“El papel que han jugado es humanitario, de atención a las personas vulnerables y a las personas heridas. Pero, en Nicaragua lo que se ha hecho incluso es politizar la labor humanitaria. En Nicaragua no queda ningún derecho, ninguna visión o misión fuera de la politización del Estado del régimen. El derecho a la educación, a la salud, han sido derechos secuestrados y politizados por el régimen. No existe un derecho a la salud fuera de una subordinación y de un agradecimiento incondicional a la pareja dictatorial”, concluyó.
