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Los cambios que prepara el régimen Ortega-Murillo a las legislaciones “Estatutos de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, Ley 28, y la “Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”, Ley 445, darán “la estocada final a la autonomía”, advierten líderes miskitos y mayangnas, defensores de derechos humanos y organizaciones indígenas.
La Asociación para el Desarrollo Indígena y Social (ADIS), a través de una alerta que divulgó en sus redes sociales, apuntó que las reformas que promueve el régimen sandinista, a través del Gobierno Regional, “atentan contra la autonomía indígena” y buscan “centralizar el poder en la Costa Caribe”.
Los dictadores de Nicaragua, aunque no han oficializado su interés de reformar dichas legislaciones, a través de medios oficialistas comenzaron a divulgar información sobre reuniones que están sosteniendo coordinadores del “Gobierno, presidentes de los Consejos Regionales y secretarios políticos” para una supuesta “actualización” de dichas leyes.
En las publicaciones se argumenta que estos cambios buscan “la consolidación del modelo autonómico costeño” y la “participación activa de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas en los procesos de toma de decisiones, garantizando el respeto y ejercicio pleno de sus derechos históricos, culturales y territoriales”.
Reducirán representaciones de gobiernos territoriales
ADIS explicó que parte de las reformas, disfrazadas de “actualización”, que ha propuesto el Gobierno Regional del Caribe y los secretarios políticos del régimen sandinista, tienen el “objetivo de concentrar el poder de decisión”, ya que contemplan “eliminar los actuales 23 Gobiernos Territoriales Indígenas” y reducirlos a “solo cuatro direcciones territoriales únicas, una por cada pueblo: Miskitu, Mayangna, Rama y Kriol”.
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“Esto significaría que ya no habría consensos territoriales como se ha venido realizando, sino órdenes directas desde un único liderazgo por pueblo, debilitando los espacios de toma de decisiones comunitarias y el espíritu colectivo de la Autonomía”, denunció la organización indígena en su alerta.
Los detalles de los cambios que hasta ahora se conoce cocina el régimen sandinista, en complicidad con los gobiernos regionales, según ADIS, se plantearon en la reunión que los Gobiernos Regionales del Caribe Norte y Sur sostuvieron el pasado 7 de mayo.
Legalización de imposiciones partidarias
El líder mayangna Rendel Hebbert López, a través de sus redes sociales, indicó que el régimen del Frente Sandinista, con sus reformas, “pretende legalizar sus imposiciones partidarias, despojos de recursos naturales y tierras comunales, y corrupción con el fin de dar la estocada final al proceso autonómico y acabar con la resistencia de los pueblos del Caribe”.
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Asimismo, una experta en temas de derechos de pueblos indígenas de Nicaragua aseguró que, de ocurrir dichos cambios, estos “vendrían a terminar con los derechos políticos de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación de sus propias autoridades, a la administración tradicional sobre la ocupación de sus tierras y recursos naturales”.
“Habría que ver la norma, pero así como está, estarían violando los derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos establecidos en el Convenio 169”, apuntó.
También advirtió que la usurpación de las autoridades indígenas “conllevaría a poner en peligro la existencia de estos pueblos de manera cultural y hasta física, por la falta de acceso a los recursos naturales, los bienes tradicionales, la seguridad alimentaria, ya que estos pueblos dependen de sus territorios y del acceso a sus recursos naturales”.
