Mientras sigue escalando el acoso contra empresas y empresarios, a los que someten a chantajes y cobros de multas e impuestos inexistentes, algunos afectados aunque consideran que es una batalla perdida, siguen denunciando estos abusos a través del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), que durante el 2024 recibió casi 1,300 quejas. Sin embargo, el régimen no incluyó en el Informe de Liquidación del Presupuesto del año pasado el monto al que ascendieron los cobros que provocaron las querellas que resolvió el TATA.
En 2023, el TATA resolvió 1,679 quejas en las que deliberó el pago de 5,068 millones de córdobas (unos 138 millones de dólares al cambio oficial). Más del 70 por ciento de ese monto correspondió a cobros realizados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y el restante 30 por ciento a cobros hechos por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
El TATA es un ente autónomo especializado, tiene su sede en Managua y competencia en todo el territorio nacional y está facultado para conocer y resolver en última instancia administrativa los casos en materia aduanera y tributaria. Cuando sus resoluciones no favorecen a los denunciantes, estos pueden elevar la queja a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del recurso de Amparo o de lo Contencioso Administrativo.
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Esconden monto de los cobros que deliberó el TATA
Desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, que provocó la ruptura del modelo de diálogo y consenso que la dictadura Ortega Murillo mantuvo con el gran capital a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), las quejas se duplicaron, reflejando el incremento de los abusos de la DGI y la DGA. También, casi se duplicó la partida que el régimen Ortega Murillo le asigna a través del Presupuesto para garantizar su funcionamiento.
El Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República de 2024 que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, detalla que durante el 2024 el TATA recibió 1,296 causas. La cifra menor en 383 quejas en comparación con las quejas que recibió en 2023; y de las 1,296 querellas que recibieron el año pasado; 1,156 eran en materia aduanera y a través de la secretaría de actuaciones realizaron 21,314 actos procesales para tramitarlas.
«Con el objetivo de tutelar el derecho procesal de las partes, se realizaron 6,046 notificaciones entre autos, providencias y resoluciones», dice el informe. También detalla que como parte del proceso de resolución de las quejas, emitieron 1,351 resoluciones, de las cuales 1,210 fueron por causas aduaneras y 141 resoluciones por causas tributarias.
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Están pendientes 90 causas
Además, cuando concluyó el 2024 quedaron en trámite, «dentro del plazo de resolución», unas noventa causas, de las cuales setenta correspondían a problemas con las autoridades aduaneras y veinte en materia tributaria.
Esta fue la única información que incluyó el Informe de Liquidación del Presupuesto, lo que refleja que además de otros detalles obviaron incluir el monto de los cobros realizados por la DGI y la DGA que generaron estos casos. Además, en el sitio web del TATA eliminaron la ventana donde publicaban las resoluciones emitidas, por lo que es imposible determinar el monto de los cobros que generaron las quejas y menos aún si las resoluciones favorecieron a los afectados.
El año pasado se mantuvo la tendencia de que la mayor parte de los casos presentados eran contra cobros que realizó la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA). Pero cabe mencionar que a pesar de que la mayoría de las quejas son contra la DGA, tradicionalmente la mayor parte de los montos cobrados surgen de la Dirección General de Ingresos (DGI).
También creció el Presupuesto del TATA
Además, la partida destinada a través del Presupuesto General de la República del año pasado elevó la partida asignada al TATA para garantizar su funcionamiento. Según el Informe de Liquidación del Presupuesto, después de un incremento recibió un total de 39.8 millones de córdobas provenientes de las Rentas del Tesoro. De ese monto, destinó 38.1 millones al gasto corriente y 1.7 millones para gasto de capital.
El monto asignado el año pasado es más del doble con respecto a los 17.58 millones de córdobas que le asignaron en 2013 cuando comenzó sus funciones; además, casi duplica los 23 millones que recibió en 2017, es decir antes del inicio de la crisis sociopolítica que aún afecta al país y cuando atendía unos mil casos anuales.
A criterio de especialistas, este incremento va acorde con el de la cantidad de casos que recibe, aunque muchos afectados consideran que llevar sus quejas ante dicha instancia es un simple trámite que de antemano saben no frenará el abuso que denuncian, pero debe cumplirse para dejar sentado el rechazo a los abusos que siguen creciendo.
También consideran que en medio de la escalada represiva que enfrentan los empresarios no es raro que el año pasado el TATA haya recibido 383 quejas menos que en 2023, ya que «quejarse» puede implicar recibir sanciones más graves. Por tanto, no descartan que en los próximos años estas quejas sigan disminuyendo.
