La dictadura de Daniel Ortega podrá robarse todos los bienes y financiamiento que pertenecían a la cancelada Asociación Cruz Roja Nicaragüense, estén o no registrados legalmente como de su propiedad.
Así quedó establecido en la Ley orgánica de la Cruz Roja Nicaragüense, aprobada este 1 de junio por la Asamblea Nacional de Nicaragua, institución bajo el control de la dictadura orteguista.
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El pasado 10 de mayo, los diputados sandinistas aprobaron una Ley que derogó la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, la cual funcionaba como miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. A la vez, se creó la Cruz Roja Nicaragüense “como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud”, lo que significa que pasó a funcionar como otra institución pública que responde a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el dictador Ortega.
Le donaron “un terreno muy bonito”
Durante la aprobación de la Ley orgánica este jueves, el diputado sandinista de Nueva Segovia, Melvin Martín Agurcia Perrot, acusó a la anterior Cruz Roja de no inscribir los terrenos y propiedades que le habían donado, mencionando un hotel en Estelí, unos terrenos en Jalapa y un “terreno muy bonito” en el sector de El Crucero de Managua.
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El diputado Agurcia también dijo que en 2018 las ambulancias de la Cruz Roja “transportaban golpistas”, en alusión a las personas que resultaron heridas en la represión del régimen contra las protestas civiles.
Tras la intervención de Agurcia, la directiva ordenó redactar una moción que propuso el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, que consistió en incluir en el Artículo 14 sobre el Patrimonio de la Cruz Roja:
El patrimonio de la Cruz Roja estará constituido por:
1. Los bienes muebles e inmuebles y recursos financieros registrados o no, que hayan pertenecido a la extinta Cruz Roja Nicaragüense. Y otros cinco puntos más.
No querían cuestionamientos
En el momento de la aprobación de la moción, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Léster Flores, pidió la palabra para expresar un “duda” sobre ese tema, pero en ese momento se escuchó una discusión entre el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, y la diputada del PLC, Eneyda Jerónima Escoto Mairena. Con su habitual prepotencia, Castro decía: “No, no, cuando se hizo el inventario aparecieron”, mientras la diputada Escoto contestaba: “Bueno, pero él tiene derecho a hablar”.
El diputado del PLC manifestó que incluir bienes no registrados podría significar que un bien privado pueda ser tomado como perteneciente a la Cruz Roja.
“Ideay, puede ser que yo era voluntario y dejé el carro metido ahí, pero como no está registrado entonces pasa a ser parte de la (Cruz Roja). Lo que es de dominio es lo que está registrado”, dijo el diputado Flores.
El presidente de la Asamblea Nacional, el también sandinista Gustavo Porras, cerró el debate diciendo que “si hay un bien perteneciente a la Cruz Roja donde está funcionando un filial, que fue entregada, fue otorgada, pero la Cruz Roja no la registró y todo mundo sabe que está funcionando, pues pertenece a la Cruz Roja”.
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Para los críticos, la anulación de la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense es una represalia de la dictadura orteguista contra las filiales que se negaron a participar en la represión contra las protestas civiles de 2018.
Al igual que ha ocurrido tras la cancelación de cientos de organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), la dictadura confiscó todo el patrimonio, bienes y acciones de la Asociación Cruz Roja, que pasaron a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa).