La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, anuló este miércoles 10 de mayo la ley que creó la Cruz Roja Nicaragüense como una asociación, en represalia a las filiales que se negaron a participar en la represión contra las protestas civiles de 2018.
Asimismo aprobaron la creación de la Cruz Roja Nicaragüense “como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud”, es decir que ahora la Cruz Roja estará en manos del Minsa.
También se aprobó la confiscación de los bienes de la Cruz Roja, que ahora pasarán a manos del Estado.
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La Cruz Roja Nicaragüense es una institución humanitaria sin fines de lucro y miembro del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Su misión, de acuerdo con su sitio web, es “contribuir a proteger y mejorar la calidad de vida, la salud, la dignidad humana y a la reducción de la vulnerabilidad de las personas, sin distingos de raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social o afiliación política. Se esfuerza además, en la búsqueda y fomento de la paz y el estricto respeto a los derechos de las personas”.
Derogación aprobada por unanimidad
La Ley de Derogación del Decreto Legislativo 357 de 1958 y Creación de la Cruz Roja Nicaragüense se aprobó con los 91 votos totales de los diputados que conforman la Asamblea Nacional.
Al igual que ha ocurrido tras la cancelación de cientos de organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), la dictatura confiscará todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja, “que pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud, Minsa”.
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La Exposición de motivos de la ley argumenta que “en los actos acontecidos en el año 2018, que atentaron contra la paz y la estabilidad de la nación”, algunas filiales de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense actuaron en contra de sus propios principios (humanidad, imparcialidad, neutralidad) y en contra de su Acta Constitutiva y Estatutos. “La Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”.
La vocera y cogobernante de la dictadura de Ortega, Rosario Murillo, también dijo en su comunicación de este miércoles que la CRN “incumplió con su razón de ser” tras los “incidentes violatorios de su naturaleza al rededor de los acontecimientos de 2018”.
“Así que hoy tenemos a la CRN como entidad adscrita al Minsa y continuará cumpliendo con el marco jurídico internacional a parte de todas sus obligaciones y deberes nacionales”, dijo Murillo en su comunicación habitual del mediodía a través de los medios oficialistas.
¿Qué pasó en 2018?
Las protestas civiles de 2018 contra la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron reprimidas por la Policía y civiles armados, pero también se usó todo el aparato estatal para afectar a los protestantes, entre esto, se negó la atención médica a los manifestantes heridos en los hospitales públicos; y algunas de las ambulacias de la Cruz Roja fueron usadas para esconder paramilitares afines a la dictadura, que atacaban a los protestantes.
Las filiales de la Cruz Roja que se negaron a participar en la represión y que advirtieron a la ciudadanía que algunas estaban siendo usadas por los armados, son las que están siendo afectadas con la derogación de la Ley. También médicos y estudiantes de medicina que siguieron atendiendo a los protestantes heridos, fueron despedidos y los estudiantes perseguidos, muchos de ellos se encuentran en el exilio.
Más de 300 personas murieron en 2018 por la represión contra las protestas civiles, según un informe de la Comisión Interamericana de Dereschos Humanos (CIDH).
Es represalia
El investigador Amaru Ruiz, quien ha recopilado los cierres de organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), manifestó que desde 2018 el régimen orteguista había intentado de diferentes maneras hacerse del control de la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, y como no pudo, entonces está legalizando la expropiación de los bienes de esta organización.
“Yo lo veo como una represalia por el trabajo que hizo en el contexto de abril de 2018, que de alguna manera guardó su neutralidad, su labor humanitaria y solidaria con los heridos y apoyaron a las víctimas de la violencia que generó el régimen Ortega Murillo. Yo creo que es una pasada de cuenta y un interés en los bienes y proyectos de la asociación”, valoró Ruiz.